“Sentencias ejemplares” promete fiscal general
El fiscal general de la República, Luis Alberto Rubí, advirtió ayer que ya tiene nombres de los funcionarios hondureños que habrían recibido más de 20 millones de lempiras en sobornos de parte de una empresa estadounidense y que termina de obtener las pruebas para, con los juicios, lograr que sus condenas sean ejemplificantes.
Rubí se refirió al escándalo por sobornos en Hondutel que salió a la luz la semana anterior cuando una empresa de telecomunicaciones de Miami, LatinNode, se declaró culpable de sobornar a funcionarios hondureños para conseguir una reducción de tarifas. Los funcionarios recibieron 1.09 millones de dólares en sus cuentas de bancos, según la declaración de culpabilidad de la empresa en una corte del sur de Florida. La empresa fue sentenciada a pagar dos millones de dólares por el delito. Ésta fue enjuiciada por ir en contra del Acta de Prácticas Corruptas Extranjeras de la legislación norteamericana.
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Sobre el tema, el diario miamense El Nuevo Herald publicó las declaraciones del ex subsecretario de Estado de EUA, Otto Reich, quien dijo que el presidente Manuel Zelaya "ha permitido o ha alentado este tipo de prácticas y ya veremos que él también está detrás de esto".
Este nuevo escándalo sacude al actual Gobierno, que reaccionó anunciando una demanda por difamación contra Reich, aunque diferentes sectores exigen que se revelen los nombres de a quiénes se les pagó la millonaria suma y que no se gasten dineros del pueblo en demandas personales.
Por otra parte, el Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, recuerda que estas mismas denuncias de sobornos y corrupción en la estatal de telecomunicaciones ya las habían hecho en 2007, pero que no hubo voluntad política ni jurídica para proceder contra los implicados.
Ya hay nombres
Ante el escándalo de corrupción y sobornos, el Fiscal General hondureño dio una breve pero contundente conferencia de prensa, en la que señaló que ya tiene los nombres de los implicados, casi redactados los requerimientos fiscales en su contra y que sólo falta la sentencia de la Corte estadounidense para tener más elementos y proceder a acusar, tanto a funcionarios nacionales como a los ejecutivos extranjeros que cedieron el soborno.
"Esperamos que nos venga la certificación del fallo de Estados Unidos y las investigaciones que estamos concluyendo con el Tribunal Superior de Cuentas. Estamos preparando la asistencia judicial para que se nos mande la certificación del expediente en el cual hay una declaración de confesos a la comisión de un delito, una vez que lo tengamos vamos a hacer la acción que se requiere. De no tener la agilidad necesaria vamos a tener listos a los fiscales para que vayan a conocer los expedientes y lógicamente a deducir la acción penal", dijo Rubí.
Agregó que lo claro es que "se ha cometido un delito, hay un hecho criminal, y de ese hecho alguien es responsable y de eso nosotros prácticamente tenemos indicios de quiénes son los responsables y podría decir que tenemos dos requerimientos fiscales, un requerimiento fiscal contra los hondureños y otro contra los socios de LatiNode. Sería por delitos que podrían ir desde fraude, corrupción y podríamos meter delitos de abuso de autoridad, cohecho. Estamos prácticamente esperando que venga la sentencia porque nacen nuevos delitos, aparte de los que he mencionado".
Sentencias ejemplares
Al pedirle los nombres de las personas que serán requeridas, dijo que se le permitiera no mencionarlos: "Pero tengan la plena convicción que tenemos indicios fuertes de quiénes son y tenemos redactados los requerimientos fiscales para deducirles responsabilidades".
"Nosotros habíamos avanzado en las investigaciones, pero al venir la confesión prácticamente en esta sentencia nos han dado nuevos elementos, nuevas pistas y han nacido nuevos delitos que vamos a solicitar ante los tribunales de justicia", indicó.
Se refirió también a la acción del presidente Zelaya de enviar una delegación a Estados Unidos para demandar a Otto Reich, indicando que si el mandatario se siente perjudicado tiene derecho a ejecutar las acciones que crea convenientes.
