Cuando se aprobó el cobro de un impuesto que financiara las actividades de seguridad del Gobierno, la proyección del Ejecutivo era alcanzar 1,500 millones anuales. A menos de un mes para el cierre del año, las autoridades se han dado cuenta de que la estafeta quedó alta. Por si fuera poco, la inseguridad sigue por las nubes .

La recaudación por la Ley Temporal de Seguridad Poblacional suma 778 millones en lo que va del año, es decir, casi la mitad de lo proyectado inicialmente.

En vista de que las tributaciones no mejoran, la administración Lobo Sosa continúa la práctica de endeudarse para pagar sus compromisos. La medida más reciente fue la aprobación para emitir bonos soberanos por 19 mil millones de lempiras.

La tasa de seguridad grava con L2 por cada millar las transacciones de los empresarios cuyas cuentas bancarias sean superiores a los L120 mil lempiras. Asimismo grava con un cobro que va desde 500 a 1,000 lempiras a las tarjetas de crédito con límites a partir de L40 mil. Igualmente a las empresas mineras les corresponde pagar el 2% del valor FOB sobre sus ventas brutas. También se gravan la telefonía celular, los casinos y las comidas rápidas.

LA PRENSA intentó buscar en la DEI el detalle de lo recaudado mensualmente por cada uno de los ramos gravados, pero se informó que el nuevo director Mario López y el miembro de la comisión presidencial, Jorge Yllescas, les han prohibido a los empleados darles detalles a los medios de comunicación sobre los cobros por este impuesto.     

Considerando el panorama de las recaudaciones, el Gobierno pronostica que con los pagos que se sumen en diciembre se lograrán L900 millones para combatir la delincuencia.

En promedio, el Estado recibió unos 100 millones de lempiras mensuales, aunque lo que se debía recaudar eran 125 millones. En algunos meses, la recaudación bajó hasta 50 millones.

El abogado Rodolfo Dumas Rodríguez explicó que es injusto que el Estado grave a los sectores del país sin considerar ellos una reducción en su gasto corriente, que se ha disparado en L64,879.4 millones.

“Me parece incorrecto que se grave más al pueblo hondureño sin que el Estado diera muestras de algún sacrificio en su gasto corriente, precisamente para redestinar fondos a esa lucha contra el crimen organizado y el delito. Todos esperábamos que hicieran un sacrificio, pero no lo han hecho y más bien elevaron el gasto corriente para 2013”, criticó.

El gasto corriente del Gobierno programado para 2013 es de 67,394.8 millones de lempiras.

Para el abogado, no haber llegado a la meta se debe a que en supervisión ha existido un déficit marcado, ya que el seguimiento de los contribuyentes es ineficiente. Además dice que el Gobierno aplica “leyes improvisadas y por esa razón son declaradas inconstitucionales”, como pasó con esta legislación.

Comprarán autos y motos

Una flota de 100 vehículos, algunos blindados, motocicletas y chalecos antibalas forman parte del uso que se dará a los 778 millones de lempiras recaudados.

 Según Reinaldo Sánchez, secretario privado de la Presidencia y miembro del Comité Técnico de la Tasa de Seguridad, estas flotas, cuyas licitaciones en algunos casos ya fueron adjudicadas y otras están en procesos de adjudicación, serán destinadas inmediatamente a la Corte Suprema de Justicia, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público para combatir la delincuencia.

“Por ser aspectos de seguridad nacional se llevan distintos procedimientos. La Oncae (Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado) está haciendo todo este proceso por medio de un convenio marco que hicimos.

Algunas de estas (adquisiciones) ya están adjudicadas y otras por adjudicarse; otras están por ser entregadas para que podamos destinarlas a los beneficiarios”, afirmó.
Sánchez adelantó que en los próximos días se le entregará al Ministerio Público un equipo de investigación para medicina forense e investigación. En total se estima que la inversión superará los L250 millones.

“De los 778 millones solo se han desembolsado L35 millones, pero con todo lo que viene en estos días se invertirán alrededor de 250 millones de lempiras más. El lunes (hoy) se dará a conocer exactamente el monto”, dijo Sánchez.

Con los L35 millones ya invertidos se repararon dos helicópteros militares y se apoyó a la Secretaría de Seguridad para que mejorara la infraestructura de cuatro postas policiales.

El funcionario agregó que parte de los 35 millones también “estuvieron encaminados al apoyo financiero de las operaciones poli

Penalizarán a empresarios

El ministro de la Presidencia adelantó que en las próximas semanas se le hará una reforma a la ley que será aplicable en 2013. Esta busca penalizar a los empresarios que segmenten sus cuentas bancarias con el objetivo de evadir el impuesto, esto porque el Gobierno considera que esas prácticas ocasionaron que las recaudaciones que inicialmente eran de L100 millones mensuales cayeran a menos de L50 millones en octubre.

