Tegucigalpa, Honduras
Los nuevos Tribunales en Materia de Corrupción ya están en funcionamiento.
Este órgano jurisdiccional del Poder Judicial se encargará de investigar los delitos contra la propiedad, la economía y los delitos administrativos de fondos públicos y privados de jubilaciones y pensiones, con el fin de que en el país no gobierne la impunidad y la corrupción.
“Trataremos toda la tipología de acciones y omisiones que tienen que ver con delitos de corrupción; todos los tipos de soborno, los deberes de los funcionarios, fraudes, malversación de caudales públicos, cohecho y falsificación de documentos públicos y privados”, dijo Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Según las autoridades, los juzgados anticorrupción funcionarán en Tegucigalpa y San Pedro Sula y se planifica que se extiendan a otras ciudades del país.
Las nuevas instalaciones en Tegucigalpa tuvieron un costo de 6.5 millones de lempiras que se gestionaron a través de la Tasa de Seguridad.
Honduras es el primer país en Centroamérica y el segundo de Latinoamérica en contar con órganos jurisdiccionales para investigar los casos de corrupción.
Procedimiento. La creación de estos juzgados anticorrupción fue una decisión de la Corte Suprema de Justicia que se planteó en mayo de 2016.
En junio, la Comisión de Selección -integrada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih)- comenzó con su trabajo tanto de remodelación de las instalaciones como de la selección del personal, uno de los procesos más complicados porque se realizó mediante concurso.
Argueta explicó que “no hubo interferencia de alguna manera, ni política ni social, para el nombramiento de los nuevos funcionarios”.
Objetivo. Fortalecer las instituciones públicas es uno de los pasos que ayudan a blindar a los Estados, dijo el presidente Juan Orlando Hernández en la inauguración de los Tribunales en Materia de Corrupción.
Según Hernández, este fue un proceso minucioso que tomó como referencia la idoneidad y meritocracia para garantizar el buen desempeño en la lucha contra la corrupción. Por lo tanto, la selección de los jueces y magistrados representa los cambios dentro del Poder Judicial.
