La Ley de Racionalización de Exoneraciones Fiscales y Control del Gasto Público para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas sería un golpe “fatal” para el bolsillo del pueblo hondureño, pues el costo de la energía eléctrica aumentaría drásticamente.

El motivo es simple: si el Gobierno elimina las exoneraciones a los combustibles y a las empresas dedicadas a la generación de energía térmica, estas compañías le venderán más cara esa energía a la Enee (Empresa Nacional de Energía Eléctrica) y la estatal deberá trasladar este costo extra a los consumidores o sea que, al final, el pueblo paga.

José Azcona, diputado liberal del Congreso Nacional, explicó que si es aprobada la ley de racionalización de exoneraciones, ya tildada por muchos como paquetazo, tendría un impacto negativo en la economía.

“Hay una facturación en la importación de derivados del petróleo de unos 10 mil millones de lempiras para la generación térmica.

Hay una fórmula de acuerdo con la cual se les paga a las empresas térmicas; esta fórmula se basa en el costo real del combustible para ellos. Por combustible se podría pagar un impuesto aproximado de 12% y si se suma ese 12% a la compra de 10 mil millones de lempiras, serían 1,200 millones de lempiras más de costo para las térmicas y ese dinero, automáticamente, deberá ser pagado por el Estado a las empresas generadoras térmicas; no será dinero que las térmicas dejarán de ganar”.

El diputado manifestó que, al final, la población pagará ese aumento.

“La facturación de la Enee ronda los 15 mil o 18 mil millones de lempiras al año. Si a eso se le suma el aumento de 1,200 millones de lempiras en los costos que tendrá la estatal, eso representaría un incremento en el costo de la energía del 6 ó 7%. Al tener que pagar ese valor extra, la Enee le pasará directamente el incremento al consumidor y eso lo pagará toda la población porque esto incluye a la gente que recibe subsidio, así que hasta los usuarios de bajo consumo, de escasos recursos, tendrán que pagar en proporción ese aumento”.

Inevitable

Según Azcona, el incremento sería automático y no habrá manera de frenarlo. “El aumento sería por la vía del combustible o ajuste de tarifa; pero si se aprueba esta ley, no habría manera de evitar el incremento del costo de la energía. Ni el térmico se quedará con eso, ni la Enee; lo pagará el consumidor”.

El diputado liberal dijo que la ley de racionalización de exoneraciones debe ser rechazada, pero se debe analizar si en su contenido tiene cosas positivas que se puedan rescatar.

“El presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández , dijo que estaba devolviendo esta ley porque no se le quiere imponer más impuestos a la población, pero en este tipo de casos, considerando lo que hemos visto en el pasado, tendremos que estar vigilantes como sociedad para asegurarnos de que no se golpeará el interés público”.

Lo bueno y lo malo

Miembros de la Alianza Parlamentaria Nacionalista denunciaron ayer que algunos diputados quieren aprobar de cualquier manera un paquete de leyes con polémicas medidas antes del receso del Congreso Nacional, que comienza el próximo 17 de mayo.

El paquete incluye la reforma de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que grava a personas naturales y jurídicas con 1% adicional de impuestos; también la Ley de Racionalización de Exoneraciones y la reforma de los artículos 51 y 70 de la Ley de Modernización Agrícola , que permitiría expropiaciones de tierra. 

El economista Carlos Urbizo expresó que sería bueno eliminar ciertas exoneraciones y exenciones, pero sin afectar el desarrollo económico del país.

“Sería bueno quitar las exoneraciones que no deberían existir. Negocios que no pueden existir sin exoneraciones no deberían existir, pues no pueden llevar la carga los demás contribuyentes.

Las exenciones deben ser las mínimas posibles, por ejemplo, deben mantener el beneficio las Iglesias y las fundaciones con fines benéficos”.

CCIC y Finanzas se reúnen a discutir nueva reforma fiscal

 Este día, los representantes de la CCIC (Cámara de Comercio e Industrias de Cortés) se reunirán en San Pedro Sula con Héctor Guillén, ministro de la Secretaría de Finanzas, para discutir la Ley de Racionalización de Exoneraciones Fiscales y Control del Gasto Público para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

En esta reunión se busca que ambas partes intercambien sus puntos de vista sobre el nuevo paquetazo del Gobierno, el cual es la sexta reforma fiscal que se hace o se intenta hacer en esta administración.

La reunión se llevará a cabo en el edificio de la Cámara de Comercio a las 8:00 am y en ella se analizará a profundidad el documento de Ley que pretende dejar al Estado recaudaciones adicionales de unos 3,500 millones de lempiras.

Héctor Guillén discutirá con miembros de la Cámara las partes que más dudas han generado entre la población, para tratar de aclarar dudas sobre la Reforma Fiscal.

Desde el inicio el funcionario ha defendido en todo momento la nueva ley. “De entrada quiero dejarlo claro: no hay más impuestos. Lo que estamos haciendo con este proceso es racionalizar las exoneraciones fiscales para evitar distorsiones en la asignación de recursos y fomentar la competencia, lo que llaman los técnicos equidad horizontal, y reducir el sacrificio fiscal que el Estado ha estado otorgando por medio de estas exoneraciones, algunas de las cuales distorsionan con fuerza el mercado porque son desviadas incorrectamente”, dijo la semana pasada.

