El Gobierno, empresarios, obreros y campesinos firmaron ayer un prometedor acuerdo nacional para enfrentar las dificultades que se derivan de la crisis económica mundial.

La iniciativa, denominada Gran Acuerdo Nacional por un Crecimiento Económico con Equidad Social, contempla la puesta en marcha de una serie de medidas encaminadas a fortalecer y mejorar la economía nacional.   

El acuerdo establece metas para este año, como el incremento real de un 3.6% al producto interno bruto, PIB, y la generación de unas 80,000 nuevas oportunidades de empleo, de las cuales 50,000 serán a través de la empresa privado y 30,000 en el sector público.

Contempla además la reducción del gasto público, la racionalización en un 25% del presupuesto de 2012 y hasta reformas a la Ley de Contratación y Adquisición del Estado “para asegurar transparencia en los procesos de licitación y evitar actos de corrupción”.

También menciona la reestructuración de instituciones del Estado, como la Secretaría de Industria y Comercio, la Secretaría de Planificación, y la Secretaría de Relaciones Exteriores, para promover la inversión externa directa.

El pacto social fue suscrito por el presidente Porfirio Lobo, la ministra de la Presidencia, María Guillén; el presidente del Cohep, Santiago Ruiz; el secretario de la Central General de Trabajadores, Daniel Durón; y el titular del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras, Cornelio Chirinos; entre otras figuras de la sociedad.

 “Yo voy a pedir (al Congreso) que busquen un esquema para que hagamos una evaluación general de los empleados públicos, que se haga un gran acuerdo nacional para que en ningún Gobierno haya esa cacería de rojos por azules, de azules por rojos, porque eso es totalmente en contra de la justicia y violenta los derechos humanos”, anunció el presidente Lobo.

“No es justo que mientras el sector privado garantiza el empleo por el desempeño, los políticos sigamos pensando que el derecho a trabajar está regido por el color de la bandera que se pertenece, eso no puede ser, es más, afecta a Honduras porque el empleado público sabe que su permanencia no depende de su desempeño, sino de su simpatía política”, sostuvo Lobo.

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