'Buscamos un cambio en la dinámica de la Fiscalía”

San Pedro Sula, Honduras.

Un trabajo fuerte para combatir la corrupción plantea el Ministerio Público, por el que ha puesto en marcha la Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción Pública, que no solo intensifica los esfuerzos por esclarecer la corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, sino en otras entidades.

Hay un compromiso, reveló a LA PRENSA Rolando Argueta, coordinador de Fiscales, por proteger a los fiscales y se ha diseñado un esquema de seguridad.

La apertura de la Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción Pública es una reestructuración al 100% de la Fiscalía contra la Corrupción. Tenemos un reglamento que es un nuevo instrumento jurídico que sirve de guía para saber qué cosas realizar. No solo es cambio de nombre, son cambios de fondo, donde vamos a dividir los casos. Queremos clasificar los casos entre los de bajo y alto impacto para priorizar las acciones al tenor de la pena. Además, la ampliación del número de fiscales y el número de personal técnico que compondrá esta Fiscalía. Si ahora la Fiscalía contra la Corrupción tiene 15 fiscales en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, seis, la aspiración es que en este primer trimestre de 2015 dupliquemos la cantidad. Pero no solo queremos aumentar los fiscales, sino el personal técnico, expertos en varias áreas para elaborar dictámenes patrimoniales, análisis financieros, verificar en los bancos cuánto ha ganado un funcionario y cuánto ha gastado.

Se trabaja en ese tema. La seguridad de todos los fiscales es una prioridad. Se puso en vigencia un reglamento de protección de fiscales que están en riesgo real de su vida o integridad física. Estamos obligados a diseñarle un esquema de seguridad de tal manera que permita protegerle la vida, pero no solo al fiscal; pues se extiende a los familiares cercanos. Hay un comité de verificación de casos que elabora un perfil de riesgo en la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia y hacen recomendaciones.

Estamos trabajando dos facetas: la parte penal y la privación de dominio. En reuniones con el fiscal general y dos fiscales e investigadores norteamericanos se trabaja para lograr la privación definitiva del dominio de 25 bienes que manejan las cortes de Luisiana (en Estados Unidos) como un primer paso. Hay que acreditar ante las cortes americanas que esos 25 bienes inmuebles entre casas, solares, terrenos, apartamentos y estacionamientos fueron obtenidos con dinero del Seguro Social.

Es todo un despliegue de investigación. Es un procedimiento que según nos explicaban los fiscales de Estados Unidos, no es corto, es un proceso largo que puede durar de uno a dos años; pero el proceso va en camino. Hay otros bienes en lista aparte de los 25 para verificar que las cortes en Estados Unidos, especialmente en Florida, nos concedan la prohibición de enajenación de los mismos y estamos trabajando en ello.

Tenemos congeladas cuentas en Panamá que siguen su curso, hay una solicitud de privación de dominio en Chile. Con la extradición de Gabriela Laínez Reina, detenida en Panamá, se tienen 60 días para resolver la solicitud del Ministerio Público de proceder a la extradición para que sea trasladada a Honduras. En el caso de la chilena, el Ministerio Público chileno va a representar al MP hondureño en el procedimiento de extradición y pueda ser juzgada en Honduras por los delitos que conocemos como el testaferrato. (El juicio inició ayer en Santiago de Chile)

Pero además estamos verificando algunas acciones en Costa Rica y Nicaragua, que se desprenden de la corrupción, se investigan casos concretos en estos dos países y hay once órdenes de capturas pendientes de complementar.