"Nosotros aquí en Honduras vamos a hacer lo que la ley me manda y es ejercer la acción penal a quienes resulten culpables de cometer los delitos. "Va a ser un requerimiento que va a ir con todas las pruebas y vamos a obtener sentencias que van a ser ejemplares en este país", adelantó.
Ya lo habían denunciado
Entre tanto, Miguel Ángel Domínguez, director Ejecutivo del Consejo Nacional Anticorrupción, indicó que desde 2007 denunciaron los actos de corrupción cometidos en Hondutel, pero han visto poco interés político y legal para proceder contra los corruptos.
"Lo primero que debió hacer el Poder Ejecutivo fue sentarse con los entes contralores para que inicien las investigaciones y después ir afuera del país. En el CNA hace dos años mencionamos este tipo de situaciones y se vuelve a tocar el tema, que la Fiscalía y el Tribunal Superior de Cuentas digan qué han investigado".
Agregó que "este caso de Hondutel se ha mantenido por mucho tiempo. La pregunta es qué han hecho los entes contralores, porque los casos no vienen de este mes sino de años anteriores. No sabemos qué seguimiento tienen los entes contralores. La vía legal es que los organismos hagan sus acciones y que haya una voluntad política hasta llegar al fondo del caso; mientras no tengamos el ambiente de voluntad legal y de voluntad política vamos a sentir que la noticia desaparecerá. Pero es tan grave la situación del país, que el Gobierno no debería permitir que como Estado nos sigan manchando".
Fue más allá al señalar que los últimos informes de Transparencia Internacional no indican mejorías y con casos como éste, de Hondutel, sólo validan la percepción de corrupción que tiene la sociedad.
"Nuestros funcionarios son servidores públicos, si no hacen las cosas enmarcadas en ley nos preocupa como ciudadanos, nos preocupa que se desvían recursos para otras situaciones cuando hay temas más importantes, como educación, salud y la pobreza. Pero a nosotros nos correspondió hacer las observaciones al Ministerio Público y al Tribunal de Cuentas, les dimos seguimientos, pero los responsables son los entes contraloes", dijo.
No hubo apoyo
Tras la denuncia pública de corrupción en Hondutel, que hizo el CNA hace dos años, dijo que se ha visto la voluntad política de resolver los casos, hasta se formó una comisión con notables para investigar y darle seguimiento; pero no se recibió el apoyo del Gobierno.
"En el informe reflejamos indicios de corrupción, pero no queremos caer en personalizaciones sino más bien en las situaciones de seguimiento de los entes, porque puede ser este señor o cualquier otro señor, a nosotros no nos toca calificar sino al ente investigador. El informe nuestro dice que existían indicios razonables, racionales de que existía corrupción, pero los organismos apropiados deben resolver".
En ese informe, en la posición número 4-2007, relacionada con Hondutel cita: "El CNA se opone radicalmente a convertir esta empresa del Estado, con una función estratégica al país, en un foco de clientelismo político al más alto nivel y demanda a la administración de Hondutel que se informe con propiedad y en forma documentada la expansión del personal permanente y por contrato y su relación con el crecimiento real de servicios de la empresa".
"Es necesario hacer más transparente la gestión pública de esta importante empresa estatal, por lo que solicitamos que las actuaciones de oficio iniciadas y realizadas por el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas se profundicen y lleven a resoluciones concretas, brindando información y análisis sobre los siguientes aspectos: Clarificación sobre los acuerdos de corresponsalía internacional suscritos entre la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones y las empresas internacionales, tales como METROCOM INC (Act. 038 – 2006), el Empresa IPIP Corp. (DCT-056-2006) y el resto de contratos con otras empresas nacionales e internacionales".
Además pidió que se investigara el listado de todos los contratos de corresponsalía firmados y los términos de los nuevos contratos, especialmente en el precio de facturación y términos de pago; procedencia y responsables de los contratos firmados, tanto a nivel nacional como internacional; detalle del tráfico nacional e internacional y sus compromisos desde 2000 a la fecha; detalle de los socios y accionistas de las diferentes empresas nacionales e internacionales que han sido favorecidas con contratos de corresponsalía.
