Un grupo de 16 diputados que redactaron la actual Constitución advirtieron ayer que se cometería delito de traición a la Patria el sólo hecho de proponer una Asamblea Nacional Constituyente.

Advirtieron que no se puede convocar a una Constituyente a menos que se busque dar un golpe de Estado.

Estos veteranos políticos se reunieron en un hotel capitalino para dejar sentada su posición en torno al tema de la cuarta urna propuesta por el Gobierno y la urna constitucional planteada por el Partido Nacional.

Pueblo en riesgo

Su posición está plasmada en un documento en el que aparecen los nombres de Irma Acosta de Fortín, Rafael Pineda Ponce, César Montes Lagos, Víctor Manuel Galdámez, Juan de la Cruz Avelar, Mario Prieto, Oswaldo Laínez y Nelson Eddy Barralaga.

Además, Enrique Aguilar Paz, Jacobo Hernández Cruz, Nicolás Cruz Torres, Ramón Hernández Alcerro, Leonidas Rosa Bautista, Ignacio Rodríguez Espinoza, Roberto Cantero, Jesús María Herrera Regalado y Andrés Galindo Castellanos.

"No hay necesidad de convocar a una Constituyente, a menos que se quiera dar golpe de Estado y se quiera cambiar todo lo establecido por los artículos pétreos", afirmó Irma Acosta de Fortín.

"¿Sabe el pueblo que está en riesgo de perder sus conquistas sociales al reformar los artículos?", se preguntó Fortín, que al mismo tiempo respondió que "al convocar una Constituyente están en riesgo estas conquistas".

No debe ser modificada

En una conferencia de prensa ofrecida por Pineda Ponce, Acosta de Fortín y Aguilar Paz coincidieron en que la Carta Magna elaborada por ellos no debe ser modificada por ningún punto.

"Cometen delito de traición a la Patria las personas que propongan derogar la Constitución vigente o los artículos pétreos, por cualquier procedimiento", argumentan.

Los constitucionalistas dijeron que la principal ley del país puede ser reformada en su totalidad, con excepción de los artículos pétreos.

"La propia Constitución establece que es inderogable. Por tanto, es ilegal proponer redactar una nueva Constitución. Los constituyentes diseñamos una Constitución que, aunque puede ser reformada casi en su totalidad, no pierde su vigencia, a efecto de garantizar a perpetuidad el régimen democrático, representativo y participativo".

Recuerdan, además, que las figuras del plebiscito y referéndum, de reciente creación, pueden ser utilizados para reformar la Carta Magna.

Quienes cometen delito de traición a la Patria "deberían ser cesados en sus cargos, perder sus derechos políticos y el Congreso Nacional podrá decretar la incautación de la totalidad o parte de sus bienes para resarcir a la República de los perjuicios que le causen por la suplantación de la soberanía popular, la usurpación de los poderes constituidos y la infracción de la norma constitucional obligatoria de mantener la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República".

"Esta responsabilidad", agregan, "es imprescindible y deberá ser deducida por las actuales autoridades o por las autoridades que en el futuro restablezcan su efectiva vigencia".

Cancelar las ONG

Los constituyentes sugieren a, quien corresponda, cancelar la personalidad jurídica a aquellas entidades civiles y organizaciones no gubernamentales que sean igualmente responsables de la violación de la Constitución de la República.

Piden al Congreso Nacional elegir un Consejo Constitucional que se encargará de proponer las reformas que, antes de ser aprobadas, deben ser sometidas a referéndum del pueblo hondureño.

Finalmente, los ex diputados aplauden la iniciativa de entidades que están luchando por la defensa del Estado de derecho.

Gobierno reacciona molesto

Molestos y contrariados reaccionaron funcionarios del Gobierno por la advertencia de los constituyentes de 1982 de que los artículos pétreos de la Carta Magna son irreformables, so pena de castigos penales para quienes desobedezcan.

Funcionarios del Poder Ejecutivo volvieron a defender el zarpazo que promueven para la Ley Primaria al querer instalar una cuarta urna para noviembre.

"El pueblo es el soberano, nada es perpetuo, nada es inderogable, todo tiene que irse adecuando a las necesidades de los tiempos", dijo el ministro Enrique Flores Lanza, a quien se investiga por una intentona golpista el pasado 25 de enero, denunciada por el diputado liberal Wenceslao Lara.

Lanza criticó que los que conformaron la Asamblea Nacional Constituyente de 1982 no tienen moral para decir que se violaría la Constitución al convocar a una nueva asamblea porque ellos tienen 30 años de estarlo haciendo por defender intereses económicos. La gerente de la Enee, Rixi Moncada, aseguró que los que adversan la conformación de la Constituyente es porque tienen temor de que la nueva Constitución les quite los abusos que han cometido con ganancias exageradas por medio de sus compañías.

El secretario privado del Presidente, Enrique Reina, lamentó que el Tribunal Supremo Electoral haya prohibido los anuncios de la muy publicitada cuarta urna.