 A pesar de lo expresado por el titular de Finanzas, algunos miembros del sector empresarial ya han dicho que no están de acuerdo con la aprobación de esta ley. La semana anterior, Aline Flores, presidenta del Cohep (Consejo Hondureño de la Empresa Privada), hizo pública su preocupación por el paquete fiscal.

“Revisando el documento que nos dejó don Héctor Guillén, me asusta porque firmamos con el presidente de la República, los secretarios de las centrales obreras y como testigo de honor el presidente del Congreso Nacional, un documento que se llama el Gran Acuerdo Nacional y en la página 13, inciso 27, dice que en este Gobierno no habrá más impuestos y lamentablemente en el documento que tengo en las manos hay muchos incisos que son impuestos”.

Extractos de la Ley de Racionalización de Exoneraciones Fiscales

Artículo 1
Quedan derogadas exoneraciones, exenciones y franquicias aduaneras a importación de mercancías, establecidas en decretos o leyes especiales, incluyendo las emitidas a favor de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y sus dependencias, exceptuando las siguientes: inciso 23: contratos suscritos por el Estado y sus instituciones, aprobados por el Congreso, excepto los referidos a la compra de potencia y energía térmica. Como establece en el inciso a del artículo 4.

Artículo 37
Focalización de subsidios. Reformar el artículo 63 del decreto 17-2010 del 28 de marzo de 2010, contentivo de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, en el sentido de focalizar el subsidio de consumo de energía eléctrica únicamente en usuarios con un consumo de hasta ciento veinte (120) KWh al mes.

Artículo 4 Las exoneraciones, exenciones o franquicias aduaneras amparadas en decretos o leyes especiales concedidas a combustibles, vehículos y bienes suntuarios quedarán regulados así: a. Los combustibles pagarán el 100% de los impuestos. Las empresas sujetas al pago del impuesto aporte para la atención a programas sociales y conservación del patrimonio vial y que ejecuten proyectos para el Fondo de Mantenimiento Vial pagarán el 100% del impuesto a los combustibles.

Artículo 61 Se faculta a la Sefin (Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas) para que en calidad de institución que preside la Junta Directiva de Hondutel proceda a preparar un plan para restaurar la viabilidad financiera y mejorar la eficiencia operativa de la Hondutel tratando de identificar nuevos modelos de negocios, hacer alianzas estratégicas con el sector privado, promover y catalizar nuevas alternativas de financiamiento para el crecimiento y capitalización de la Empresa.

Reformas fiscales o paquetazos

En el Gobierno de Porfirio Lobo
1. Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público
Con esta ley se pretendía recaudar al menos cinco mil millones de lempiras para financiar programas sociales, de seguridad, educación y agrícolas.
Según el Ejecutivo, el propósito fundamental de la norma fue introducir reformas en el Sistema Tributario Nacional para mejorar la recaudación tributaria, lograr una eficaz administración de los tributos y apoyar la producción nacional, contrarrestando la competencia desleal en algunos bienes de carácter fiscal. Además, aseguran, les imprime más transparencia y equidad a los impuestos sobre venta, rentas y selectivos al consumo, ampliando la base de los mismos y eliminando algunas exoneraciones y privilegios tributarios.

2. Decreto 105-2011, Ley de Seguridad Poblacional
Esta reforma fiscal tiene por finalidad recaudar 2,200 millones de lempiras, que se distribuirán en 1,500 millones para el Fondo de Seguridad y 700 millones para el Fondo de Desarrollo Social.

3. Decreto 113- 2011, Ley de Eficiencia de los Ingresos y del Gasto Público
Decreto legislativo 113-2011, que contiene la Ley de Eficiencia en los Ingresos y el Gasto Público, indica que busca establecer mecanismos para asegurar la eficiencia en los ingresos mediante el control y la restricción de exoneraciones y medidas antievasión, así como el control del gasto público para captar recursos destinados a atender programas sociales como parte del Plan Visión de País.

4. Decreto 42-2011 que reforma el artículo número 22 del ISR (impuesto sobre la renta)
Fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Este decreto ordenaba que se pagara 1% adicional del impuesto sobre la renta de los ingresos brutos de las empresas.

5) Decreto 252-2011 Seguridad Migratoria
Este decreto fue revocado en Consejo de Ministros. Contenía el contrato para instalar, operar y transferir los servicios de control de identidad de pasajeros internacionales que entraran o salieran de Honduras en las aduanas terrestres y aéreas.

El decreto les imponía a los pasajeros el pago de una tasa de 34 dólares por entrar y salir del país “por seguridad migratoria”. Este impuesto de 34 dólares por seguridad migratoria fue suscrito por Áfrico Madrid, titular de la Secretaría del Interior, y la compañía Securiport. La tasa de “seguridad migratoria” establecía el pago de 17 dólares por ingresar y otros 17 por salir de Honduras a nacionales y extranjeros, lo que causó rechazo general de diversos sectores.

No se aprueban aún
6. Ley de Racionalización de Exoneraciones Fiscales y Control del Gasto Público para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas                                                            
Norma que pretende derogar las exoneraciones, exenciones y franquicias aduaneras a la importación de mercancías, establecidas en decretos o leyes especiales, incluyendo las emitidas a favor de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y sus dependencias.

También estipula castigos para los funcionarios que se excedan de su presupuesto asignado, entre otras cosas.

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