Tegucigalpa, Honduras
La Inspectoría General de Tribunales culminó la investigación sobre el saqueo del archivo financiero de la Corte Suprema de Justicia e identificó a dos funcionarios de ese poder del Estado como presuntos responsables del delito.
El informe donde constan los nombres de los sospechosos y su grado de responsabilidad fue remitido a la unidad de Recursos Humanos para que esa instancia determine si les deducen responsabilidades.
| Uno
El jefe de la Dirección de Contabilidad, de donde depende el archivo, es responsable de la custodia de los documentos administrativos del Poder Judicial.
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“Será Recursos Humanos el que decida qué tipo de acción se aplicará, pero la investigación de Inspectoría ya está concluida”, dijo la coordinadora de la Inspectoría de Tribunales, Anny Ochoa.
La funcionaria no reveló la identidad de los servidores señalados de participar en el saqueo.
LA PRENSA reveló en exclusiva que en diciembre de 2017 desconocidos entraron a una bodega de la Corte ubicada en las instalaciones de la antigua Penitenciaría Nacional, en la capital, y sacaron decenas de cajas que contenían documentos de operaciones financieras.
La bodega o archivo es una dependencia de la Dirección de Contabilidad del Poder Judicial.
Denuncia
El oficio 220-DCPJ, del 6 de diciembre de 2017, firmado por jefe de la Dirección de Contabilidad y enviado a la directora de Inspectoría de Tribunales, señala que el 22 de noviembre de 2017, personal de Contabilidad descubrió decenas de cajas vacías en la bodega que contenían información sobre compras, transferencias, licitaciones y otros.
“Hemos procedido el día 22 de noviembre del año en curso a verificar la documentación del archivo, encontrando una gran cantidad de fólderes leitz empastados y en donde se guarda información, completamente vacíos y tirados en el suelo, lo cual representa una irregularidad delicada que puede incidir en la pérdida de documentación que pueda requerir el órgano fiscalizador”, indica la carta.
| Dato
Las sanciones contra los presuntos culpables del saqueo pueder ir desde llamados de atención, suspensión o hasta despidos sin responsabilidad para la Corte Suprema.
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La sustracción de los documentos se produjo una semana después de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia , Rolando Argueta, firmara un convenio con el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para que realizara una auditoría al Poder Judicial.
Fuentes de la Corte que abordó LA PRENSA indicaron que el saqueo se realizó presuntamente para evitar que el Tribunal Superior de Cuentas encontrara documentación de gastos ocurridos en la administración del expresidente de ese poder Jorge Rivera Avilés (2009-2015).
Rivera enfrenta un juicio por presunta malversación de recursos del desaparecido Consejo de la Judicatura.
También se consultó a la directora de Inspectoría si entre las personas que se vinculan al saqueo se encontraba el director de Contabilidad, pero dijo que esos detalles no se podían dar porque el proceso de investigación y sanción no ha concluido por parte de la Dirección de Recursos Humanos.
“Solo puedo decir que se señalan responsabilidades según la participación y atribución de cada persona mencionada en el informe”, acotó Ochoa.
La inspectora general indicó que si la unidad de Recursos Humanos confirma el grado de responsabilidad de las personas señaladas en el informe, estas pueden ser sancionadas hasta con despidos.
 El 29 de marzo de 2018, LA PRENSA denunció el saqueo de documentación de una bodega de la Corte Suprema de Justicia.
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Comisión investigó
La Inspectoría General de Tribunales nombró una comisión para que investigara la denuncia.
Como parte de las diligencias investigativas, se tomó declaraciones a los empleados que laboran en la bodega, tanto en la parte administrativa como de seguridad.
La Dirección de Contabilidad tiene entre sus funciones organizar una estructura contable para verificar las operaciones financieras de las direcciones de Personal,
Administración y Pagaduría del Poder Judicial, es decir, maneja todo el proceso administrativo.
También realiza los balances de egresos e ingresos, actualización de los saldos y conciliaciones bancarias.
Esta dependencia fue creada en 2016 por el desaparecido Consejo de la Judicatura.
