Sus rostros se ven desencajados y sus testimonios son desgarradores. Viven en distintos lugares de Colón, pero comparten el mismo dolor.

La violencia desatada por el conflicto de tierras en el Bajo Aguán les llevó a sus parientes a la tumba. Ahora ellos exigen justicia.
Seis personas han sido ultimadas por la posición de los supuestos campesinos de recuperar las tierras que vendieron en la década del 90.

Cinco de las víctimas son guardas de seguridad de las fincas invadidas. El sexto fallecido es un niño de apenas 13 años.

Según un informe de inteligencia militar, movimientos de izquierda y financiamiento estratégico del narcotráfico estarían detrás de esos grupos de labriegos que mantienen tomadas varias fincas.

Hablan los dolientes

Uno a uno los dolientes decidieron hablar con los enviados de Diario LA PRENSA sin ocultar sus rostros. Sus relatos conjugan dolor y rabia, pero no resignación.

No fue posible llegar hasta sus casas, porque para hacerlo era necesario transitar por carreteras de tierras ubicadas en medio de las plantaciones, donde horas antes los periodistas de LA PRENSA fueron atacados a balazos.

Se realizaron los contactos vía celular, se programó la reunión y llegaron puntuales. Se veían cansados y con la tristeza a flor de piel.

Los familiares se conocieron durante la entrevista y cada uno trataba de buscar consuelo en las palabras.

Entre el grupo de dolientes hay padres, madres, esposas , hijos y parientes que hoy lloran la partida sin retorno de los hombres que eran el bastión de la familia y un niño al que le truncaron las esperanzas y los sueños de convertirse un día en profesional.

Las entrevistados piden al Gobierno que le busque una salida al problema porque de lo contrario el conflicto puede causar más muertes.

“Recibí su cuerpo el día de mi cumpleaños”

“Estas personas -los victimarios- no son campesinos, el campesino no actúa de esa manera.

Cuando una persona pelea tierras lo hace pacíficamente, no camina armada ni con pasamontañas como andan ellos”, dice Froylán Ponce, padre del guardia de seguridad Oliver Renán Ponce.

“Mi hijo tenía balazos y machetazos en su cuerpo y eso no lo hace un campesino”, agregó el acongojado padre, quien recordó que con esa muerte quedaron tres niños huérfanos.

“Nos duele que el Gobierno no haga nada por buscar soluciones, ahorita hay hasta carreteras nacionales por las cuales no se puede transitar por la presencia de grupos armados. De la única forma que se pueden evitar más muertes es si las autoridades actúan. En la zona de Paletales hasta retenes hacen. Imagínese, dice, “el 15 de febrero yo cumplí años y lo que me llevaron de regalo fue el cuerpo de mi hijo muerto.

Viejo, yo voy a ser el que los mantendrá a ustedes”, fueron las últimas palabras que me dijo”.

A medida transcurre la plática, don Froylán se muestra enardecido y con desazón en sus palabras insiste: “Los que me lo mataron no son campesinos, son terroristas”.

“Era mi amor”

En el grupo de parientes que perdieron a un ser querido por el conflicto de tierras se encuentra una esposa, cuya cara refleja dolor y tristeza.

Quedó viuda en diciembre, su compañero Merlin Coca es otra de las víctimas del conflicto. Con su voz entrecortada María Blanca Alicia recuerda que el amor de su vida salió de su casa un fin de semana, tenía que regresar el lunes al cumplir el turno en la empresa de seguridad, pero nunca volvió.

“Hablé a la empresa y me dijeron que estaba desaparecido en las fincas” . Horas después encontraron dos cuerpos y uno de ellos era el de Coca. También le habían arrebatado la vida. Con lágrimas empapando su rostro, la mujer clama por justicia porque hoy tendrá que criar a sus hijos sola. Ellos me preguntan por el papá y yo les digo: ‘Me lo mataron, se fue al cielo’” .

La mujer trata de ser fuerte pero el dolor la traiciona... “Lo conocí y sabía que me quería porque él decía que cuando se juntara con alguien era para estar en hogar”. La viuda recuerda que del salario que su esposo ganaba también le ayudaba a su padres. Hoy lo que pide es ayuda para sus cuatro hijos que nunca más podrán ver a su papá.

“Temí por la vida de mi hijo”

El relato de María es interrumpido por un hombre que muestra una gran fortaleza, pero que se derrumba cuando recuerda la forma en que murió su hijo.

Miguel Ángel Acosta tiene 52 años y su hijo Héctor Orlando Acosta había cumplido 26. “Mi hijo tenía dos hijos y era un muchacho que no sabía nada de armas, pero la necesidad de un salario lo llevó a buscar trabajo como guardia de seguridad.

Siempre temí por su vida porque la situación en el Bajo Aguán es cada día más crítica, parece que los campesinos no quieren dialogar y con muertes nada van a solucionar.

No es justo que personas que sólo cumplen su trabajo resulten muertas tal como sucedió con mi hijo, ellos no tienen que ver con esos problemas. Héctor estaba asignado a la finca Lempira, de allí lo sacaron y se lo llevaron al puente Cacho Buey. Aseguran que los supuestos campesinos estaban escondidos en fosas en medio de la finca y de allí salieron para atacar a los guardias. Los emboscaron, ésa no es forma de resolver el problema; los campesinos tienen que negociar con los dueños de las empresas y no atacar gente humilde.

Hay que ser claros: los campesinos no usan este tipo de armas y eso es lo que deben ver las autoridades”, manifiesta Acosta.

Los guardias Héctor Acosta, Oliver Renán Ponce y Edwin Merlin Coca Romero laboraban para la empresa de seguridad Orión, compañía que presta sus servicios a la Corporación Dinant, una de las que está en conflicto con los campesinos.

Los guardias estaban brindando seguridad en una de las plantaciones cuando fueron emboscados. Inicialmente los reportaron como desaparecidos pero luego los encontraron en el sector conocido como Cacho Buey.

También se reportaron las muertes de José Arnaldo Contreras, quien laboraba directamente con la empresa Dinat; la de Juan Aquilino García ultimado en enero en su casa y en presencia de su esposa e hija y la de un menor de edad cuya sangre también tiñó de rojo las palmeras del Bajo Aguán.