Workers of Costa Rican oil refinery Recope demonstrate outside a refinery in Cartago, Costa Rica, on September 19, 2018 during an indefinite strike called by the country's unions against a tax reform. The unions of the Costa Rican public sector began an indefinite strike on September 10, in opposition to a tax reform project which would mean an increase of taxes to face the bulky fiscal deficit. Due to the strike, gasoline is scarce in many gas stations across the country. / AFP PHOTO / Ezequiel BECERRA
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Las autoridades costarricenses indicaron que la policía ha realizado varias intervenciones en el país buscando remover los bloqueos temporales en carreteras y en accesos a instituciones públicas, realizados por manifestantes.
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La mayor afectación fue reportada en el puerto de Moín, en la provincia de Limón (Caribe) y en un plantel de la Refinadora Costarricense de Petróleo ubicado en Barranca, en la provincia de Puntarenas (Pacífico central). En ambos sitios los policías abrieron el paso el lunes y utilizaron gases lacrimógenos.
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La intervención policial llegó luego de que las autoridades acusaran a los trabajadores en huelga de sabotear un ducto de combustibles que atraviesa el país, a la vez que anunció acciones de fuerza para resguardar la distribución de hidrocarburos.
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La semana pasada se registraron violentos enfrentamientos entre los manifestantes y la policía que dejaron una decena de detenidos y varios heridos en San José.
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La policía irrumpió luego en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica (USR) para detener estudiantes que habían bloqueado una calle en San José, provocando indignación en el país.
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El rector de la UCR, Henning Jensen, denunció que los policías ingresaron de manera 'abusiva' a las instalaciones y causaron daños en la facultad de arquitectura, donde detuvieron y golpearon a una cantidad de estudiantes no precisada.
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El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, anunció en sus redes sociales que investigará las acciones de la policía, pues la UCR goza de autonomía y la policía tiene limitado su acceso al lugar.
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La tensión por la huelga obligó al presidente Carlos Alvarado a desistir de participar en la asamblea general de la ONU, y a designar a la canciller y vicepresidenta, Epsy Campbell, para asistir en su lugar.
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Sindicatos del sector público iniciaron la huelga el lunes 10 de setiembre contra una propuesta de reforma fiscal en discusión en la Asamblea Legislativa (congreso)
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Los grupos sindicales rechazan la reforma tributaria, ya que consideran que afectará en mayor medida a las clases medias y bajas, y particularmente a los trabajadores estatales, debido a que contiene reducciones en pluses salariales.
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La reforma llamada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tiene como principal iniciativa la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento a un impuesto de valor agregado (IVA), con la misma tasa, pero que aumentará la cantidad de productos y servicios por gravar.
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Según el Gobierno, el 60 por ciento del dinero que se recaudará con la reforma recaerá en el 10 por ciento de la población con mayores ingresos.