Además solicitó, en su caso, identificar y deducir responsabilidades a los funcionarios del Estado, en Hondutel y fuera de Hondutel, así como empresarios que hubiesen utilizado sus cargos e influencias para generar ingresos personales en detrimento de Hondutel y el país.
Demandas del CNA en 2007
1. Exigir a los entes contralores que sus acciones iniciadas y planteadas públicamente sobre el caso de Hondutel el 15 de mayo sean resueltas e informadas con transparencia a la ciudadanía.
2. Propiciar el seguimiento legal, financiero y técnico que corrobore y asegure un análisis integral e independiente de cualquier interés sectorial o de grupo nacional o extranjero que no sea consecuente con el interés del país y de la ciudadanía.
3. Reunirse con los actores participantes vinculados a las telecomunicaciones y a Hondutel: empresa privada, inversionistas, representantes de los consumidores, Conatel, Hondutel, organizaciones de los entes contralores y representantes de la inversión extranjera en este sector, a fin de precisar y conocer la dinámica del campo de las telecomunicaciones y su forma de operar.
4. Exigir al Congreso Nacional una investigación integral que incluya los aspectos financieros y administrativos de la gestión pública de Hondutel, informando con propiedad de los resultados de su gestión financiera auditados por empresas internacionales de solvencia moral. El CNA se compromete a supervisar como instancia neutral esta acción concreta.
5. Exigir en este caso concreto y en función del resultado de las investigaciones que por ley corresponden al TSC y al MP, que se proceda y se ejerciten las acciones que correspondan en los tribunales de justicia competentes.
6. Asimismo, con el propósito de hacer cumplir el peso de la ley contra aquellos funcionarios del Estado que hubiesen participado en actos de corrupción y soborno, privilegios y venta de influencia, que sean investigados los empresarios privados de las compañías fantasmas y las reales que hayan podido participar en estas operaciones delictivas en perjuicio del fisco y el interés del país, presentando el listado completo de las empresas y financieras analizadas y aquellas compañías no autorizadas y que han sido descubiertas, presentando toda la información completa a la ciudadanía.
El CNA una vez más se compromete a dar seguimiento del caso y en los próximos 30 días informar públicamente de las gestiones y avances realizados por los organismos contralores en este caso de Hondutel.
TSC: Gastos de demanda en EUA pueden ser reparables
Tegucigalpa. Sobre la decisión del presidente Manuel Zelaya de enviar una comitiva de ministros a Estados Unidos a demandar por difamación a un ex funcionario de EUA por el escándalo de Hondutel, el Tribunal Superior de Cuentas considera que puede ser reparado por los gastos en que se incurra si al final en la sentencia emitida en Florida no aparece mencionado y menos acusado.
El secretario ejecutivo del Tribunal Superior de Cuentas, Moisés López, indicó que no obstante, si el Presidente se considera agraviado está en todo su derecho de actuar.
"Ahora, si no hay nada y en lo que dicen los medios no sale involucrado, está fuera de las acusaciones, pensamos que se precipitó al hacer una acusación en Estados Unidos por una supuesta acusación. Existen los órganos competentes o la Fiscalía o Procuraduría General las que tendrían que analizar el caso con la sentencia y personas involucradas. Entonces, si no hay procedimientos adecuados podrían ser reparables los fondos del Presidente, si su figura se siente agraviada lo lógico es que se defienda, pero si no aparece en la sentencia no vemos la razón para ir a acusar a EUA".
Sobre el soborno a funcionarios de Hondutel, indicó que el TSC hace una auditoría en Hondutel; pero son más investigaciones en lo administrativo y civil.
El presidente Zelaya envió a la gerente de la Enee, Rixi Moncada, y al ministro de Defensa, Edmundo Orellana, y el secretario privado, Enrique Reina, a buscar un bufete de abogados norteamericanos para entablar la demanda por difamación.
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