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Honduras: Reformas reconocen fallo de Sala de lo Constitucional

<p>Sentencia estableció que policías no podían ser despedidos sin ser escuchados.</p>

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Las reformas de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras aprobadas el martes por el Congreso Nacional aplican conceptos del fallo que declara inconstitucional la Ley de Depuración Policial, sentencia por la que fueron separados cuatro magistrados de la Sala Constitucional.

Las modificaciones establecen que reprobar la prueba del polígrafo ya no será causal de despido inmediato para un policía, sino que se le investigará y tendrá el derecho a la defensa, aspectos que no garantizaba el decreto de depuración, uno de los motivos por los que fue declarado inconstitucional.Es decir que el Congreso reconoce implícitamente que parte del precepto declarado inconstitucional sí violaba el derecho a la defensa.

Según la reforma de la Ley Orgánica de la Policía, aprobada el martes pasado por los diputados, será motivo de despido inmediato de un policía cuando este resulte aplazado en las pruebas de confianza “con excepción de la prueba del polígrafo, cuya no aprobación faculta la iniciación de un proceso de investigación”, dice el numeral 12 del artículo 126 reformado.

Las otras pruebas de confianza que se ordenan de forma permanente en la ley policial son la psicométrica, toxicológica y socioeconómica, que si no son aprobadas por un policía, será despedido, previa celebración de una audiencia de descargo.En el decreto de depuración policial, el elemento reprobado no tenía derecho a una audiencia de descargo, sino que se le despedía inmediatamente.
En total fueron despedidos 33 policías, entre miembros de la escala básica y oficiales, que no superaron las pruebas de confianza.

Origen de la ley
La Ley Especial para la Depuración Policial, decreto 89-2012, duró seis meses, del 25 de mayo al 25 de noviembre. Esta norma estableció la separación de los reprobados en las pruebas de confianza que aplica la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial).

El artículo cuatro de esa ley temporal suspendió los artículos 14, párrafo primero, y los numerales 127, 128, 129, 130, 131 y 132 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional que se refieren a la garantía del policía de ser sometido a un proceso para defenderse y contestar los señalamientos por los que se le quiere destituir.Tres miembros de la carrera policial interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra ese decreto temporal por considerar que transgredía el derecho a la defensa.

La Sala Constitucional, mediante votación cuatro a uno, declaró ilegal esa legislación el 27 de noviembre, es decir dos días después de que venciera su vigencia.Según el considerando 11 de la sentencia, el decreto de depuración policial violó el artículo 94 de la Constitución de la República que garantiza que “a nadie se impondrá pena alguna sin ser oído y vencido en juicio...”.

Golpe técnico

El Congreso Nacional destituyó el 12 de diciembre de este año a los cuatro magistrados que votaron por la inconstitucionalidad: José Antonio Gutiérrez Navas (presidente de la sala), Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz Sequeira y José Francisco Ruiz Gaekel.Óscar Chinchilla fue el único que no fue separado porque votó en contra de la inconstitucionalidad, aunque en la sentencia deja constancia de que considera que el polígrafo es ilegal.

El Legislativo les achacó a los separados, fundamentalmente, dos aspectos: emitir un fallo fuera del plazo que ordena la ley y cometer acciones en contra de la política de seguridad del Estado.

La determinación del Congreso fue un desaguisado, pues a los magistrados no se les permitió aclarar las imputaciones y el informe que fue base para sus despidos se hizo a la ligera entre la noche del 11 y madrugada del 12 de diciembre.Ana Pineda, ministra de Justicia y Derechos Humanos, consideró que la destitución de los magistrados estuvo viciada porque el informe para justificar la separación se hizo a la carrera y no hubo oportunidad de que los exmagistrados presentaran sus descargos.

Diputado admite error, pero...

El diputado udeísta Sergio Castellanos admitió que cualquier ciudadano tiene el derecho de gozar de un juicio justo, con garantías para defenderse, oportunidad que no tuvieron los togados separados.“Acepto que todo el mundo tiene derecho a la defensa...”, reconoció Castellanos.Para Castellanos, la separación del poder del expresidente de Manuel Zelaya que aprobó el Congreso fue mala, pero la destitución de los magistrados fue lo correcto.

El legislador considera urgente que se apruebe la figura del juicio político y el Tribunal de Justicia Constitucional para dirimir conflictos entre poderes del Estado y el juzgamiento de altos funcionarios.Castellanos consideró que la depuración policial ha caminado “más lento que una tortuga” y que dista mucho del proceso de adecentamiento que se ha realizado en las policías de Colombia y México.

