En los Juzgados de lo Penal en Comayagüela se emitió este lunes orden de captura y alerta migratoria contra los cuatro policías vinculados al asesinato del hijo de la rectora de la Unah, Rafael Castellanos y de su amigo Carlos Pineda.

La orden de captura fue emitida contra el subinspector Carlos Galeas y los agentes Wilfredo Figueroa, Arnulfo Padilla y Rubén Pozo.

También en horas de la mañana el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra los cuatro policías vinculados.

El requerimiento se mantiene en secretevidad y hasta el momento se desconoce si este requerimiento incluye al subcomisionado Jorge Barralaga por haber dado día libre a los cuatro agentes.

Cuatro policías más investigados

Esta mañana fueron detenidos los policías José Manfredo Colindres, Gabriel García Hernández, Martín Orlando Ortez y Wilson Córdova Rodríguez.

El vocero del Ministerio de Seguridad, Silvio Inestroza, informó que los nuevos arrestados tenían orden de captura por asesinato y abuso de autoridad y robo en perjuicio de Rafael Alejandro Castellanos de 22 años y Carlos Pineda Rodríguez.

Separan jefe policial por dejar escapar a implicados

El jefe de la Policía en Tegucigalpa, Jorge Barralaga, fue separado del cargo hoy para su investigación, después de haber autorizado un permiso de salida a cuatro miembros de la institución implicados en la muerte de dos universitarios el pasado día 22.

 Así lo informó el jefe de Asuntos Internos de la Policía, Santos Simeón Núñez, quien, en declaraciones a periodistas, no precisó detalles sobre el caso.

 La investigación continúa y la Policía busca a los cuatro miembros de la institución involucrados en el crimen, agregó. 

Los policías

Los cuatro policías vinculados con el asesinato del hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Unah, Julieta Castellanos, prácticamente estaban prófugos hasta altas horas de la noche de ayer.

Estos elementos, a quienes se supone responsables de la muerte de Rafael Alejandro Vargas Castellanos (hijo de la rectora) y su amigo Carlos David Pineda Rodríguez, tuvieron fin de semana libre a pesar de las fuertes sospechas en su contra, pero hasta anoche no habían regresado a sus labores.

Los elementos son el subinspector Carlos Galeas y los agentes Wilfredo Figueroa, Arnulfo Padilla y Rubén Pozo.

Ellos debían presentarse el mediodía de ayer en la estación de la Policía Metropolitana 1 en Tegucigalpa, pero, cuando no llegaron, las autoridades policiales reportaron que eran “desertores”.

“Faltan evidencias”

Marco Tulio Palma, director por ley de la Policía Nacional, explicó que no se les negó el permiso porque “no había suficientes elementos de juicio para dictar orden de captura y ellos en ningún momento han estado en detención”.

El subcomisionado Jorge Barralaga, jefe de la Policía Metropolitana, firmó el pase de “franco” (libres) para los cuatro sospechosos.

Al consultarle por qué no se adoptaron medidas preventivas para evitar que salieran los policías, el director por ley respondió: “Espero que a lo mejor ellos se presenten (a la Metropolitana 1) o que se presenten directamente a los tribunales para resolver el problema si se considera que son inocentes”.

Se supo que dejarlos libres responde a una estrategia de la Secretaría de Seguridad porque no cuentan con las pruebas necesarias que exige el Ministerio Público para pedir la orden de captura ante los tribunales.

Al parecer les habrían aconsejado (como una manera de infundirles temor) a los cuatro policías, para que se fueran libres el fin de semana, que no volvieran a la Metropolitana 1 y buscaran un abogado privado para que los representara ante los tribunales.

De esta forma, los policías (como parte de la estrategia de la Secretaría de Seguridad) estarían “agravando” su situación, pues de cierta forma se estarían inculpando por el delito al no retornar a la Metropolitana 1. Así tomaría fuerza la acusación que presentará el Ministerio Público contra ellos.

