Ningún gobierno, aunque haya sido elegido en una elección por la mayoría, puede llamarse democrático si viola los derechos humanos, que fundamentalmente son el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad. De esos derechos se derivan otros, como el derecho a trabajar o no, a salir o entrar de un país, a escoger una ocupación o profesión, a profesar cualquier religión o ser ateo, a decir lo que quiera, siempre y cuando no ofenda o calumnie a terceros.
Sin embargo, se han creado falsos derechos alojados demagógicamente en la Constitución y erróneamente interpretados.  El derecho al trabajo no debe considerarse como que el gobierno me debe dar trabajo, sino que se me permita trabajar en lo que yo quiera. El derecho a la vivienda no implica que me regale el gobierno una vivienda, sino que la pueda adquirir y nadie me la quite.
Los derechos humanos básicos o garantías individuales, no implican un dar por parte de las autoridades a los ciudadanos, sino garantizar el respeto a sus derechos que por naturaleza son parte del ser humano. El Estado debe evitar que me priven de la vida, que nadie invada mi propiedad y no se me obligue a trabajar, producir o vender, si yo no lo decido libre y voluntariamente.
El derecho a la educación, al trabajo, a la habitación digna, entendida como que el Estado tiene la obligación de dármelos es demagógico y falaz, pues es imposible que tenga los recursos suficientes para darle trabajo, vivienda digna y educación a todos.
En un país democrático deben respetarse los derechos fundamentales del ser humano, pero es peligroso que en su nombre se creen falsos derechos y expectativas erróneas, que implicaron un dar por parte del Estado y no un respetar y garantizar.