CONGRESO DA GOLPE A LA CORTE SUPREMA Noticias
Lunes 17 de diciembre de 2012

Jura como magistrado Víctor Manuel Lozano

11:11 pm  - Carlos Girón : 

Mauricio Oliva y Chang Castillo le tomaron la promesa

El abogado Víctor Lozano, tras ser juramentado ayer en el Congreso Nacional.
El abogado Víctor Lozano, tras ser juramentado ayer en el Congreso...
Tegucigalpa,

Honduras

El abogado Víctor Manuel Lozano fue juramentado ayer en el Congreso Nacional como magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Honduras y sería el cuarto que hacía falta luego de la destitución de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional.

Los otros tres, Silvia Trinidad Santos, German Vicente García García y José Elmer Lizardo Carranza, fueron juramentados la mañana del pasado 12 de diciembre, fecha que también fueron destituidos los cuatro antecesores.

El acto fue sencillo y rápido, desde antes que subiera a las curules de la Junta Directiva del Congreso Nacional, ya lo esperaba el vicepresidente del Legislativo, Mauricio Oliva, y el secretario Rigoberto Chang Castillo, quienes le tomaron la promesa de Ley.

Tras ser juramentado, salió por la parte posterior del Hemiciclo para impedir algún tipo de contacto con los miembros de la prensa que cubrían la sesión. Con Lozano, la Corte Suprema de Justicia, que originalmente debe estar integrada por 15 magistrados, ahora cuenta con 19, porque los cuatro despedidos, aseguran que no obedecerán órdenes ilegales, en consecuencia continuarán en sus cargos.

Los magistrados separados por el Congreso son José Francisco Ruiz Gaekel, Rosa Linda Cruz Sequeira, José Antonio Gutiérrez Navas y Gustavo Enrique Bustillo Palma.

Su destitución, según el Congreso, ocurrió por haber emitido un fallo judicial declarando inconstitucional una ley que contiene las pruebas de confianza para depurar la Policía, cuando esa ley, dos días antes de esa resolución ya había caducado.

Los magistrados y otro sector de la sociedad, en primera instancia aseguran que el Congreso no tiene facultades para destituirlos, sin embargo, el Congreso se ampara en la facultad para improbar la conducta administrativa de los funcionarios públicos. 

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Vía Pública

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