Intriga de verdad la posición que ha asumido en la crisis hondureña el gobierno de Estados Unidos de América a través de su embajador Hugo Llorens. En principio, el representante del país del norte se ha excedido en sus atribuciones al tomar un rol intervencionista que viola los mismos estatutos de la institucionalidad internacional. Un país como Honduras es soberano de tomar sus propias decisiones de acuerdo a ley.
El tropiezo de la comunidad internacional radica en que no se imaginó cuando puso el grito al cielo que la Constitución de la República de Honduras era tan clara en la determinación sobre la destitución de un presidente, como dice el propio artículo 239.
El señor Arias la calificó como un adefesio. Me pregunto cómo catalogaría Arias la forma de elección norteamericana, misma a la que me referí en uno de mis primeros artículos de esta crisis, cuando recordé la elección del presidente George W. Bush para su primer mandato.
En aquella oportunidad, Al Gore superó en votos populares al candidato Bush. Sin embargo, como el sistema de elección norteamericano se rige por la suma de los votos electorales -ojo éstos no son lo mismo que los votos populares- al final, los votos electorales del estado de Florida inclinaron la balanza a favor de Bush. Al Gore recurrió a la Corte Suprema y, eventualmente, en aras de la armonía política, declinó sus aspiraciones presidenciales. En síntesis, el país que ostenta el mejor ejercicio democrático es también falible.
Pero estoy plenamente segura que los Estados Unidos jamás hubiera delegado sus derechos intrínsecos de libertad a las presiones de la comunidad internacional, y mucho menos a otro país.
Ahora, la Embajada de Estados Unidos renueva su intervencionismo con otra edición de visas suspendidas a funcionarios y empresarios hondureños. Lástima grande que el recién inaugurado gobierno de Obama tiene los ojos fijados en otros continentes. Toda su artillería diplomática la tiene apuntando hacia el Medio Oriente, la guerra de Afganistán, la proliferación nuclear de Irán y Corea del Norte.
La obsesión de Llorens por devolver a Zelaya al poder carece de fundamentos legales, como también escasean los argumentos legales que sustenten el desconocimiento de nuestras elecciones. Su desquicio alimenta sepa Dios cuántas otras artimañas con las cuales pretende aleccionarnos en su versión del ejercicio democrático.
Llorens no representa los instintos naturales del norteamericano. Las legiones de organizaciones cristianas, de brigadas de construcción o de brigadas médicas que llenan los vuelos que arriban a nuestro país con el fin de donar sus servicios a nuestra gente, en pueblos recónditos, son el fiel testimonio de la cultura norteamericana. ¿Cómo puede ensañarse el señor embajador con nuestra gente? ¿Acaso cree este señor que la acumulación de castigos nos va a doblegar? Para nosotros, los hondureños, la travesía no tiene retorno.
Delegar nuestra institucionalidad a los poderes internacionales no es opción. Nos hemos encomendado al proceso electoral como única solución a la crisis. Me temo que los procesos de diálogo se quedarán estancados irremediablemente porque finalmente hemos llegado al tema que no tiene solución legal.
Es fácil imaginarse que la restitución de Zelaya al poder es el fin de todos los males. ¿Pero será? Imaginémonos por un instante dónde quedaría nuestra dignidad si tuviéramos que torcer nuestros principios para aliviar el dolor y ganar aceptación mundial.
En el proceso estaríamos subordinando nuestro derecho de autodeterminación a la voluntad internacional. ¿Dónde queda el prestigio de nuestros magistrados y fiscales que con profunda convicción se encomendaron a la difícil tarea de proteger nuestra institucionalidad?
Muy mal hará el señor Llorens en creer que su última avanzada de sanciones va a doblegar el espíritu de este pueblo.
Seguramente si los resultados no se dan como él pretende vendrá una ráfaga de castigos adicionales. Regresar al statu quo antes del 28 de junio no es imposibilidad, pero sí una deshonra a un pueblo que ha luchado infatigablemente por perfeccionar sus ejercicios democráticos a través de muchos años.
La comunidad internacional haría mucho bien si reconsidera su posición y decide de una vez descartar la restitución de Zelaya.
El estancamiento en las negociaciones le ofrece a Llorens, como representante del país más poderoso del mundo, la oportunidad de revisar su posición y buscar el bien general. Continuar menospreciando la causa hondureña y empecinarse en un arreglo ilegal nos conducirá inexorablemente a un estado de ingobernabilidad debido a la pérdida de credibilidad de nuestras instituciones de justicia.
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