Inscribir un movimiento nuevo en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal es como tratar de escalar el monte Everest en calzoncillos.

No sé de dónde saca esta cúpula, por ejemplo, que cada movimiento, para ser inscrito en el Tribunal Supremo Electoral, debe depositar más de un millón de lempiras en sus arcas. Eso no está contemplado en la Constitución de la República ni en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas y por tanto es ilegal.

Lo peor es que ni el TSE ni el Tribunal Superior de Cuentas exigen a los partidos políticos que presenten a cuánto ascendieron sus inversiones en los comicios, de dónde viene el dinero y quiénes los financiaron.

En una cadena televisiva, el precandidato liberal Mauricio Villeda Bermúdez hizo correr el velo y denunció que en Honduras hay narcoalcaldes, narcodiputados y el país se está convirtiendo en un narcoestado.

Esta revelación debería ser causa suficiente para que los organismos fiscalizadores y el Ministerio Público inicien una profunda investigación, citar a los presidentes de cada partido a que presenten sus informes financieros y llamar al precandidato de marras a que demuestre su aseveración. Asimismo, deberían investigar en qué se utiliza el 3% que aportan los liberales que trabajan en el Gobierno.

La denuncia de Villeda significa que nuestro territorio no es, ni mucho menos, un ave de paso que migra hacia el norte, sino que aquí los narcotraficantes están haciendo importantes inversiones por medio de la venta de drogas, por mayor y menudeo, y el lavado de dinero. En otras palabras, han visto que invertir en política es otro gran negocio.

Otra grosería contra los movimientos internos que están tratando de participar o mantenerse a flote en las primarias del 18 de noviembre de este año es que si sus precandidatos a cargos de elección popular no fuesen electos no volverán a ser inscritos por el CCEPL, o sea que deberán comenzar de cero si quieren seguir en la brega política… y hasta cambiar la insignia y el nombre de la corriente.

El listado de los simpatizantes y precandidatos a cargos de elección de los movimientos internos en más de la mitad de los departamentos del país debe sumar el 2% de los votos obtenidos por el PL en las últimas elecciones generales, una cantidad que redondea las 17,000 firmas, certificadas por un abogado. Ese es otro gasto cuantioso e inhibidor que, si no hay quién aporte, debe hacerlo el dueño de la corriente.
¿Esto es democracia interna? Por allí hay que comenzar.