Las reformas de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras aprobadas el martes por el Congreso Nacional aplican conceptos del fallo que declara inconstitucional la Ley de Depuración Policial, sentencia por la que fueron separados cuatro magistrados de la Sala Constitucional.

Las modificaciones establecen que reprobar la prueba del polígrafo ya no será causal de despido inmediato para un policía, sino que se le investigará y tendrá el derecho a la defensa, aspectos que no garantizaba el decreto de depuración, uno de los motivos por los que fue declarado inconstitucional.Es decir que el Congreso reconoce implícitamente que parte del precepto declarado inconstitucional sí violaba el derecho a la defensa.

Según la reforma de la Ley Orgánica de la Policía, aprobada el martes pasado por los diputados, será motivo de despido inmediato de un policía cuando este resulte aplazado en las pruebas de confianza “con excepción de la prueba del polígrafo, cuya no aprobación faculta la iniciación de un proceso de investigación”, dice el numeral 12 del artículo 126 reformado.

Las otras pruebas de confianza que se ordenan de forma permanente en la ley policial son la psicométrica, toxicológica y socioeconómica, que si no son aprobadas por un policía, será despedido, previa celebración de una audiencia de descargo.En el decreto de depuración policial, el elemento reprobado no tenía derecho a una audiencia de descargo, sino que se le despedía inmediatamente.
En total fueron despedidos 33 policías, entre miembros de la escala básica y oficiales, que no superaron las pruebas de confianza.

Origen de la ley
La Ley Especial para la Depuración Policial, decreto 89-2012, duró seis meses, del 25 de mayo al 25 de noviembre. Esta norma estableció la separación de los reprobados en las pruebas de confianza que aplica la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial).

El artículo cuatro de esa ley temporal suspendió los artículos 14, párrafo primero, y los numerales 127, 128, 129, 130, 131 y 132 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional que se refieren a la garantía del policía de ser sometido a un proceso para defenderse y contestar los señalamientos por los que se le quiere destituir.Tres miembros de la carrera policial interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra ese decreto temporal por considerar que transgredía el derecho a la defensa.

La Sala Constitucional, mediante votación cuatro a uno, declaró ilegal esa legislación el 27 de noviembre, es decir dos días después de que venciera su vigencia.Según el considerando 11 de la sentencia, el decreto de depuración policial violó el artículo 94 de la Constitución de la República que garantiza que “a nadie se impondrá pena alguna sin ser oído y vencido en juicio...”.

Golpe técnico

El Congreso Nacional destituyó el 12 de diciembre de este año a los cuatro magistrados que votaron por la inconstitucionalidad: José Antonio Gutiérrez Navas (presidente de la sala), Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz Sequeira y José Francisco Ruiz Gaekel.Óscar Chinchilla fue el único que no fue separado porque votó en contra de la inconstitucionalidad, aunque en la sentencia deja constancia de que considera que el polígrafo es ilegal.

El Legislativo les achacó a los separados, fundamentalmente, dos aspectos: emitir un fallo fuera del plazo que ordena la ley y cometer acciones en contra de la política de seguridad del Estado.

La determinación del Congreso fue un desaguisado, pues a los magistrados no se les permitió aclarar las imputaciones y el informe que fue base para sus despidos se hizo a la ligera entre la noche del 11 y madrugada del 12 de diciembre.Ana Pineda, ministra de Justicia y Derechos Humanos, consideró que la destitución de los magistrados estuvo viciada porque el informe para justificar la separación se hizo a la carrera y no hubo oportunidad de que los exmagistrados presentaran sus descargos.

Diputado admite error, pero...

El diputado udeísta Sergio Castellanos admitió que cualquier ciudadano tiene el derecho de gozar de un juicio justo, con garantías para defenderse, oportunidad que no tuvieron los togados separados.“Acepto que todo el mundo tiene derecho a la defensa...”, reconoció Castellanos.Para Castellanos, la separación del poder del expresidente de Manuel Zelaya que aprobó el Congreso fue mala, pero la destitución de los magistrados fue lo correcto.

El legislador considera urgente que se apruebe la figura del juicio político y el Tribunal de Justicia Constitucional para dirimir conflictos entre poderes del Estado y el juzgamiento de altos funcionarios.Castellanos consideró que la depuración policial ha caminado “más lento que una tortuga” y que dista mucho del proceso de adecentamiento que se ha realizado en las policías de Colombia y México.

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