Ningún hondureño, a excepción de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo, puede conocer qué es lo que contienen las negociaciones que se llevan a cabo entre Coalianza (Comisión para la Promoción de la Alianza Público – Privada) y los inversionistas privados interesados en hacer negocios con el Estado de Honduras.

Hasta hace unos meses las contrataciones del Estado, licitaciones públicas y privadas y todo tipo de negociaciones, eran información pública a la que todo hondureño podía acceder en el goce de sus derechos, sobre todo a la transparencia.

Sin embargo, el 14 de junio de 2012, a petición de Coalianza, el IAIP (Instituto de Acceso a la Información Pública) blindó estados financieros, económicos, de prefactibilidad, de factibilidad y planes de negocios presentados por particulares.

Documentación en poder de Diario LA PRENSA revela que el 22 de marzo pasado el entonces comisionado presidente de Coalianza, Wilfredo Cerrato (actual secretario de Finanzas), solicitó al IAIP la aprobación de clasificar información como reservada, alegando que “la divulgación de la información contenida en estos documentos podría estropear los proyectos de inversión y la estabilidad económica de personas jurídicas con las que Coalianza mantiene relaciones.

De igual modo, terceras personas podrían utilizar esta documentación para proponer o postularse irregularmente en licitaciones o concursos coordinados por Coalianza, cuando esa información habría sido preparada por un tercero”.

Corriendo el riesgo

Antes de finalizar el año el Congreso aprobó la concesión de las carreteras del corredor logístico y turístico, la mayor parte en pleno funcionamiento, con el objetivo de que empresas privadas las amplíen a cuatro carriles y les den mantenimiento por 20 años al corredor logístico, que va desde Tegucigalpa, o Goascorán, en Valle, hasta Puerto Cortés y 30 años al turístico, que está en la zona norte de Honduras. Con la aprobación de esta concesión se autorizó a hacer un total de siete peajes distribuidos entre los dos corredores.

Otra preocupación son los riesgos financieros a los que el Estado podría enfrentarse al realizar contrataciones ocultas que serán públicas solo tras ser aprobadas por el Congreso.

LA PRENSA accedió a estudios que aseguran que el contrato de mantenimiento de la carretera CA-5 es nocivo para los intereses del pueblo y del Gobierno, “ya que pareciera que Coalianza lo hizo para beneficiar al concesionario”, según informes técnicos de Finanzas y Soptravi (Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda) presentados antes de que el Congreso aprobara la concesión.

“Los tramos carreteros que comprenden el Corredor Logístico y la CA-5, están en un 63% de la ejecución y los préstamos otorgados para la construcción se han consumido en un 95%. No se han pagado derechos de vía, no se han pagado algunos desembolsos a los contratistas.

En el tramo El Quebrachal – Goascorán, ni siquiera están identificados los fondos para la ejecución de la misma que ascienden a 240 millones de dólares, todo esto indica que no se podrán entregar las obras de acuerdo al contrato de concesión firmado”, detallan los informes.