La Dirección Departamental de Educación de Cortés se suma a la lista de instituciones denunciadas por supuestos actos irregulares. 

Primero fue la Dirección Departamental de Intibucá , luego la de Francisco Morazán y ayer la de Cortés, mientras la Secretaría de Educación ya tiene documentación de unas cien denuncias en todo el país, incluyendo de esos tres departamentos.

Una comisión de maestros, padres de familia e incluso de la departamental distrital de educación de Choloma, Cortés, llegó ayer a la Unidad de Transparencia de Educación para presentar documentación de al menos 17 irregularidades.

Actos de lujuria

Entre esas denuncias destaca una contra Gilberto Aníbal Benítez Lara, actual director departamental de Cortés, por supuestos actos de lujuria, interpuesta por una maestra de quien se omitió el nombre.

De acuerdo con la documentación que presentó Bertha Alicia Mata, directora distrital de Choloma, Benítez Lara le “pidió un favor sexual a una profesora que aspiraba a ocupar una plaza en el sector educativo público de ese departamento”.

La propuesta, según la denuncia, se hizo mediante un videochat (que incluye cámara de video y sonido) entre Benítez Lara y la maestra afectada, entre el 8 de febrero y el 5 de abril (no se especifica de qué año).

La directora presentó una copia de la transcripción de la conversación (11 páginas), de la que aparentemente hay copia del video y que se mantiene como juicio de prueba, al personal de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación.

“Presentamos esta documentación para dar a conocer una serie de denuncias que se dan en el departamento de Cortés contra el Director Departamental”, dijo Nelson Morales, director de la Escuela Rubén Alvarado.

Agregó que la profesora afectada presentó la transcripción de la conversación ante el Copemh (Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras).

La comisión también denunció que en la departamental de Cortés se han vendido plazas y se han hecho traslados irregulares.

Reacciona el acusado

Gilberto Benítez, director departamental de Cortés, negó la acusación. “Eso no es cierto, yo no tengo por qué hacer esas cosas, reconozco mi cargo, yo tengo a mi esposa y a mi hijo”.

“Esto solo es producto de gente que está aprovechando el momento oportuno para buscar como sacarme. Tengo conocimiento que hasta tienen montajes, están falsificando documentación y buscando la manera de cómo presentar denuncias para que me saquen de la departamental”, dijo Benítez.

Según el director departamental, “aquí hay un trasfondo de poder, esta gente me ha vivido amenazando y todo lo que quieren es mi cargo”.

Intervención

Esta semana la Secretaría de Educación intervino la Departamental de Intibucá, donde dos maestras denunciaron que pagaron 75 y 80 mil lempiras a Antonio Medina, exdirector general de Educación.

Medina envió una nota a una de las maestras que pagó por la plaza, en la que le confía que el director departamental de Intibucá ya tiene instrucciones para que “su nombramiento sea efectivo con la jubilación de oficio” de otro maestro.

Luis Murillo, director departamental de ese sector, negó que él haya tenido algún tipo de vinculación. Se consultó a Marlon Escoto, ministro de Educación, si se podrían intervenir otras departamentales considerando la cantidad de denuncias, y respondió que “la Secretaría toma decisiones a medida avanza el proceso y se encuentran evidencias comprobadas y contrastadas”. Advirtió que no tolerará actos de corrupción.

Ministro afirma que sí hubo borrón en Educación

El ministro de Educación, Marlon Escoto , confirmó ayer que sí hubo borrón de algunos archivos que contenían información de vital importancia para investigaciones que realiza la Secretaría de Educación.

El ministro señaló que una funcionaria (Jenny Maldonado, secretaria general interina) bloqueó el sistema bajo la justificación de que hay al menos cinco personas externas que tenían conexión y es por eso se hizo el bloqueo.

Sin embargo, Maldonado negó que haya existido ese borrón y dijo que lo que existió fue una mejora de seguridad del sistema para evitar el acceso de ese personal.

Escoto confirmó que Maldonado estaba suspendida de sus funciones hasta que se determine la responsabilidad de ese acto que atenta contra la seguridad de la información de la Secretaría de Educación.

Información borrada

Escoto, quien insiste que hubo borrón, no ha revelado en todo caso qué se borró. Maldonado, por su parte, insiste en que toda la información está intacta y que eso consta en una acta notarial que se levantó para demostrar que no faltaba ni una tilde.

Entre tanto, técnicos y especialistas en informática realizaron una revisión en el sistema de cómputo.

Asimismo, la Fiscalía contra la Corrupción amplió investigaciones con el fin de confirmar un borrón en los archivos de la Secretaría.

Luis Rubí, fiscal general del Ministerio Público, ofreció su respaldo para acompañar este proceso de indagaciones e identificar a los responsables de esos actos ilícitos.

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