Después de tres extensiones del decreto de emergencia original para los centros penales del país y con las mismas calamidades y peligros latentes en las cárceles, se emitió una tercera extensión en Consejo de Ministros.

Reunidos en la comunidad de El Portillo, Manto, Olancho, los ministros del Gobierno y el Presidente Lobo decidieron prorrogar una vez más el decreto de emergencia de los centros penales, esta vez por 12 meses.

El decreto original fue emitido en julio de 2010: “Con la finalidad de atender la grave problemática de los centros y establecimientos penitenciarios ubicados en las ciudades de San Pedro Sula, Santa Bárbara, Puerto Cortés, La Esperanza, El Progreso, Trujillo, Yoro, La Ceiba y Puerto Lempira, se declara estado de emergencia, al amparo del artículo 9 de la Ley de Contratación del Estado, sobre el sistema penitenciario del país, particularmente sobre los centros y establecimientos penitenciarios ubicados en las ciudades antes mencionadas, hasta por un plazo de ocho meses prorrogables”, cita el artículo uno del decreto PCM 032-2010.

Meses después y sin haber modificado la situación en los penales , el Gobierno amplió el decreto en septiembre de 2011 y lo publicó en La Gaceta en noviembre de ese año.

La tragedia no se hizo esperar y el 14 de febrero de 2012, 360 personas murieron en el Centro penal de Comayagua en un incendio que consumió casi todo el recinto.
El 21 de febrero, la administración Lobo amplió por un año más la emergencia.

A la fecha, las cárceles hondureñas siguen siendo una "bomba de tiempo", según cuerpos de bomberos, Enee y cualquier instoitución que haya hecho un recorrido e informado la realidad de los recintos.

Terror

En Puerto Cortés , el edificio que alberga a los privados de libertad tienen más de 60 años de antigüedad y con capacidad para albergar a 40 personas; sin embargo, hay 156 prisioneros y solo 20 guardias que les dan seguridad.

En cada celda viven más de 20 personas en un espacio construido para cinco.

Aquí, los prisioneros se encuentran en las misma categoría sin importar si ya están sentenciados o solo cumplen los dos años de prisión preventiva. Además hay siete mujeres purgando penas.

En El Progreso y Santa Bárbara la situación es similar, hacinamiento y una débil y precaria infraestructura que hace temer en otra tragedia en cualquier momento.
Los mayores problemas que enfrentan los progreseños son las deficiencias en el sistema eléctrico, hacinamiento y la escasez de agua.

En Santa Bárbara, un improvisado edificio es el que alberga a más de 190 reclusos, convirtiéndolo en una bomba de tiempo.

A pesar que el comité pro construcción de la granja penal santabarbarense logró comprar un terreno para construir el nuevo presidio, esto no ha sido posible. Sus autoridades reconocen que el penal no tiene las medidas de seguridad que garanticen la permanencia de los reclusos.

En San Pedro Sula, el centro penal es considerado "infernal" por quienes lo habitan o por uno u otro motivo deben entrar a él. La luz en el camino aquí la lleva el Comité Proconstrucción que después de una larga lucha y plantones logró un terreno para la construcción del nuevo penal; sin embargo, aún se encuentran buscando financiamiento para terminar la obra.
Las tragedias en Honduras

El peligro de las cárceles ha sido un tema permanente en Honduras. En  2003, 68 personas murieron en la granja penal de “El Porvenir”, en La Ceiba cuando se registró un enfrentamiento entre pandilleros, paisas y policías. En esta tragedia también murieron personas que se encontraban de visita en el penal a la hora del brutal enfrentamiento

En el 2004, otro evento conmocionó a toda la sociedad hondureña, 108 reclusos de la cárcel de San Pedro Sula murieron calcinados al incendiarse una de las celdas.

La tragedia se repitió en Comayagua en febrero de 2012, siendo esta la más mortífera, 306 personas perdieron la vida. Incluida la esposa de uno de los reclusos que estaba pasando el "Día de los Enamorados" con su pareja la noche del voraz incendio.

Después de cada tragedia se han emitido decretos de emergencia, pero a la fecha los penales del país continúan en la misma situación que cuando salió a la luz el primero.