Investigan asignación a FF AA para aeropuerto

La millonaria asignación de fondos a las Fuerzas Armadas para la habilitación de Palmerola como aeropuerto comercial le traerá consecuencias legales al presidente Manuel Zelaya.

El Tribunal Superior de Cuentas, TSC, decidió tomar cartas en el asunto y anunció una investigación sobre si este proceso de asignación de fondos se hizo con transparencia y exigirá una rendición de cuentas del destino que se le dé a la millonaria asignación.

Por orden del presidente Zelaya, se entregarán 12.5 millones de dólares (237.75 millones de lempiras) a las Fuerzas Armadas para la construcción o habilitación de un aeropuerto comercial en la base de Palmerola.

Los fondos provienen de la cuenta de Petrocaribe y se ejecutará mediante un proceso de contratación directa, es decir, sin licitación, tal y como lo contempla la Ley de Contratación del Estado.

Esta determinación de Zelaya ha causado el rechazo unánime de la sociedad capitalina, tanto por querer despojar a la capital de una terminal aérea como por la supuesta irregularidad al asignarle a la institución castrense una millonaria cantidad de fondos.

Legisladores, analistas políticos, empresarios y hasta el alcalde capitalino Ricardo Álvarez ven con suspicacia que Zelaya destine millonarios fondos y sin un riguroso control a las FFAA, en momentos en que se pretende derogar la actual Constitución de la República mediante una supuesta Asamblea Nacional Constituyente.

Sobre la supuesta arbitrariedad al asignar los millonarios recursos a las FFAA, el director ejecutivo del TSC, Moisés López, advirtió que “se va a conocer a profundidad cuál es el tipo de acuerdo, cuáles son las condiciones, de qué manera fueron aprobados o destinados estos fondos para esta obra”, advirtió el director.

“Yo entiendo que emergencia no hay ninguna, esto más bien se trataría de un abuso si está pensándose que no se va a rendir cuentas y que se van hacer las compras de manera directa, porque eso está obviando los procedimientos que la ley señala; están incurriendo en responsabilidad y lógicamente el Tribunal, frente a esta situación, tiene que intervenir porque no puede permitirse que cualquier ciudadano, cualquiera que fuere el rango, pase por sobre la ley y no respete la misma en bien de los bienes del país”, expresó López.
En su investigación, el TSC verificará si en el proceder del Ejecutivo se cumple lo estipulado en la Ley de Contratación del Estado.

“Si eso no existe, lo lógico es que no debe haber ninguna contratación directa, sino seguir el procedimiento que señala la Ley de Contratación del Estado”, precisó el director.