Proyecciones sobre los costos de la publicidad en las campañas electorales realizada por organismos de la sociedad civil revelan que los políticos están gastando cuantiosas sumas en hacerse propaganda para resaltar su imagen.

De forma preeliminar ya se  maneja una cifra: creen que el proceso primario podría costar mil millones de lempiras .

Una cifra como esa y en medio de denuncias de la misma clase política pone en alerta a algunas autoridades y a organizaciones civiles como la Asociación para una Sociedad Más Justa, quien hizo cálculos que comparó con los obtenidos en otros países sobre campañas electorales.

En el fervor político hasta los mismos aspirantes presidenciales denunciaron que dinero ilícito estaría detrás de candidatos.  Mauricio Villeda, precandidato liberal, lo declaró y luego el nacionalistas Juan Orlando Hernández manifestó que se investigaba del ingreso de 20 millones de dólares para un movimiento; también Fernando Anduray, nacionalista, pidió al Ministerio Público que investigue.

El padre Fausto Milla pidió al recientemente creado Partido Libre (Libertad y Refundación) que depure de sus planillas a “narcotraficantes ”. Otros movimientos acusan a Juan Orlando Hernández de usar fondos públicos para su campaña.
 
Millonaria proyección

Carlos Hernández, director ejecutivo de la ASJ (Asociación para una Sociedad Más Justa), manifestó que en las elecciones pasadas en un monitoreo realizado se determinó que los políticos gastaron unos 450 millones de lempiras en la campaña.

Con base en ese monitoreo y analizando las actuales campañas y la cantidad de candidatos en escenario, proyecta que el costo estará entre 800 millones y mil millones de lempiras. Es más, indicó que al analizar a 18 países latinoamericanos relacionados con el financiamiento de las campañas, estableció que Honduras aparece en el último lugar en transparencia, porque ni los partidos políticos informan ni las autoridades investigan.

“En transparencia estamos en la cola, en último lugar, no se saben quién financia las campañas, las sanciones son ridículas, y no hay manera de conocer las fuentes de financiamiento”, dijo.

De los mil millones de lempiras que se prevé que costará la campaña primaria dijo que “es alarmante en un país tan pobre y con tantos índices de criminalidad. Les pedimos información a cada precandidato, la intención es que demuestren la transparencia, si alguno se niega tendrá sus razones. El presidente del Congreso y el designado presidencial Hugo Barnica se han pronunciado, pero queremos ver estados financieros, lista de donantes”.

De no lograr esa transparencia a través de la información que solicitaron a cada candidato presidencial, dijo que el riesgo es que la maquinaria del Estado se use para campañas, y los riesgos para quien sea el próximo Gobierno con esos financiamientos.

Y falta lo demás

Hernández advirtió que los monitoreos que han hecho solo son publicidad, no incluyen concentraciones, marchas, camisetas, banderas, etcétera.

El siguiente paso, dijo, sería regular o imponer techos del financiamiento privado de las campañas, como el caso de México que la ley define el monto máximo que una empresa o persona puede dar a un candidato, es una forma de evitar que dinero ilícito financie campañas.

Calificó como serias las denuncias de financiamiento ilícito, “sabemos de la capacidad del crimen organizado para penetrar estructuras y sería una tragedia peor. Las campañas son necesarias pero con mecanismos que regulen el origen de los fondos”.

El representante de la sociedad civil fue más allá. “Hay candidatos a diputados con enormes campañas en medios grandes y alcaldes en todos los municipios, y se vuelve en una campaña desleal porque el que tiene dinero es quien tiene capacidad de vender su imagen, o el que está en el poder, excluyendo de entrada al pobre”, dijo.

Evasores y narcotraficantes

Para Víctor Hugo Barnica,  designado presidencial y presidente del Consejo Nacional de Lucha contra el Narcotráfico y aspirante presidencial nacionalista, las campañas políticas son financiadas por evasores del fisco y por narcotraficantes.

Dijo que a través del Consejo firmará con el TSE un convenio para que la mayor parte del dinero de financiamiento de las campañas políticas sea canalizado a través del sistema financiero nacional y supervisado por las entidades contraloras del país. Es más, dijo que los medios de comunicación deben dar información relacionada con las pautas publicitarias de las campañas para saber de dónde provienen los recursos.

