Antes de terminar la presente legislatura, el Congreso Nacional aprobaría la reforma constitucional que crea la figura jurídica del juicio político, reveló ayer Juan Orlando Hernández, presidente del Legislativo.

Una comisión legislativa hace los estudios de la reforma constitucional, agregó.

Ayer en su visita a San Pedro Sula, cuando los periodistas le consultaron si el juicio político será aprobado al retornar los diputados a sesiones, Hernández respondió: “Podría ser si la comisión encargada de su estudio nos presenta su informe y el correspondiente proyecto de ley”.

Indicó que el juicio político está planteado como una recomendación de la CVR (Comisión de la Verdad y la Reconciliación), organismo que presidió Eduardo Stein.

Sin embargo, el mismo Stein, la semana anterior, en un foro donde se debatió esta temática, declaró que en Honduras no existen condiciones para un juicio político, ya que no hay suficiente madurez política como en otros países.

Hernández afirmó que la comisión de seguimiento de las 54 recomendaciones de la CVR, que le competen al Congreso Nacional, analiza las reformas del tribunal constitucional y del juicio político. “Cuando ya tengan madurados estos y otros temas los harán del conocimiento del pleno legislativo”.

Liberales sorprendidos

José Alfredo Saavedra, jefe de la bancada liberal, reaccionó ayer sorprendido por el anuncio de Juan Orlando Hernández de que la reforma del juicio político será aprobada en la presente legislatura.

Saavedra manifestó que el asunto ni siquiera ha sido mencionado en las sesiones de la junta directiva con los jefes de bancada e indicó: “No hay ambiente para debatir esa reforma constitucional cuando estamos cerca de un proceso electoral”. Según el congresista, en Honduras hay otros problemas más graves como la inseguridad, el desempleo, la canasta básica y la energía, que merecen la atención, a menos que el juicio político y la creación del tribunal constitucional sean una estrategia mediática para que el pueblo se olvide de estos temas y se concentre en una discusión que no resuelve ningún problema al país.

Saavedra consideró que la administración Lobo-Hernández está usando el tema. “Con el juicio político nos quieren distraer de los grandes problemas que el gobierno nacionalista ha sido incapaz de resolver”.

Agregó que como diputado liberal “estoy en contra de que este tema ingrese en el debate legislativo, ya que en este momento es innecesario”.
En cuanto al tribunal constitucional, Saavedra opina que el Poder Legislativo y el Ejecutivo tendrían controlado este órgano porque sería conformado por tres representantes de ambos poderes y uno del Consejo de la Judicatura.

Con esta reforma se avivaría la confrontación entre poderes, según el legislador.

Revocatoria de mandato

La propuesta del Partido Innovación y Unidad de crear la figura de revocatoria del mandato cobra vigencia cuando el presidente del Congreso Nacional promueve la aprobación del juicio político para destituir a los Presidentes.

La diferencia entre una medida y la otra es sencilla: el juicio político para sacar del poder a un mandatario lo decide una cúpula o grupúsculo político; en cambio, la revocatoria es decisión del pueblo mediante un referendo.

La gran interrogante es por qué el Congreso presidido por Juan Orlando Hernández dejó fuera el referendo revocatorio cuando se aprobó la reforma del artículo 5 de la Constitución si el discurso en ese tiempo era que al pueblo había que preguntárselo todo.

Los analistas creen que los políticos le temen al veredicto de las urnas, pero no al veredicto de grupos políticos.

La dirigencia del Pinu maneja la posición de que el juicio político puede ser convertido en un instrumento de manipulación de los grupos de poder y ante la falta de cultura política quedaría en manos de un grupo reducido la destitución de los altos funcionarios y del presidente de la República.

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