Los próximos cinco días serán cruciales para la solución de la crisis de la cuarta urna ilegal, en tanto el Congreso Nacional aprueba la Ley Especial que reglamenta la aplicación del plebiscito y el referendo.

La reglamentación de estas figuras daría al traste con el proyecto del Poder Ejecutivo de colocar una cuarta urna en las elecciones generales de noviembre para convocar a una Constituyente bajo el supuesto de que la población la solicitó en una encuesta que se realizará el 28 de junio, pese a que este acto ha sido declarado ilegal e improcedente.

La discusión, en su tercero y último debate de la Ley del plebiscito y referendo, está prevista para el próximo lunes, mientras la comisión de dictamen realiza las últimas consultas a las organizaciones de la sociedad civil y el presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, logra un consenso con el gobernante Manuel Zelaya Rosales en cuanto a que su iniciativa de consultar al pueblo se realice por el único mecanismo legal que reconoce la Constitución de la República: el plebiscito y el referendo.

"Debería poner fiesta"

Sobre el particular, el candidato presidencial del Partido Liberal, Elvin Santos Ordóñez, declaró que el presidente Zelaya "debiera estar contento porque su pretensión de una consulta popular se hará realidad apegada a la legalidad con la Ley especial del plebiscito y referendo".

"Estamos felices con lo que el Congreso Nacional ha avanzado en la reglamentación de las figuras de consulta reconocidas por la Constitución de la República. Creo que éste es el resultado inmediato de las reuniones que se han producido entre el presidente Zelaya y el titular del Congreso Nacional, Roberto Micheletti", declaró Elvin Santos.

"Para mí el presidente Zelaya debiera estar contentísimo, es más, debería poner fiesta porque lo que él ha propiciado ya se está legalizando y eso es una gran noticia para el pueblo hondureño".

"Eso no sirve"

Sin embargo, con su tradicional sarcasmo, el presidente Zelaya ha dicho en torno a la Ley del plebiscito y referendo que "eso no sirve", a su juicio, porque no permite modificar los artículos pétreos.

Zelaya reiteró que su intención es convocar a la Asamblea Nacional Constituyente, una propuesta que la oposición considera que es para consolidar su plan político de imponer un nuevo sistema de gobierno y perpetuarse en el poder.

"Puede ir preso"

Sobre la persistencia del mandatario, la ex designada presidencial y miembro de la Alianza por Honduras en Paz y Democracia, Armida de López Contreras, dijo que Zelaya puede ir preso por invocar el rompimiento constitucional.

Señaló que resulta difícil hacer una análisis de los argumentos que plantea el presidente Zelaya en su defensa de la encuesta ilegal "porque siempre miente".

Lo que sí tiene claro es que la verdadera intención de Zelaya es seguir en el poder más allá de los cuatro años que indica la Constitución porque "quiere imitar a Hugo Chávez", declaró la ex designada.

Reiteró que la encuesta de opinión está al margen de la ley porque es el inicio del proceso para romper el orden constitucional y quienes "lo promuevan pueden ir presos".

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo ordenó que se suspendiera toda actividad relacionada a la encuesta y la cuarta urna mientras resuelve una demanda interpuesta por el Ministerio Público para que las declare ilegales definitivamente.

Las Fuerzas Armadas piensan presentar en las próximas horas el estudio legal que ha hecho de la orden presidencial de custodiar la encuesta de opinión.

Fundación Arcadia denuncia a Mel ante el MP

Tegucigalpa. La Fundación Arcadia, con sede en Washington, formalizó una petición al Ministerio Público para que se incoen acciones penales contra el presidente Manuel Zelaya, dos de sus ministros y el jefe de las Fuerzas Armadas.

Esta fundación, a través de su vicepresidente Robert Carmona-Borjas, interpuso una formal denuncia en contra del mandatario, el ministro de la Presidencia Enrique Flores Lanza; el de Defensa, Edmundo Orellana, y contra el jefe de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez Velásquez.

La denuncia se enmarca en la supuesta comisión del delito de desobediencia en que habrían incurrido los cuatro funcionarios al hacer caso omiso a la sentencia emitida por el Juzgado Contencioso Administrativo que suspende la encuesta del último domingo de junio. En la denuncia se hace referencia a la conferencia de prensa realizada el pasado 29 de mayo en la que con la participación de los hoy denunciados se informó de la emisión del decreto PCM-027-2009 señalando que el Ejecutivo instruye a las Fuerzas Armadas a apoyar dicha encuesta con el fin de derogar la Constitución.

La Fundación Arcadia expone que dicha orden es ilegal por mandato judicial, por lo cual no debe ser atendida por el cuerpo castrense.