Por la supuesta vinculación con el extravío de armas y municiones de los Cobras (Comando de Operaciones Especiales) unos doce altos oficiales de la Policía Nacional fueron suspendidos de sus cargos.

De los 18 expedientes de oficiales de Policía que han sido investigados por la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), 10 fueron remitidos el 1 de agosto al Ministerio Público y ocho se remitieron a la Secretaría de Seguridad para que se apliquen las sanciones administrativas que fueron recomendadas.

El listado de oficiales involucrados abarca a jefes de logística de la Policía Nacional y de la Unidad de los Cobras que estuvieron fungiendo en sus cargos durante y después del extravío de armas y municiones en esa unidad descubierto a finales de agosto de 2011.

Héctor Iván Mejía, vocero de la Policía Nacional, explicó que la medida impuesta a los oficiales es la suspensión del cargo, no destitución, como medida administrativa para facilitar las investigaciones.

Entre los oficiales separados para efectos de investigación hay comisionados, subcomisionados, comisarios y subcomisarios de Policía y ninguno de la escala básica de la Policía, afirmó el vocero policial.

No reveló nombres argumentando que la ley se lo prohíbe. Estos nombres se conocerán en caso de ser acusados.

Lo que se pretende es que el ente acusador pueda realizar sus indagaciones de forma más transparente y se concluya a la brevedad. También se da la oportunidad de que los oficiales puedan comparecer en el Juzgado de Letras Penal, de la capital, en el caso que la Fiscalía les presente un requerimiento fiscal.

En agosto, la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial formalizó una denuncia en el Ministerio Público contra oficiales implicados en el extravío.

El listado de oficiales investigados sigue siendo manejado en secretividad por las autoridades, tanto de la Secretaría de Seguridad como de la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial.

Las faltas

A finales de octubre de 2011, la desaparición de 300 FAL (fusiles automáticos ligeros) y 300,000 municiones calibre 5.56 milímetros, que se encontraban almacenados en las bodegas de los Cobras, inició una investigación de oficio por parte del MP (Ministerio Público), en coordinación con la Secretaría de Seguridad.

En agosto, la DIECP formalizó una denuncia en el Ministerio Público contra oficiales implicados en el extravío.

“Los 10 expedientes que remitimos el primero de agosto al Ministerio Publico son expedientes en los cuales se investigaron hechos constitutivos de delitos, en los cuales hay involucrados personal de la carrera policial”, informó Mario Chinchilla, gerente técnico la DIECP.

“Esos hechos están señalados en el Código Penal y constituyen faltas graves en el marco de la Ley Orgánica de la Policía, por tanto, aparte del procedimiento penal que puede durar para una sentencia un año, seis meses o año y medio, la parte administrativa de acuerdo a lo que dice la ley puede suspender a las personas que están siendo sometidas a un proceso penal”, agregó el funcionario.  Por eso nosotros remitimos ocho, en los cuales el director de la Policía y el secretario de Seguridad, pueden actuar administrativamente. “Esos ocho son de los que se habla en este momento”, recalcó Chinchilla.

En dichos expedientes se recomendaba tanto al director de la Policía como al ministro de Seguridad la suspensión inmediata de algunos oficiales, en  otros se determinaban plazos puntuales y otros expedientes  hasta que se tuviera sentencia penal. Al menos cuatro de los expedientes se recomendaba que se sancionara de manera distinta al despido o a la cancelación.

Se espera la resolución que emitirán para que se proceda a la suspensión de los oficiales que aparecen en el listado de faltas administrativas.