Los 260 millones de lempiras que le subieron de un plumazo y sin justificación a un proyecto para construir una carretera en Olancho no es el único “aumentazo” que realizó Soptravi.

Luego que el diputado Toribio Aguilera en una entrevista exclusiva concedida a LA PRENSA alertara sobre contratos “sospechosos” que fueron remitidos al Congreso para ser aprobados, varios diputados se han animado destapando otros casos.

Costos se quintuplicaron

Al final de la cuarta legislatura del pasado Congreso Nacional llegaron proyectos que “fueron duplicados, triplicados y quintuplicados” con relación a su monto inicial.

“Se quintuplicó el monto de un proyecto de infraestructura en Catacamas, Olancho y se elevó el valor de otros en El Progreso y en la capital”, indicó el diputado Miguel Ángel Gámez.

El congresista dirigió el Fondo Vial durante el gobierno de Ricardo Maduro y fue miembro de la comisión legislativa de infraestructura que dictaminó sobre esta danza de contratos, algunos aprobados por el pleno de la Cámara Legislativa.

“Pido que se investigue a profundidad todos los proyectos, porque uno de ellos, situado en Catacamas, su monto no se duplicó, sino que se quintuplicó. Su monto es increíblemente caro”, expresó con asombro el diputado.

“Si se revisan todos los proyectos se darán cuenta que no sólo se duplicó su monto, sino que se multiplicaron por cinco y por diez”, recalcó Gámez.

Respondió que esta situación “le da risa y lo motiva a reflexionar”, cuando se le preguntó si estas alzas en el presupuesto son justificadas.

La función de los diputados establecida en la ley es de aprobar o improbar los proyectos que se presentan a la Cámara Legislativa, pero no la de jugar un papel de “inquisidores”, expresó.

En la entrevista que concedió a LA PRENSA, el parlamentario Toribio Aguilar aseguró que se le “debe poner ojo a todos los contratos de Soptravi, porque desafortunadamente fueron aprobados a la carrera”.

Otro contrato

Mediante contrato firmado el 22 de julio de 2009 entre el entonces ministro de Soptravi, Rosario Bonano, y el representante de la Empresa Constructora Ingenieros Calona de Honduras, se suscribió la modificación al contrato de construcción del proyecto “Pavimentación de las calles de acceso a la capitalina colonia San Francisco”.

Según el Diario Oficial La Gaceta del pasado 14 de enero, el contrato original valoraba la ejecución de estas obras en un monto total de 33,230,674 lempiras, pero se amplió a 71,812,462 lemprias. O sea que se elevó en 115%.

“La explicación que brindaron los funcionarios de Soptravi cuando se les consultó fue que se cambió el contrato de servicios.
Se nos dijo que por ser un bulevar, el contrato anterior no contemplaba la instalación de alcantarillado sanitario, aguas negras y alumbrado eléctrico”, explicó Gámez.

La obra de pavimentación de las calles de acceso a la colonia San Francisco tiene una longitud de 2.5 kilómetros.

La obra está cargo de la compañía constructora Ingenieros Calona de Honduras, Incah, y supervisada por Socoyco S de RL.

La constructora se comprometió, en la condiciones anteriores, a culminar este proyecto en marzo del presente año, luego construirán la última etapa de pavimentación desde el redondel de la San Francisco hasta salir al anillo periférico.

Frenarán decretos

Ante los escándalos que giran principalmente en torno a Soptravi, el Congreso Nacional dictamina un proyecto de ley orientado a detener todos los contratos, concesiones, acuerdos o arreglos remitidos, principalmente del Ministerio de Obras Públicas y Transporte.
La iniciativa la presentó el diputado oficialista Rolando Dubón Bueso.

El presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, nombró una comisión para que lo dictamine y proceder posteriormente a su debate ante el pleno.

El proyecto de ley va orientado a detener concesiones como la de la represa “José Cecilio del Valle”, conocida como “Nacaome”, en Choluteca, nombramientos de directores departamentales en Educación, contratos irregulares en Salud, hasta contratos laborales en el Pani, Hondutel y otras instituciones, así como algunos contratos en la Empresa Nacional Portuaria y proyectos carreteros.

Además abarca la emisión de permisos de operación en la Dirección General de Transporte.

La propuesta de Dubón Bueso no es específica, pero en las generalidades abarca todo ese tipo de contratos o acciones que fueron denunciados como irregulares en los últimos meses.

Se comprometió al país

En la exposición motivada de Dubón, a través la propuesta de ley, establece que los contratos deben frenarse porque se debe estar “conscientes de la difícil situación económica heredada al actual Gobierno debido al manejo inadecuado de los recursos económicos”.