“La recaudación fue mínima y lo que hemos descubierto es que han fraccionado una buena cantidad de cuentas para no pagar el impuesto de seguridad. Queremos hacer esa reforma para que al Gobierno no le toque complementar esos fondos, sino que todo sea mediante la recaudación. Por eso buscamos la creación de un artículo que definirá una pena para las personas que evadan el cargo por seguridad poblacional”, dijo Sánchez.

El ministro explicó: “Como esperábamos una recaudación mínima de L1,500 millones anuales, cuando el Congreso se reúna se hará una reforma para liberar la parte donde el Estado le tocaba complementar por el problema de fondos que tenemos”.

Otra reforma que planteará el Ejecutivo va encaminada a eliminar el fideicomiso que administraría los excedentes de la recaudación “y esto quedará dentro del mismo fideicomiso de la ley de seguridad poblacional. Todo va a ir un mismo fondo”, adelantó. 

Dumas criticó que aunque el compromiso era que el Gobierno supliría el desfase de fondos, actualmente no sería posible porque “el Gobierno no tiene ni para pagar los salarios de los empleados y más bien se están endeudando más a base de bonos”.

Piden acciones tangibles

Óscar Galeano, empresario sampedrano, dijo que la preocupación es que el dinero de la tasa de seguridad no se utilice realmente para combatir la delincuencia, sino “para cubrir otros compromisos”.

El empresario exigió ver resultados para disminuir la delincuencia y le pidió al Gobierno que dé los nombres de los empresarios que evaden el impuesto; “esa costumbre de generalizar no es correcta, sino que dice mucho de la seriedad con que el Gobierno toma esto”, aseguró.

Señaló que no ha habido acercamiento de las autoridades para explicarles los resultados de la ejecución del cobro, “a estas alturas ya deberíamos conocer con anticipación los detalles de los cobros”

Sobre la posibilidad de financiar con fondos extranjeros lo que hace falta de la tasa de seguridad, lo calificó como “medidas desesperadas que no están siendo bien meditadas.

Eso de revisar una medida tras otra solo denota la improvisación con que se están haciendo las cosas y que no hay planificación en lo que se está haciendo”.

Otro empresario, Nabil Khoury, expresó que no tienen detalle de las inversiones hechas en seguridad y acusó: “Ese dinero está guardado bajo el colchón sin ningún beneficio para la población. Es urgente utilizar lo que se ha recaudado”.

Tributación sigue lejos de la meta

La meta de tributación de la Dirección Ejecutiva de Ingresos sigue pareciendo inalcanzable.

Para incentivar el pago de deudas con el fisco se ha recurrido a medidas como la amnistía tributaria, que estará vigente hasta el 31 de diciembre.

Osman Flores, jefe del departamento legal de la DEI, explicó que la amnistía favorece a contribuyentes que por problemas económicos no pudieron cumplir pagos tributarios y fiscales correspondientes a 2011.

Con la aprobación del decreto, que data de agosto, se determinó que los morosos del fisco y quienes tienen juicios pendientes en los tribunales por el mismo problema deberán solamente cancelar el monto de los impuestos adeudados.

La meta de tributación para este año era inicialmente de 58 mil millones de lempiras, pero desde el primer trimestre del año ha acarreado un desfase que a la fecha no se ha podido recuperar.

En 2011, la DEI logró en 99.5% la meta de recaudación tributaria programada en 53 mil millones de lempiras.

Flores anunció que unas 30 empresas fueron cerradas temporalmente en la zona norte debido a que no estaban cumpliendo el pago de sus impuestos. Los operativos en octubre en la zona noroccidental del país derivaron en el  cierre por cinco días de estas compañías dedicadas a diversos ramos.

Las empresas a las que se aplicó multa o sanción de algún tipo fueron 167, de los más de 300 negocios visitados. “El cierre de las 30 empresas fue por cinco días debido a que pagaron la sanción que indica la ley. Esta es el pago de cuatro salarios mínimos”, explicó Flores.

Las acciones forman parte del plan que la DEI ha implementado a fin de aumentar la recaudación nacional cuya meta cercana son 52 mil millones de lempiras durante el presente año.

Hasta octubre había un desfase de dos mil millones de lempiras, pero esa institución ha logrado una rebaja sustancial de 300 millones y quedan alrededor de 1,700.

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