“Un 70% del dinero de las campañas debe ser depositado en el sistema financiero en cheques y que el resto se manejará en efectivo porque hay municipios que tienen acceso al sistema financiero, eso limitará el uso de recursos porque quienes financian las campañas son los evasores del fisco”.

Según Barnica, con el convenio que se firmará se pretende blindar el uso de los recursos para las campañas porque una vez enterado al sistema financiero, esos dineros serán supervisados por operadores de justicia, al Tribunal Supremo Electoral, la Dirección Ejecutiva de Ingresos y a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

Calificó la actual campaña como “multimillonaria” y que los candidatos obtienen esos recursos del “narcotráfico y del Estado”.

Agregó que a esos candidatos que usan dineros ilícitos les estorba, pero sin dar nombres dijo que no son todos.

“Mire las grandes campañas, no necesito darle nombres, mire todas las campañas de televisión que están montadas. Eso cuesta millones, y estoy hablando de candidatos, no es toda la gente de mi partido. Estoy hablando de candidatos”.

Sin control

El marco jurídico hondureño no contempla de manera expresa la regulación al financiamiento de las campañas electorales, no impone techo ni establece rendición de cuentas para saber el origen de los aportes tal y como se aprecia en la Ley Electoral.

Los organismos vinculados tampoco le prestan la importancia del caso al financiamiento.

El TSE (Tribunal Supremo Electoral), consultado al respecto, se escuda en que la Ley Electoral no regula el financiamiento y el anteproyecto que elaboraron para controlarlo lo engavetaron en el Congreso. 

Enrique Ortez Sequeira, magistrado del TSE, asegura que la ley no los dota de herramientas para exigir rendición de cuentas a candidatos.

En el Ministerio Público, donde también se consultó lo mismo, detallan que se interpuso una denuncia pero sin resultados hasta la fecha, y desde el TSC (Tribunal Superior de Cuentas) informaron que no intervienen, salvo que las denuncias sean que se usa dinero público.

En ese sentido, sin mucha fuerza el Consejo Nacional de Lucha contra el Narcotráfico tiene listo un convenio que no ha firmado con el TSE para controlar y fiscalizar el dinero que financia esas campañas.

Hay organizaciones de la sociedad civil que asumieron el compromiso de pedirles a los más de 50 mil aspirantes a candidatos que informen de dónde provienen los fondos para financiar su campaña electoral. Se quejan porque hasta la fecha no han obtenido los resultados esperados.

Iglesia Católica pide no votar por “capos”

La Iglesia Católica advirtió a la ciudadanía que no debe votar por candidatos vinculados al narcotráfico. La alerta la hizo en el editorial de su periódico Fides.

 “Se debe insistir mucho acerca de que el Tribunal Supremo Electoral tenga una supervisión estrecha sobre el financiamiento de los partidos políticos, para evitar que sean mantenidos con dinero surgido de actividades criminales”, establece de manera expresa la Iglesia.

Es más, pide no votar por “personas que se encuentren ligadas a las actividades del narcotráfico, ya sea en su condición de capos,  que manejan grandes operaciones internacionales, como quienes se dedican al menudeo o los que son consumidores permanentes”.

 “Los candidatos por los que tiene que votar un católico son aquellos que tienen una conducta de honestidad, transparencia y coherencia; que con sus actitudes y actuaciones públicas muestran palpablemente que trabajan por el bien común”.

TSE es indiferente a denuncias

Para José Adán Palacios, coordinador de la organización “Mirador Electoral”, los magistrados del TSE no prestaron la debida atención a las denuncias de financiamiento de las campañas políticas con dineros del narcotráfico y el crimen organizado.

Según Palacios, hay denuncias y hay suficiente denuncia para practicar una auditoría social en cuanto al dinero ilícito que se ha infiltrado en algunos movimientos de los partidos políticos; pero ni el TSE ni la Fiscalía General del Estado dan una respuesta.

A su juicio, el TSE se quedó corto en cuanto a la capacidad institucional para reaccionar, habiendo tanto sistema de monitoreo que confirma las extensas campañas y al parecer sucederá como en la campaña de 2009, cuando nadie auditó las campañas. Cuestionó que el argumento del TSE que la ley no contempla las regulaciones no es válido, porque para algunas acciones no se necesita la ley y salvaguardar la integridad del proceso  electoral.

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