El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se decidió por el desarme total en Colón como medida primordial para reducir la violencia que se volvió a disparar en la zona con la invasión de nueve fincas.

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Las determinaciones acordadas ayer fueron remitidas de inmediato al Congreso Nacional, adonde hoy serán aprobadas, informó Rigoberto Chang Castillo, secretario del Legislativo, quien presentó anoche ante el pleno legislativo un proyecto de ley orientado a un desarme general en dicha zona.

El contenido de la norma es una reforma a la Ley de Portación de Armas y Explosivos, en el sentido de suspender la emisión de permisos de portación de armas en Colón, además del decomiso de las armas de fuego.

Según el parlamentario, ningún particular podrá usar armas de fuego, con permiso o sin permiso. El incumplimiento incluye el decomiso sin devolución del artefacto y sanciones pecuniarias.
Lo anterior fue una determinación tomada en Casa de Gobierno, según anunció  Pompeyo Bonilla, ministro de Seguridad,  señalando que espera la pronta vigencia de la reforma para disminuir la criminalidad de la zona.

El proyecto de ley pretende reformar el artículo 37 del decreto 31-2000, que contiene la Ley de Portación de Armas y Explosivos.

La reforma establece que el Consejo de Seguridad determinará en qué otras zonas se aplica este desarme y el tiempo por el cual será vigente. 

 El lunes, el presidente Porfirio Lobo descartó decretar estado de sitio en Colón, adonde en enfrentamiento entre los presuntos campesinos con policías y guardias de seguridad privada ya deja más de 60 muertos.

Refuerzan operaciones

En el Bajo Aguán varios retenes se ubican en las fincas Palmera, Panamá, Braulio, Rigores y Planes de Sonaguera.

La Policía y el Ejército efectúan registros minuciosos y desde ayer los retenes se han nutrido de efectivos que vigilan la zonas adyacentes a las fincas tomadas. Altos oficiales de la Policía y el Ejército llegaron a la zona para coordinar las acciones que se ejecutarán para que dentro del marco legal y las disposiciones que se aprueben hoy se ejecuten las estrategias que buscan regresar la tranquilidad a la zona.

“Los retenes, registros y las cantidades de elementos en las zonas cercanas a las fincas son parte de las medidas que hemos intensificado desde hoy (ayer), para dar seguimiento a los indicios que tenemos de armas en algunos puntos específicos”, informó Amílcar Mejía, jefe policial en Colón. En la reunión participaron el Abraham Figueroa Tercero, director de Operaciones de la Policía Nacional, Jorge Carías Velásquez, director de Inteligencia, y Héctor Francisco García Gómez, director de Recursos Materiales; estos oficiales llegaron a reforzar el trabajo de la Operación Relámpago, a la que se sumaron además 300 elementos policiales que reforzarán la vigilancia en El Aguán.

Hasta ahora, las fincas Paso Aguán, La Consentida, Quebrada Honda, San Isidro, Despertar, La Trinidad, Dos Bocas, Los Laureles y Mochito están tomadas por grupos campesinos que iniciaron la escalada de invasiones desde junio.

En las fincas tomadas, los campesinos se mantienen a la expectativa del movimiento de los contingentes militares y policiales.

La escuela que funciona en la finca Los Laureles tiene 15 días de no impartir clases porque temen que los niños puedan ser blanco de las constantes acciones violentas.

Protestan frente a los juzgados

 La Ceiba. Grupos campesinos protestaron ayer frente a los juzgados en contra de magistrados de la primera Corte de Apelaciones de la ciudad.

Los manifestantes también protagonizaron la toma de la carretera a las 8:20 am donde impidieron la libre circulación al colocar trozos de madera. Agentes policiales despejaron la vía una hora más tarde.

Portando palos y piedras en manos, los manifestantes amenazaron con lanzar piedras al edificio en donde se encontraban litigantes, jueces y personas en particular que realizaban trámites.
Antonio Trejo, apoderado legal de los campesinos, dijo que las manifestaciones se hicieron debido a que en febrero pasado se dictó sentencia en el caso de la cooperativa La Trinidad Limitada.

“Les pedimos a los magistrados que suspendan las órdenes de desalojo en el Bajo Aguán y que eviten un derramamiento de sangre, porque esta gente no se va quedar de brazos cruzados”, dijo Trejo.

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