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Aug 9, 2013

Congreso destituyó a magistrados sin recibir el informe de la Corte

02:05PM  

Miembros separados de la Corte no entienden en qué basaron los diputados su decisión

Sin sentencia firme y sin conocer el informe que una comisión nombrada en el
ahora exmagistrados defendieron sus tesis del porqué las declaratorias
en el programa de debate Frente a Frente, enfocándose en el proyectos de las ciudades modelos y en el de las pruebas de confianza a miembros de la Policía, ambos impulsados desde el Poder Ejecutivo que dirige el presidente Porfirio Lobo y Legislativo por Juan Orlando Hernández.

En la petición que hizo el Congreso a la Corte Suprema pidieron información del trabajo jurisdiccional de cada una de las cuatro salas; “pero no se está investigando la función administrativa que ha quedado en manos absolutamente de la presidencia de la Corte que dirige Jorge Rivera Avilés”, explicó la exmagistrada Rosalinda Cruz Sequeira.

Los oficios solicitados por el Congreso a la Corte llegaron hasta las 9:00 de la mañana al Legislativo; sin embargo, unas cinco horas antes el golpe contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional estaba consumado.

Cabe señalar que ninguno de los 97 diputados que apoyaron la destitución ni siquiera conocían el informe de la CSJ sobre la conducta de los señalados, según denuncia de los destituidos.“Se nos ha removido del cargo con unos argumentos realmente ilegales, fuera de la verdad y objetividad que debe de caracterizar a otro Poder del Estado.

Realmente lamentamos esa forma de atropellar los derechos o simplemente el cumplimiento de los preceptos constitucionales en cuanto a la independencia de los Poderes del Estado”, lamentó Cruz Sequeira.

Depuración de la Policía
El decreto temporal de depuración de la Policía que incorpora las pruebas de confianza ha sido el talón de Aquiles en el golpe practicado desde el Congreso Nacional a la Corte el miércoles pasado.La Sala Constitucional falló en contra de las pruebas de confianza por la puesta en práctica del polígrafo, prohibido en el Código Procesal Penal. “Lo que debió hacer el Congreso, a mi criterio, es hacer una depuración enmarcada dentro de la ley, respetando los derechos humanos”, expresó el exmagistrado José Antonio Gutiérrez.

No obstante, al conocer que cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional habían fallado contra las pruebas de confianza, el Congreso Nacional planificó su destitución.
“Nosotros hemos tenido una conducta de servicio limpio, por lo que quiero aclararle al pueblo hondureño que las sentencias que han sido cuestionadas en la Sala Constitucional como el decreto del 1% y las ciudades modelos no hubo unanimidad, por lo que fueron adoptadas por el Pleno, adonde por mayoría se ratificó la inconstitucionalidad de ambos.

Sobre la depuración de la Policía, ni siquiera es una sentencia firme porque no había llegado al Pleno, es más, el Congreso para evitar que fuera declarada inconstitucional se apresuró antes de que fuera decretada inconstitucional en el Pleno también.

Como ciudadanos hondureños, nosotros y nuestras familias estamos preocupados por el tema de la depuración; pero al llegar un recurso y al analizarlo debidamente encontramos una violación a las garantías constitucionales porque se suspendieron mediante uno de los decretos todo el procedimiento del debido proceso, el derecho a ser escuchado, la presunción de inocencia, derecho de audiencia y derecho a la legítima defensa de parte de estos miembros de la Policía que salieron aplazados”, argumentó Cruz Sequeira.

El enfrentamiento del Legislativo y Ejecutivo contra los magistrados de la Corte Suprema llegó al extremo de que el presidente Porfirio Lobo dijera públicamente que si no estaban a favor de la depuración policial, estaban a favor del crimen organizado.“El señor Presidente nos ha cuestionado y ha dicho que
estamos de lado del crimen organizado, situación que ha puesto en peligro nuestras vidas y también ha puesto en duda nuestra honorabilidad y rectitud en cuanto al apegamiento que hemos tenido a la ley.

El organismo encargado de emitir las leyes (Congreso Nacional) debe cuidar que las leyes sean justas y que estén enmarcadas en los convenios y principios internacionales. De no haber declarado inconstitucional este recurso, las demandas internacionales por parte de los afectados iban a venir y dañar económicamente al Estado”, afirmó la exmagistrada.

