Los empresarios capitalinos tenían dos años, en su primera etapa, para aplicar el trancazo vehicular aprobado por el gobierno del presidente Manuel Zelaya Rosales.

La Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, Ccit, asumir el control de la emisión y del registro vehicular el 1 de enero de 2008; sin embargo, ha solicitado cuatro prórrogas bajo el pretexto de un "desfase" en el software.

La primera fase del contrato vence el 1 de enero de 2010 y después podrá ser ampliado.

Ante esa situación, el gobierno ha extendido un ultimátum hasta el 31 de marzo de 2009, de lo contrario el contrato de traspaso de esas actividades quedará sin valor y efecto.

Ante ese incumplimiento, la DEI ha tenido que cubrir los gastos de los empleados que laboran en las 10 oficinas de Matrícula de Vehículos.

Aunque Mario Bustillo, director ejecutivo de la Ccit, asegura que esas actividades no le generarán cuantiosos ingresos, esa organización ha contratado la asesoría de SEP de Colombia y Q-Box de México para aplicar la emisión del registro vehicular, el que ha sido criticado por diversos sectores, ya que ese documento tendrá un valor entre 300 y 3,000 lempiras.

Los empresarios han calculado que por ese servicio recibirán 700 millones de lempiras, de los que 400 millones serán trasladados al Instituto de la Propiedad, IP, el que debió realizar esa actividad. Q-Box de México asesora a los empresarios en instalación del software y que de acuerdo con Bustillo se ha tenido que invertir 100 millones de lempiras.