Reforma de la Seguridad Pública

Los jueces se reunirán de emergencia para definir los argumentos para impugnar la reciente ley aprobada en el Congreso que da vida a la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública y que incluye, entre otras cosas, la investigación de los bienes de los miembros de la Policía, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, CSJ.

El presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, Teodoro Bonilla, explicó que son tres los puntos que analizarán para proceder a impugnar: si la disposición es legal, si se trata de una intervención de otro poder del Estado y en qué ley se va a amparar el período de diez años que marca el decreto para investigar los bienes de los operadores de justicia y a sus familiares dentro de cuatro grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

“Estamos de acuerdo con la depuración en todas las instituciones del Estado. Queremos rendición de cuentas.

Las puertas están abiertas en el Poder Judicial. Lo único que nosotros no permitimos es la intromisión a un poder del Estado totalmente independiente como lo señala el artículo 4 de la Constitución de la República.

Nosotros tenemos un control interno que es la Inspectoría de Tribunales que está haciendo depuración permanente en el Poder Justicia. No nos oponemos a rendir cuentas ni a ser investigados”, dijo.

Investigación patrimonial

Respecto a la retroactividad que tendrá dicha ley , en el sentido de que indagará los patrimonios de los operadores de justicia en los últimos 10 años, Bonilla citó el artículo número 96 de la Constitución hondureña donde señala que ninguna ley tiene efecto retroactivo, sólo en materia penal cuando le favorece al reo.

 “Hemos visto unos artículos de esta ley que quiere retrotraer a diez años atrás y aplicarla a los operadores de justicia. Esta ley viola el derecho constitucional señalado en el artículo 96”.

Por esas razones, señaló Bonilla, el recurso de inconstitucionalidad que presentarán una vez que la ley salga publicada en el diario oficial la Gaceta, podría prosperar en la Sala Constitucional del Poder Judicial. Según Bonilla, lo apoyan los más de 600 jueces miembros de la Asojmah que hay en todo el país.

El decreto establece que la investigación de los bienes de los policías recaerá en la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial ; la Coordinación Nacional de Fiscales en el caso del MP y la Inspectoría de Juzgados y Tribunales en el Poder Judicial.

“EUA aplaude decreto aprobado”

Como algo “completamente positivo” calificó la embajadora de Estados Unidos, Lisa Kubiske, el decreto que aprobó el Congreso Nacional de Honduras para crear la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública que supervisará el proceso de depuración de la Policía.

Dijo que el Gobierno de Estados Unidos ve con buenos ojos y aplaude las reformas aprobadas para combatir  el narcotráfico y otros delitos del crimen organizado, así como aplaude la extradición de hondureños ligados a estos ilícitos.

El Congreso Nacional ratificó constitucionalmente la tarde del 25 de enero el decreto que reforma el artículo 102 de la Carta Magna que había sido aprobado en primera legislatura.

“Estados Unidos está de acuerdo con la extradición. De esa forma se podrá reclamar a algún hondureño que haya cometido delitos de narcotráfico, crimen organizado y terrorismo en otros países… El narcotráfico es un delito transnacional y esta decisión ayudará a combatirlo”, dijo la embajadora.

En cuanto a las reformas para depurar los operadores de justicia del país señaló: “Este decreto de depuración de la Policía es algo completamente positivo. He visto un cambio en la actitud de muchos hondureños.

Llegué hace unos meses y con agrado puedo decir que ahora hay un ritmo y una energía para tomar decisiones en serio en el tema de la seguridad”, expresó.

 Kubiske señaló que su país tiene un compromiso con Honduras en materia de seguridad.

Chileno y colombiano serían comisionados extranjeros que vigilarán depuración

Los dos asesores que formarán parte de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública serían de origen chileno y colombiano.

La Comisión de Reforma, integrada por cinco miembros, tres nacionales y dos extranjeros, será la que certificará y supervisará los procesos de depuración policial, del Ministerio Público y del Poder Judicial.

Según la Ley, estos miembros serán nombrados por el presidente de la República a propuestas del Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo y la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Unah.

El decreto aprobado esta semana no establece un procedimiento para la selección, sólo indica los requisitos que deberán poseer las personas nominadas para tales cargos, explicó el vicepresidente del Congreso, Marvin Ponce.

La selección de los miembros de  la Comisión pesará sobre el presidente del CN, Juan Orlando Hernández , la rectora de la Unah, Julieta Castellanos y el presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa. La Comisión de Reforma no podrá ser integrada por exmilitares ni expolicías, ni los que están activos. Tampoco por exfiscales del Ministerio Público ni personas que hayan desempeñado el cargo de jueces en el Poder Judicial.

 Con respecto a las expectativas de este proceso de depuración que se inicia con la integración de la Comisión de Reforma, la tendencia es que los miembros extranjeros que formarán parte de la comisión serán de origen chileno y colombiano, aunque no se descarta la asesoría de expertos de Estados Unidos, Asia y Europa.

 El presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, no descarta que entre los miembros extranjeros se solicite a un experto chileno.

“Con la conversación que hemos tenido con el grupo de Carabineros de Chile , por lo menos, a Juan Orlando le confirma una vez más que es un digno ejemplo a considerar en cuanto a una fuerza pública de tanto prestigio. Por más de una década, el cuerpo de Carabineros de Chile ha sido reconocida como la institución de más credibilidad en Chile”, afirmó el titular del Legislativo.

“Estamos convencidos que el pueblo hondureño necesita más seguridad, es demasiado las muertes que hemos tenido, la gente está desesperada y en buena medida esto pasa por apoyar más a la Policía en su esfuerzo de tener la gente que sí cumple, como también crear un mecanismo que quienes no cumplen con lo que corresponde, puedan salir de la institución ”, advirtió.

Agregó que cualquier reestructuración que se haga en la Policía será apegada a la ley, aunque la experiencia chilena es valiosa porque ha sido efectiva y la misma se podría aplicar en el país.

“Si es que el Congreso decide considerar esta decisión, será una segunda etapa del proceso de modernización. Personalmente creo que la Policía puede continuar haciendo su rol y perfectamente puede existir un cuerpo similar a los principios de Carabineros de Chile”, declaró Hernández.

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