Los magistrados de la Sala de lo Constitucional que fueron destituidos por el Congreso Nacional en una sesión llevada a cabo el miércoles en la madrugada anunciaron hoy en un comunicado que su separación fue ilegal.

El magistrado José Antonio Gutiérrez Navas, uno de los cuatro separados junto a Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz Sequeira y José Francisco Ruiz Gaekel, leyó un comunicado en el que señala la destitución fue "ilegítima, ilegal e injusta pues trastoca los principios constitucionales que nos amparan y obedece evidentemente a razones políticas, no jurídicas".

El el documento, Gutiérrez dijo que las actuaciones de los magistrados destituidos son apegadas a la Constitución, los principios éticos, los convenios y tratados vigentes y la ley sobre Justicia Constitucional.

Además calificó sin fundamento legal el procedimiento de destitución que se efectuó. "La aparente causa en que se sustentó tal acción fue el de nuestra conducta administrativa de acuerdo a la atribución constitucional contenida en el numeral 20 del artículo 205 de la Constitución de la República, y el informe que se leyó en la Cámara Legislativa se refiere a un fallo emitido por la Sala de lo Constitucional que aún no es firme por cuanto no hubo unanimidad,  y en consecuencia ha pasado al conocimiento y decisión del pleno de Corte Suprema de Justicia. Dicho fallo fue dictado conforme a derecho como producto de la función jurisdiccional del Poder Judicial"

Además le recordó al Conreso que "los magistrados de las diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia no tenemos funciones administrativas porque así lo dispuso el mismo Congreso Nacional de la República desde enero del año 2011. El único encargado de las funciones administrativas es el señor presidente de la Corte, abogado Jorge Alberto Rivera Avilez".

Navas señaló que en la acción del Congreso se violentó "nuestro derechos constitucional al debido proceso, al derecho de defensa, al derecho a ser oído y otros derechos fundamentales reconocidos en el ámbito internacional como internacional y que haremos valer por las vías legales".

Por tal razón dijo que "la acción realizada por un sector del Congreso Nacional de la República violenta en principio de separación de poderes y ha irrumpido abruptamente en la función jurisdiccional de este poder del Estados, de tal manera que se ha producido una alteración en el orden constitucional pues el Congreso no tiene facultades para ello".

La destitución

Diputados del Congreso Nacional aprobaron en la madrugada del miércoles la destitución de cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y nombraron a nuevos miembros .

Así votaron los congresistas

La destitución afecta a los magistrados José Antonio Gutiérrez Navas (presidente), Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz Sequeira y José Francisco Ruiz Gaekel debido a que admitieron un recurso de amparo en contra de las pruebas de confianza que se realizan a los policías hondureños  en el proceso de depuración de esa institución. Quedó excluido de la separación el magistrado Óscar Chinchilla quien votó en contra de ese recurso.De acuerdo a la versión oficial de la directiva del Legislativo, la decisión obedece a que estos cuatro magistrados votaron en contra de la Ley y esto atenta contra la seguridad del país.

Pero según versión del diputado udeísta Marvin Ponce,  en realidad la destitución fue provocada por el temor de parte del presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, de que la Corte Suprema de Justicia acepte el recurso que el exprecandidato nacionalista Ricardo Álvarez anunció ayer  que interpondría ante el Poder Judicial, para solicitar que se recuente voto por voto de las elecciones internas del 18 de noviembre, cuando se dio como ganador de la candidatura del Partido Nacional a Hernández.

El presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, abrió la sesión a eso de la 1:30 de la madrugada señalando su molestia por la determinación asumida por la Sala de lo Constitucional en contra de la ley de depuración policial.

Posteriormente cedió la palabra a Rigoberto Chang Castillo, presidente de una comisión especial formada el martes por la mañana para analizar la actuación administrativa de los magistrados.

Chang leyó un informe sobre la sentencia de la Corte, el cual fue criticado por algunos diputados por haberlo hecho en tiempo record, y en el cual se presnetaron cerca de 11 considerandos sobre el proceso que según la comisión evidenciaba el mal proceder en que los magistrados incurrieron al fallar sobre un decreto que ya había sido derogado.

Tras la lectura, el diputado nacionalista Jeffrey Flores introdujo una moción para que se destituyera a los magistrados, la cual fue tomada en consideración por el pleno y empezó la discusión. 

Mientras varios diputados consideraban correcta la destitución, otros como José Alfredo Saavedra -presidente de la bancada liberal- y German Leitzelar advirtieron que la misma era un golpe entre poderes del Estado y sobre si el Legislativo estaba facultado o no para realizar la destitución y en base a qué haría esas determinaciones.

Tras el debate, se produjo la votación que fue de 97 votos a favor de la separación de los magistrados José Antonio Gutiérrez Navas (Presidente), Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz Sequeira y José Francisco Ruiz Gaekel. Hubo 31 votos en contra.

Tras la destitución, la sesión nuevamente entró en receso tras el cual se conocerán quiénes son los magistrados que remplazarán a los destituidos.

La destitución, impulsada por la bancada nacionalista y dada a conocer por el diputado Marvin Ponce, fue tomada tras un prolongado receso que fue aprovechado por la bancada oficialista para cabildear el apoyo de otras bancadas y lograr la mayoría calificada requerida para aprobar la destitución.