La opinión de Chinchilla

De los cinco magistrados separados de la Sala Constitucional, el que se salvó de ser destituido por el Congreso fue Óscar Chinchilla, quien emitió su voto a favor de las pruebas de confianza que se vienen practicando a los policías; sin embargo, este magistrado dejó por escrito su opinión sobre el uso del polígrafo, criterio que fue revelado por sus excompañeros en la Corte.
“En la sala hemos sido coincidentes en las pruebas de confianza.

En el voto particular del magistrado Chinchilla dice expresamente: en lo referente a las pruebas de confianza, específicamente en cuanto a la prueba del polígrafo, debo coincidir en que la práctica de las mismas vulnera derechos fundamentales consagrados por nuestra Carta Magna y tratados internacionales de derechos humanos, es así como que nadie está obligado a declarar contra sí mismo”, dijo Chinchilla en su opinión sobre el fallo.

Chinchilla logró sobrevivir al golpe gestado en el Congreso contra la Sala Constitucional, aunque igual que los otros cuatro magistrados ahora destituidos, dejó por sentado que el Código Procesal Penal hondureño especifica que todo imputado, hasta el peor de los criminales, tiene derecho a ser escuchado, a un debido proceso, a la defensa, a contar con una defensa técnica y demás.

“No estamos contra las pruebas que legalmente se puedan practicar a estos miembros de la Policía, pero dentro de un marco regulado. El Código en el artículo 101 literal 7 establece: El imputado no puede ser sometido a técnicas o métodos que alteren sus capacidades de conocimiento y compresión del alcance de sus actos o su libre voluntad, tales como maltratos, amenazas, violencia corporal o psíquica, torturas, aplicación de psicofármacos, hipnosis, polígrafo o detector de mentiras”, explicó Cruz Sequeira.


Lo correcto según los exmagistrados es que el Congreso antes de aprobar el decreto debió consultar con la Corte para conocer los elementos que se prohíben en el Código Procesal Penal. “Esto no era un fallo definitivo y nos sacan por algo que ni siquiera estaba firme.

Reitero y repito, no estaba la Sala en ninguna posición, confrontación con el tema de la depuración policial, creemos que es necesaria no solo al nivel de la Policía, sino que a nivel de
todas las instituciones. Sin embargo, cualquier acción que se tome de depuración debe ser realmente enmarcada en la ley y en la Constitución.

Todos los funcionarios públicos hemos prestado una promesa que debemos cumplir.

Ciudades modelos

Otro de los fallos de la Sala Constitucional, ratificado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, es el proyecto de las ciudades modelos que impulsaba el presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández.

Antonio Gutiérrez Navas, el ahora expresidente de la Sala Constitucional, explicó la aberración que hubiese sido aprobar este proyecto que supuestamente traería inversión extranjera a Honduras.
“Le solicitamos un informe al Congreso y nos mandaron tres, uno era la moción con una cierta cantidad de artículos que no reflejaban el contenido de la ley; otro era el documento de la moción aprobada con otra cantidad de artículos y finalmente la ley que se aprobó más o menos con 87 artículos.

Dios como que lo pone a uno en cada uno de los momentos precisos para tomar este tipo de cuestiones; tuve una percepción desde que se elaboró esa ley de que lo se estaba tocando eran los intereses vitales de Honduras”, afirmó Gutiérrez Navas.

El exmagistrado explicó por qué argumentaron que las ciudades modelos eran inconstitucionales y mencionó que se iban a desarrollar en zonas que no estuvieran pobladas y sin infraestructura.

“Al final de esta trama que se estaba planteando se enfocaron tres puntos de interés vital para el Estado de Honduras: Golfo de Fonseca, Trujillo y Cortés. Estábamos entregando los tres puertos más importantes de Honduras donde se maneja más o menos el 70% del comercio internacional.

Obviamente conociendo al detalle los intereses vitales del Estado de Honduras, ¿cómo iba a estar de acuerdo con una ley que era lesiva a los intereses soberanos?, esto implica responsabilidad.
La ley hablaba de una comisión de transparencia que por su naturaleza era ilegítima, ya que estaba integrada por nueve personas de una manera casi imperceptible”, explicó el exmagistrado.

Otro punto que llevó a fallar contra las ciudades modelos era la posibilidad de que hubiese tribunales integrados por jueces extranjeros. “Eso es una monstruosidad, el pueblo hondureño debe saber que en cuanto a lo jurisdiccional no era viable, imagínese un hondureño juzgado por jueces extranjeros en territorio de Honduras.
Esta Sala no iba a declarar tal atropello al pueblo hondureño.

No se decía cuántos extranjeros iban a ser nombrados con poderes terribles y además se despojaba al Presidente de la atribución de dirigir la política exterior de Honduras”, puntualizó.

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