Honduras
Un informe del Tribunal Superior de Cuentas, TSC, revela que el tráfico gris de llamadas internacionales generó a los corruptos ganancias de 204.3 millones de dólares, equivalentes a 3,896 millones de lempiras.
El informe especial No 04/2007-DASII-F, denominado Investigación Técnica Practicada al Control del Tráfico Gris en la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, Hondutel, se efectuó durante el período comprendido del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2008.
El tráfico gris se produce cuando no se registra el cruce de llamadas internacionales, las suboperadoras las hacen pasar como locales y se produce un fraude en perjuicio del Estado.
Conclusiones
El informe expone doce conclusiones de los hallazgos del equipo investigativo del TSC con ayuda de expertos internacionales.
El tráfico gris es un problema que causa un severo daño a Hondutel como consecuencia de la falta de rebalanceo de las tarifas de telefonía fija, que era una medida indispensable para que la empresa se hubiese desenvuelto mejor en un mercado abierto a la libre competencia, cita la primera conclusión.
Con el 9% del mercado
Actualmente, Hondutel ha pasado a controlar el nueve por ciento de las líneas telefónicas del país.
El 91 por ciento restante está en manos de operadores privados, que han dado un gran dinamismo al mercado local. “Sin embargo, si el problema del tráfico gris no se aborda y se sigue dilatando, es probable que se ponga en riesgo la supervivencia de Hondutel. La eventual quiebra de Hondutel no provocará daños de consideración a la economía nacional, ya que su peso relativo es pequeño hoy, pero se traducirá en la pérdida de un importante activo que el Estado aún posee y, sobre todo, en la probable necesidad de responder por algunos de los pasivos, sobre todo laborales, que pudiera ocasionar la desaparición de la empresa”, advierte el informe, el cual incluye medidas que se pueden adoptar.
Perjuicio económico
El tráfico gris ha ocasionado un perjuicio económico en contra del patrimonio de Hondutel que asciende a una cifra estimada en 204 millones 356 mil dólares, cita el informe. De acuerdo con el análisis, según el volumen de tráfico gris se estiman pérdidas por este concepto equivalentes al 20 por ciento del tráfico enviado desde Estados Unidos, que ocasionó pérdidas en contra del patrimonio de Hondutel que ascienden a 148 millones 956 mil dólares entre 2005 y 2008, tomando en cuenta que la cantidad en minutos perdidos ascendió a 887,800,000 durante ese período.
Al valorar las diferencias de tráfico que no habrían sido consignadas en las liquidaciones, sobre la base del cargo de terminación que se desprende de las liquidaciones presentadas a los carriers, se observa que los ingresos presuntamente no liquidados habrían aumentado de un millón de dólares en 2005 a 22.8 millones en 2008, ocasionando una pérdida al patrimonio de Hondutel que asciende a la cantidad de 55 millones 400 mil dólares, expresa el informe.
Por otro lado, los costos de Hondutel muestran un aumento “muy preocupante, ya que han crecido prácticamente 90% y, como consecuencia de todo lo anterior, las utilidades antes de impuesto han caído de 122.3 millones de dólares anuales en 2004 a 20.2 millones anuales en 2009, es decir, 84%”, detallan. Estos aumentos de costos están causados por incrementos en los pagos a los operadores y notable crecimiento en la dotación de personal de Hondutel.
Desaparecen L 240 millones
En su primera comparecencia ante medios de comunicación, las nuevas autoridades informaron sobre hallazgos de situaciones que lindan con actos de corrupción.
“Una de ellas es por discrepancias con los carrier internacionales, que se elevan a unos 240 millones de lempiras”, dijo Jorge Aguilar, gerente de Hondutel.
Son ocho empresas de carrier, que suscribieron contratos con el Estado, quienes para Hondutel adeudan la suma de 12.9 millones de dólares.
Estas discrepancias consisten en que los carrier aducen que pagaron deudas a Hondutel, las cuales en los registros contables de la estatal no aparecen contabilizadas a causa de diferencias en la medición de volúmenes de minutos que se generaron.
Asimismo, se detectó irregularidad en los contratos de tráfico de voz sobre IP, referidas al servicio de llamadas internacionales desde Internet.
“Eso ha representado en pérdidas para la empresa de más de 400 millones de lempiras. Eso es una situación que tiene a la empresa postrada, con muchas dificultades financieras. Por ello hacemos la denuncia. Hondutel pierde un millón de lempiras diarios. A este ritmo y si no se adoptan medidas para mayo de 2010, las finanzas de Hondutel estarán en rojo”, manifestó.
Los contratos leoninos se suscribieron en la administración de Manuel Zelaya y piden que sean investigados.
Hondutel prepara la documentación de los casos para ser llevados a los tribunales.
En vista de las irregularidades, Aguilar solicitó a los entes contralores y fiscalizadores del Estado que intervengan la estatal.
Si existen méritos, Aguilar pidió que caiga todo el peso de la ley sobre responsables y expuso que su compromiso es acabar con el tráfico irregular.
El gerente Jorge Aguilar y el subgerente Luis Irías anunciaron en la conferencia de prensa la decisión del Gobierno de hacer desaparecer del marcado las marcas del servicio de telefonía celular Tegucel, Sulacel y Ceibacel, entre otras.
“Esos nombres desaparecen porque hay una instrucción precisa del presidente Roberto Micheletti y nos quedamos con la marca de siempre, que será Hondutel Móvil”, precisó Aguilar.
Los expedientes
Las fiscalías contra la Corrupción y contra el Crimen Organizado ya manejan expedientes investigativos sobre el tráfico gris y esperan los informes de auditoría que envíe el TSC para proceder contra los ex funcionarios o actuales servidores públicos responsables, deduciéndoles ilícitos de tipo penal.
Moisés López Alvarenga, director ejecutivo del Tribunal Superior de Cuentas, TSC, dijo: “Mientras tanto no haga las investigaciones la Fiscalía, no vamos a establecer a las personas responsables”.
Las denuncias de tráfico gris han sido expuestas por organismos como la fundación Arcadia, con sede en Washington, que involucra a ex funcionarios de la gestión de Manuel Zelaya en la comisión del ilícito.

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