La jornada estuvo matizada por la militarización de las afueras del Congreso desde eso de las 7:00 de la noche. 

La destitución agudiza aún más la crisis institucional del país que se viene evidenciando desde hace varios meses por las críticas del Legislativo y el Ejecutivo hacia el Judicial por declarar inconstitucional cerca de siete proyectos de ley que se pretendían implementar. 

La comisión que investigó la conducta administrativa de los magistrado la preside el expresidente del Colegio de Abogados de Honduras, y actual secretario del Congreso hondureño, Rigoberto Chang Castillo (familiar del único magistrado que no fue destituido y que votó a favor de la ley de depuración), también por Mario Pérez, quien más temprano confirmó que efectivamente se enviaron oficios al Ministerio Público y a la Corte, para que informen sobre denuncias contra los magistrados, así como casos que mantengan engavetados.

La comisión además estuvo integrada por Tomás Zambrano, Armando Calidonio, Olman Maldonado, Orle Aníbal Solís, Marvin Ponce, y German Leitzelar, pero este último renunció.

La destitución

Diputados del Congreso Nacional aprobaron en la madrugada del miércoles la destitución de cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y nombraron a nuevos miembros .

Así votaron los congresistas

La destitución afecta a los magistrados José Antonio Gutiérrez Navas (presidente), Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz Sequeira y José Francisco Ruiz Gaekel debido a que admitieron un recurso de amparo en contra de las pruebas de confianza que se realizan a los policías hondureños en el proceso de depuración de esa institución. Quedó excluido de la separación el magistrado Óscar Chinchilla quien votó en contra de ese recurso.De acuerdo a la versión oficial de la directiva del Legislativo, la decisión obedece a que estos cuatro magistrados votaron en contra de la Ley y esto atenta contra la seguridad del país.

Pero según versión del diputado udeísta Marvin Ponce, en realidad la destitución fue provocada por el temor de parte del presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, de que la Corte Suprema de Justicia acepte el recurso que el exprecandidato nacionalista Ricardo Álvarez anunció ayer que interpondría ante el Poder Judicial, para solicitar que se recuente voto por voto de las elecciones internas del 18 de noviembre, cuando se dio como ganador de la candidatura del Partido Nacional a Hernández.

El presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, abrió la sesión a eso de la 1:30 de la madrugada señalando su molestia por la determinación asumida por la Sala de lo Constitucional en contra de la ley de depuración policial.

Posteriormente cedió la palabra a Rigoberto Chang Castillo, presidente de una comisión especial formada el martes por la mañana para analizar la actuación administrativa de los magistrados.

Chang leyó un informe sobre la sentencia de la Corte, el cual fue criticado por algunos diputados por haberlo hecho en tiempo record, y en el cual se presnetaron cerca de 11 considerandos sobre el proceso que según la comisión evidenciaba el mal proceder en que los magistrados incurrieron al fallar sobre un decreto que ya había sido derogado.

Tras la lectura, el diputado nacionalista Jeffrey Flores introdujo una moción para que se destituyera a los magistrados, la cual fue tomada en consideración por el pleno y empezó la discusión. 

Mientras varios diputados consideraban correcta la destitución, otros como José Alfredo Saavedra -presidente de la bancada liberal- y German Leitzelar advirtieron que la misma era un golpe entre poderes del Estado y sobre si el Legislativo estaba facultado o no para realizar la destitución y en base a qué haría esas determinaciones.

Tras el debate, se produjo la votación que fue de 97 votos a favor de la separación de los magistrados José Antonio Gutiérrez Navas (Presidente), Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz Sequeira y José Francisco Ruiz Gaekel. Hubo 31 votos en contra.

Tras la destitución, la sesión nuevamente entró en receso tras el cual se conocerán quiénes son los magistrados que remplazarán a los destituidos.

La destitución, impulsada por la bancada nacionalista y dada a conocer por el diputado Marvin Ponce, fue tomada tras un prolongado receso que fue aprovechado por la bancada oficialista para cabildear el apoyo de otras bancadas y lograr la mayoría calificada requerida para aprobar la destitución.

La jornada estuvo matizada por la militarización de las afueras del Congreso desde eso de las 7:00 de la noche. 

La destitución agudiza aún más la crisis institucional del país que se viene evidenciando desde hace varios meses por las críticas del Legislativo y el Ejecutivo hacia el Judicial por declarar inconstitucional cerca de siete proyectos de ley que se pretendían implementar. 

La comisión que investigó la conducta administrativa de los magistrado la preside el expresidente del Colegio de Abogados de Honduras, y actual secretario del Congreso hondureño, Rigoberto Chang Castillo (familiar del único magistrado que no fue destituido y que votó a favor de la ley de depuración), también por Mario Pérez, quien más temprano confirmó que efectivamente se enviaron oficios al Ministerio Público y a la Corte, para que informen sobre denuncias contra los magistrados, así como casos que mantengan engavetados.

La comisión además estuvo integrada por Tomás Zambrano, Armando Calidonio, Olman Maldonado, Orle Aníbal Solís, Marvin Ponce, y German Leitzelar, pero este último renunció.