Mel pudo haber cometido delitos: Zapatero

Durante una entrevista a Radio Nacional de España, José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno español, ha admitido que Manuel Zelaya hubiera “podido cometer actos que le lleven a un enjuiciamiento político o en los tribunales”´.

Esta frase confirma que Zapatero tiene un informe de la diplomacia española donde se cuentan las razones políticas y jurídicas de la destitución de Zelaya.

Zapatero exigía también la restitución del depuesto presidente de Honduras y afirmaba que “podemos discutir la gestión de Zelaya, pero lo que es indiscutible es que a un Presidente no se le puede secuestrar por unos militares y sacarle del país”.

Para Zapatero, “esto es indiscutible” y advertía que “quebrar este principio” puede “abrir la puerta” a los golpes militares en Latinoamérica”.
En dicho informe diplomático se califica como “error” la deportación de Zelaya a Costa Rica, pero tambien se aventuran las razones por las cuales el ejército cumplió una orden del Tribunal Supremo para detener a Zelaya, que no su deportación y expulsión del país. Al parecer, esta medida fue ordenada por la autoridad provisional que lo era, según la Constitución, el Congreso Nacional y en concreto su presidente Roberto Micheletti.

¿Las razones? Al parecer, aseguran, la permanencia de Zelaya en Honduras hubiera desencadenado una confrontación violenta con algunos de sus partidarios. Informes de seguridad nacional comprobaron que semanas antes del referendo, Zelaya, que ya sabía que sería prohibido, había pedido ayuda a Hugo Chávez y Daniel Ortega, habiéndose detectado la presencia de elementos armados procedentes de Venezuela y Nicaragua.

El informe
Fuentes diplomáticas han confirmado a eldiarioexterior.com que el ministro español de asuntos exteriores, Miguel ángel Moratinos, tendría en su poder un informe del embajador de España en Tegucigalpa, Ignacio Rupérez, que justificaría de alguna manera que la Comunidad Internacional ha calificado como golpe de Estado.

En dicho informe se relatan los acontecimientos sucedidos en Honduras antes del arresto y expulsión del ex presidente Zelaya y la posición del Congreso Nacional de Honduras, incluidos gobierno y oposición, la del tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía de la República.
Podría acreditarse en dicho informe que el depuesto presidente Zelaya hubiera incurrido en uno o varios delitos y que el Ejército hondureño cumplía órdenes del Tribunal Supremo.

Recuerda dicho informe que el decreto presidencial para convocar el controvertido referendo fue promulgado el día anterior sin observarse los plazos constitucionales para ello, vulnerando un dictamen del Consejo Electoral Nacional, el Congreso y el Tribunal Supremo.

Seguiría el informe diciendo que la destitución por parte de Zelaya del jefe de las Fuerzas Armadas lo fue al negarse éste a acatar su orden de proceder a asegurar una consulta que las autoridades judiciales habían prohibido.

Éste fue el hecho que desencadenó los acontecimientos y obligó al Tribunal Supremo a emitir una orden de arresto de Mel Zelaya.