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Agencias de seguridad, bajo la mira del crimen organizado

<p>La cantidad de hombres que forman parte de estas agencias supera los 70,000. El Estado registra 709 compañías, de las que 307 no pagan impuestos.</p>

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La deficiencia en la estructura policial del Estado, con un cuerpo armado que apenas alcanza los 14 mil hombres y algunas mujeres, incapaces de frenar la violencia en Honduras, ha hecho que crezca con rapidez el servicio de seguridad privada.

Mediante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, LA PRENSA conoció que a marzo de 2013 hay 709 empresas de seguridad privada registradas en la Secretaría de Seguridad, de las que 402 están en el renglón con fines de lucro y el resto sin fines lucro, lo que significa que 307 de estas compañías no le están pagando impuestos al Estado.

Estas organizaciones conforman un cuerpo armado de más de 70 mil miembros, que doblan el número de policías y militares en Honduras, según análisis de expertos y un informe revelado en febrero pasado por las Naciones Unidas en el país.

Crimen organizado

El crecimiento de la seguridad privada es un fenómeno que se está dando en todas partes por el fracaso de los Estados en brindar seguridad, según el analista y asesor de la Fiscalía General, Raúl Pineda Alvarado. Lo peor no es eso, según Pineda, sino que el crimen organizado ha extendido sus tentáculos a algunas de estas compañías para encubrir armas.

“Lo primero que hace una organización criminal para cubrir sus actividades es montar una agencia de seguridad. Hace 10 años, efectivamente esta actividad estaba en manos de expolicías y exmilitares. Hoy, ya no. Hoy, las agencias de seguridad en Honduras, algunas de ellas, son propiedad del crimen organizado para encubrir las armas que acumulan y facilitar su traslado. El crimen organizado les ha caído a las agencias de seguridad y tienen sus propias compañías y no para propósitos de seguridad privada”, manifestó Pineda.

Muchos policías y militares retirados comandan agencias de seguridad privada en el país, aprovechando su entrenamiento y contactos para establecer este tipo de compañías.

Fracaso del Estado

Para este analista con amplios conocimientos en seguridad del Estado, los últimos Gobiernos en Honduras han fracasado en el área de seguridad, tanto que ya ni la mencionan en sus políticas y proyectos, lo que hace que no se enfrenten al problema como una gran realidad.

“El problema de la inseguridad es una realidad que ha hecho del crimen organizado un Estado paralelo. En algunas colonias, el servicio de cable lo cobra el crimen organizado y no el dueño, por ejemplo. El Gobierno no ejerce control territorial ni hace la efectiva recaudación de impuestos. Esto genera ingobernabilidad y son fenómenos nuevos que no están teniendo una respuesta adecuada del Estado. Siguen patrones del siglo pasado”, agregó Pineda.

Debido a tal inseguridad que viven los hondureños, se ha optado por el toque de queda autoimpuesto, según Pineda. Eso significa que cada persona se impone horarios para preservar su seguridad en casa. “Frente a estos fenómenos, que son muchos, el Estado no puede dar respuesta. Sus procedimientos, técnicas y estrategias son propios de un Gobierno de corte liberal. El policía no dará seguridad en ciertos lugares porque sabe que el Estado que representa se va a volver contra él. Entonces mejor vuelven el rostro a otro lado”.

Sin registro

El exvocero de la Policía Nacional y ahora director de Tránsito, comisionado Héctor Iván Mejía, explicó que la mayoría de agencias de seguridad privada que operan en el país no están registradas, por lo que urge una certificación del Estado para conocer quiénes están dirigiendo estas compañías.

“Es necesario certificar a las personas que integran estos grupos. Hasta este momento hay un alto porcentaje de empresas de seguridad que no se han inscrito. Con las reformas que se pretende llevar a cabo tiene que quedar implícita la infracción o sanción de tipo penal para propietarios de agencias que no las han registrado”, manifestó.

Para el comisionado, las sanciones no solo deben ser de tipo penal, sino civil, procediendo al decomiso y la expropiación de los bienes que poseen estas organizaciones, producto del trabajo ilegal que están desempeñando. “Desde el momento en que una empresa de seguridad no está certificada, inscrita en los registros oficiales del Estado, es un grupo de hombres armados que ejercen una actividad ilícita que maneja armas, actúan de manera incorrecta y allí está la comisión del delito”, afirmó Mejía.


Por tal razón, el comisionado insiste en que se incluya en las reformas que quienes ofrecen servicios de seguridad sin certificación están expuestos a ser detenidos y los propietarios a ser enjuiciados por delitos contra la seguridad del Estado.

No solo el número de hombres armados es la gran diferencia entre las agencias de seguridad privada y la Policía Nacional (70 mil y 14 mil ). El nivel educativo de los miembros de la Policía parece ser más alto que el de los guardias privados. Según el comisionado Mejía, en estas agencias contratan a personas que a veces no saben leer ni escribir o nunca han manipulado un arma de fuego.