El Gobierno pidió al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Ban Ki-moon, publicar el informe de un consultor contratado por ese organismo sobre la crisis política del país, que considera constitucional la destitución de Manuel Zelaya.

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La petición fue hecha por el canciller Carlos López a Ban Ki-moon en una carta que le envió el pasado 23 de octubre y que fue divulgada ayer por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

No hay que ocultarlo

“Le exhorto, señor secretario general, a que haga público el informe jurídico sobre la situación en Honduras realizado por consultores contratados por la Secretaría General de la Organización (de las Naciones Unidas, ONU) a través del Departamento de Asuntos Políticos.

No debería haber motivo para ocultarlo”, expresó López en la carta.

Indicó que esa solicitud se enmarca en la “búsqueda de transparencia y veracidad” sobre la crisis causada el 28 de junio.
El informe del consultor asegura que la destitución de Zelaya fue “constitucional y de acuerdo con las leyes del país”.

López le pidió a Ban Ki-moon que “valore los logros” del diálogo entre comisiones de Micheletti y Zelaya en la búsqueda de la salida de la crisis que está suspendido desde el viernes por desacuerdos sobre la restitución.

Le solicitó que “exhorte a todos los Estados miembros de la Organización a que lo apoyen constructivamente (el diálogo), absteniéndose de recurrir a las amenazas y a actos concretos de agresión violatorios de la Carta de las Naciones Unidas e incompatibles con los propósitos y principios del derecho internacional”.

Acuerdo negociado

La Cancillería expresó ayer el deseo del Gobierno de encontrar un “acuerdo negociado”. La ONU celebra este día el sexagésimo cuarto período ordinario de sesiones, en que supuestamente se analizará el documento “La situación en Centroamérica: progresos para la configuración de una región de paz, libertad, democracia y desarrollo”, razón por la que el canciller solicitó, a nombre de Honduras, ser escuchado.

La carta dice: “Honduras -no obstante la intransigencia de la otra parte- continúa comprometida en la búsqueda de un arreglo negociado, en el marco del derecho hondureño, como cuestión doméstica que es y que no amenaza la paz ni la seguridad internacionales”.