Por el momento, el único elemento de prueba de la Secretaría de Seguridad son algunos videos de los comercios de la zona en los que supuestamente se ve cómo una patrulla policial persigue el vehículo de los infortunados jóvenes universitarios.

Debido a la debilidad de las pruebas, la Policía retrasó la entrega del informe al Ministerio Público para que solicitara la orden de captura.

“Son culpables”

El director por ley de la Policía dijo que, aunque para el Ministerio Público aún no había suficientes elementos de juicio para pedir la orden de captura, “para nosotros sí. Sabíamos que ellos (los cuatro policías) son los autores directos y responsables de este crimen”.

Pero, al parecer, las investigaciones de balística y las pruebas recabadas en las patrullas decomisadas de la posta de La Granja no son contundentes para encontrar culpables a los cuatro uniformados.

El director por ley dijo: “Pensé que, por tratarse de la naturaleza de este crimen y en la forma como se cometió, es una bajeza, es un mal procedimiento, es un abuso de autoridad desde todo punto de vista y más que todo por tratarse de la figura de la señora rectora pensé que el Estado, por medio de sus instituciones, iba a adoptar algún tipo de medida para evitar que esto sucediera”.

Al preguntarle por las acciones del subcomisionado Barralaga, que les dio permiso a los cuatro policías, el director por ley de la Policía comentó: “Si hay responsabilidad de elementos de la institución, se tomarán medidas y trataremos de establecer qué tipo de responsabilidades y en esa medida vamos a ser muy enérgicos”.

El ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, dijo en conferencia de prensa que ha ordenado una investigación y se darán a conocer los resultados de ella “para que quede claro que no estamos protegiendo a nadie”.

Lo que sucedió fue un mal procedimiento que la Policía revisará dentro de la institución para deducir responsabilidades si las hubiera, expresó. El comisionado José Ramírez del Cid, inspector general de la Policía, expresó que los asesores jurídicos de la institución policial trabajan para buscar a los supuestos desertores cuando tengan una orden de captura.

Aclaró que la Policía no puede ordenar una alerta migratoria para que los agentes no salgan del país. “Para que haya alerta migratoria también tiene que haber un mandato judicial”.

El fiscal del Ministerio Público, Luis Rubí, acusó a la Policía de haber actuado con lentitud en este caso, “por eso hemos tenido que intervenir y hoy mismo presentaremos los requerimientos del caso”.

Muere cuarto policía víctima de emboscada

El policía José Oracio Fúnez Valdez, 23, expiró la tarde del sábado en el hospital del Seguro Social del barrio La Granja de un balazo en la cabeza que le infirieron unos malhechores en la colonia Nueva Suyapa.

El pasado miércoles a las once de la noche, el agente policial viajaba en un taxi con sus compañeros José Amílcar Ardón Rodríguez, 23, Smith Antonio Sosa Cruz, 24, Marvin Renán Colindres Álvarez, 24, y el taxista Marvin Josué López, 16.

Los cuatro uniformados estaban asignados al distrito policial de la colonia Kennedy.

En el trayecto fueron interceptados por hombres armados que se conducían en varios vehículos, los bajaron del automotor y los ultimaron a balazos por causas que siguen siendo investigadas.

Fúnez Valdez fue trasladado al Hospital Escuela y después al Seguro Social, donde expiró al no soportar la gravedad de la herida.

El dictamen preliminar del perito forense establece que el infortunado murió de un trauma encefalocraneal abierto producido por disparos de arma de fuego.

La Dirección Nacional de Investigación Criminal, DNIC, comenzó las averiguaciones para esclarecer el caso, pero aún no ha logrado identificar a los responsables ni establecer la causa.

Inicialmente, el incidente violento había sido  vinculado con el asesinato del hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma, Julieta Castellanos, y de un amigo de él. Ambos eran estudiantes universitarios.

Sin embargo, con la supuesta huida de cuatro agentes sospechosos en el crimen, luego de darles fin de semana libre, la conjetura anterior pierde fuerza.