El proyecto de decreto que contiene la amnistía, mediante la cual se le pretende poner fin a la crisis política, está listo y será introducido en la sesión plenaria que tendrá el Congreso Nacional el próximo lunes.

El diputado Donaldo Reyes Avelar, miembro de la Comisión Especial que estudia el caso, explicó que el documento precisa cuáles son los delitos políticos y los comunes conexos que serán perdonados a los protagonistas de los hechos ocurridos el 28 de junio que derivaron en la salida intempestiva del ex presidente Manuel Zelaya.

Aclaró que los delitos relativos a enriquecimiento ilícito no están incluidos y será el Ministerio Público el que sabrá qué hacer con las personas sospechosas de haber cometido tales ilícitos.

El delito que la Fiscalía le atribuye a Zelaya, por haber pretendido alterar la forma de gobierno mediante la instalación de una cuarta urna a efecto de instalar posteriormente una Asamblea Nacional Constituyente, está incluido en la amnistía.

También lo está la expatriación forzada de la que fue objeto el destituido mandatario minutos después de haber sido defenestrado de su cargo por parte de los militares.

La sedición, la alteración del orden público, actos de terrorismo, las reuniones privadas en las que se portaban armas para alterar el orden y el abuso de autoridad, igualmente serán perdonados.

Fiscalía requiere a militares

El Ministerio Público, MP, interpuso ayer ante la Corte Suprema de Justicia, CSJ, un requerimiento fiscal en contra de la junta de comandantes de las Fuerzas Armadas por expatriar al ex presidente Manuel Zelaya el pasado 28 de junio.

En esa fecha, en horas de la mañana, las Fuerzas Armadas cumplieron una orden judicial de allanar la vivienda del ex mandatario y proceder a su captura por la acusación interpuesta en su contra por delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones, por el ilegal proyecto de la cuarta urna. Tras la captura de Zelaya, éste no fue llevado a una instancia judicial, sino que fue trasladado a San José, Costa Rica, lo que habría violentado un precepto constitucional.

En consecuencia, el fiscal general, Luis Rubí, acompañado del fiscal especial contra la Corrupción, Henry Salgado, acudieron a la CSJ a interponer la acusación por suponer que los jerarcas castrenses incurrieron en los delitos de abuso de autoridad y expatriación ilegal en perjuicio del Estado. Se pide el inicio del proceso judicial y que tras recibir la declaración de imputados se les dicte detención judicial, informó Rubí.

Los imputados son Romeo Vásquez Velásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto; Venancio Cervantes, subjefe del Estado Mayor; Carlos Antonio Cuéllar, inspector general; Miguel Ángel García, comandante del Ejército; Luis Javier Prince, comandante de la Fuerza Aérea; y Juan Pablo Rodríguez, de la Naval.

“Solicitamos la orden de captura, que se les inicie el procedimiento”, indicó el fiscal Henry Salgado.

Responderán la acusación

El vocero de las Fuerzas Armadas, coronel Ramiro Archaga, declaró que “toda la junta de comandantes responderá ante la autoridad como cualquier ciudadano, si los jueces los llaman se presentaran para responder”.

El coronel reiteró que “todo lo actuado por las FF AA fue basado en ley y si se cree que hay fallas, entonces está la instancia legal y nos vamos a defender”. Sobre la amnistía que aprobará el Congreso Nacional dijo que “no puedo opinar porque se escapa del control de nosotros, porque quien determina si le aplicaría a las Fuerzas Armadas es una autoridad correspondiente, no nosotros”. La acusación originó la reacción de Manuel Zelaya. “Para mí con ese requerimiento fiscal simple y llanamente lo que quieren es poner un manto sobre la verdad”, dijo.