La Corte Suprema de Estados Unidos declaró este lunes constitucional que la policía del estado de Arizona (suroeste) pueda verificar la documentación de un sospechoso de ser inmigrante ilegal, aunque de forma provisional y en función de cómo sean aplicados esos controles.

La Corte decidió invalidar otras tres disposiciones de la ley conocida como SB 1070, aprobada por Arizona en 2010 y que provocó un agudo debate sobre las competencias en materia migratoria de los estados y del gobierno federal.

La decisión judicial respalda por el momento la cláusula de "muéstreme sus papeles", pero le restó fuerza al prohibir a los policías arrestar a personas bajo cargos menores de violación a la ley de inmigración.

El magistrado Anthony Kennedy escribió que la opinión de la corte fue unánime con relación a permitir que se realice la verificación del estatus migratorio.

En una sentencia equilibrada, el más alto tribunal del país siguió el criterio del gobierno de Barack Obama en otras tres disposiciones de esa ley contra la inmigración ilegal, que fueron declaradas inconstitucionales.

Esas disposiciones son la obligación de un inmigrante de presentar su documentación en regla, la prohibición de trabajar o buscar un trabajo si la persona es un inmigrante indocumentado o la detención sin motivo de cualquier persona sospechosa de ser clandestina.

El gobierno de Obama presentó una demanda para bloquear la ley de Arizona poco después de que fue implementada hace dos años.

Los tribunales federales se habían negado a permitir que las cuatro disposiciones clave entrarán en vigor.

Cinco estados: Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah, han adoptado variantes de la ley de Arizona.

Partes de dichas legislaciones también están suspendidas , a la espera del descenlace de este caso de la Corte Suprema.

La Corte anunció que el jueves sería el último día de fallos en este período de sesiones, lo que significa que probablemente ese día tomará la decisión en torno a la histórica reforma al sistema de salud promovida por el presidente Barack Obama.

Según cifras del gobierno de Honduras, unos 20 mil hondureños dejaron Arizona  luego de que se aprobara la Ley SB 1070.

Tras su entrada en vigencia en julio de 2010, compatriotas residentes en Miami, Dallas y Texas, se quejaron de que agentes policiales comenzaron la "caza" de ilegales, pidiendo los documentos a personas que consideraban sospechosas  de no portar identificación.

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 Phoenix. La Corte Suprema de Estados Unidos dejó sin efecto ayer las disposiciones clave de la ofensiva de Arizona contra los inmigrantes irregulares.
Sin embargo, el máximo tribunal norteamericano avaló una parte de la ley que obliga a la Policía estatal a comprobar el estatus de quienes crea que no se encuentran legalmente en EUA. La decisión judicial respaldó por el momento la cláusula de “muéstreme sus papeles”, pero incluso en este caso los jueces dijeron que la disposición puede ser objeto de demandas legales adicionales y le restaron fuerza al prohibir a los policías arrestar a personas bajo cargos menores de violación a la ley migratoria.
La decisión sobre la ley de Arizona fue tomada en momentos en que el país se encuentra en una campaña presidencial en la que el presidente Barack Obama ha estado cortejando a los votantes hispanos y su rival republicano Mitt Romney ha pasado apuros para atraer el respaldo latino.
Durante una larga campaña de elecciones primarias, Romney y los otros aspirantes republicanos a la presidencia respaldaron en su mayoría la aplicación de una línea dura para evitar ser acusados de que apoyan alguna forma de “amnistía” para los inmigrantes que carecen de permiso de residencia.
Posteriormente Romney adoptó una posición menos radical en torno al tema de la inmigración.
La decisión judicial de ayer fue unánime con relación a permitir que se realice la verificación del estatus migratorio.

La corte derogó las
siguientes cláusulas:
— Requerir que todos los inmigrantes obtengan o porten papeles que demuestren que están registrados ante las autoridades de inmigración;
— Convertir en ofensa penal estatal el que un inmigrante no autorizado busque trabajo o tenga un empleo; y
— Permitir que la Policía arreste a presuntos inmigrantes que carezcan de permiso de residencia sin contar con una orden judicial para detenerlos.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, elogió ayer el fallo del Tribunal Supremo que anuló la mayoría de las cláusulas más polémicas de la ley del estado de Arizona contra la inmigración ilegal, pero se declaró “preocupado” por el hecho de que seguirán en vigor los controles de identidad sobre cualquier sospechoso.
“Ningún estadounidense debería jamás vivir bajo sospecha solo por su aspecto. En adelante, debemos asegurarnos de que las autoridades policiales de Arizona no apliquen esta ley de forma que mine los derechos civiles de los estadounidenses”, dijo Obama.  Efe/AP