El diputado afirma que en muchos de los casos se comprometió al país más allá de su capacidad económica y señaló un endeudamiento interno sin precedentes, el que gran parte es de plazo ya vencido o está por vencerse; compromisos de pago de salarios; transferencias obligatorias como las municipales y fondos de reducción de la pobreza. Compromisos estos que de manera responsable deben enfrentarse de inmediato”, apuntó.

Agrega que el artículo 205, numeral 19 de La Constitución de la República, establece aprobar o improbar los contratos que llevan exenciones, incentivos y concesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos al siguiente período o Gobierno de la República”.

Asimismo, “el propósito de tal norma radica en evitar que los titulares de las instituciones estatales suscriban convenios o contratos a cargos de un nuevo periodo constitucional, por cuanto el Gobierno planifica su acción administrativa y exigencias que demanda un periodo determinado o el constitucional”.

Luego, en la exposición de motivos se establece que el artículo 68 de las disposiciones normativas del Presupuesto General de la República del ejercicio fiscal 2009, “limita específicamente el nombramiento o contratación de servicios personales sin contar previamente con la asignación presupuestaria correspondiente”.

Presidente dice que esperará informe

La denuncia de Aguilera establece que la pavimentación de la carretera sufrió un incremento de 150 millones, en que estaba originalmente, a 410 millones, sin mayores explicaciones.

Al respecto, el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, dijo que esperan el informe de una comisión parlamentaria y además otra investigación a los últimos tres meses de administración del Congreso anterior porque ése fue el espíritu de la Cámara y fue aprobado por unanimidad.

“Lo que sí garantizo es que con los informes tomaremos la decisión consecuente con los intereses del país”, apuntó Hernández.

“El caso de la carretera de Olancho es parte del esquema de poder rectificar los errores que se hayan cometido anteriormente, uno es consecuencia del otro”, dijo.

Entre tanto, Rigoberto Chang Castillo, secretario del Congreso, dijo que todos los diputados tienen iniciativa de ley y que cualquiera que presente una propuesta se lleva a debate.

La semana pasada sólo levantaron la mano 15 diputados y la mayoría simple son 65 diputados, afirmó.

Analizan derogar concesión de represa de Nacaome

Cada día cobra más fuerza la idea en el Congreso Nacional de anular la concesión otorgada por este poder del Estado a una compañía italiana que tiene socios hondureños cobijados en la Empresa Mercantil Hondureña Eléctrica Nacaome, Enasa.

La concesión de la represa “José Cecilio del Valle”, ubicada en el departamento de Valle, fue aprobada a la velocidad del rayo el 13 de enero por el anterior Congreso Nacional, horas antes de clausurar su cuarta y última legislatura.

La iniciativa surgió del ministro de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Soptravi, José Rosario Bonano, según dijo el ministro de Recursos Naturales y Ambiente, Valerio Gutiérrez, quien no fue tomado en cuenta.

El diputado por Comayagua Valentín Suárez fue el encargado de “convencer” al resto de diputados para que firmaran el dictamen, según palabras del congresista Miguel Ángel Gámez.

Se trata de una concesión por 25 años durante los cuales el consorcio honduro-italiano, cuyos socios no se han revelado aún, administrará los ingresos que le generen la producción de energía, agua potable y sistemas de riego. A cambio, construirá ocho cortinas a un costo de ocho millones de dólares.

Coincidencia para anular

Los jefes de las bancadas de los partidos políticos, incluyendo a José Alfredo Saavedra, presidente del Congreso en ese entonces, coincidieron en señalar que si se confirman irregularidades, a este nuevo Poder Legislativo no le quedará de otra que anular la leonina concesión. Saavedra reveló que en este caso hay “un juego de intereses” que vale la pena investigar a profundidad. “El pueblo tiene derecho a saber la verdad”, dijo el diputado por Valle, en cuyo período fue aprobada la concesión. Si la conclusión es que hubo irregularidades, hay que cancelar la concesión, dijo Saavedra.

El jefe de la bancada nacionalista, José Celín Discua, dijo que el Partido Nacional está esperando el informe de la comisión de diputados para tomar una determinación al respecto.

Si hay irregularidades, el Partido Nacional se pronunciará a favor de derogar el decreto que aprueba el contrato que se basa, aparentemente, en la Ley de Promoción y Desarrollo de Obras Públicas y de la Infraestructura Nacional. “El Congreso tiene que hacer una investigación completa”, dijo Discua, quien, pese al conflicto que ha generado la concesión, considera que el sur merece desarrollarse.

El presidente del Colectivo de la UD, Marvin Ponce, dijo que su partido pedirá la cancelación inmediata de este contrato y no descartó que detrás estén altas personalidades políticas y económicas acostumbradas a hacer sucios negocios con los bienes del Estado.

Orle Solís, de la Democracia Cristiana, dijo: “Lo importante es que se aclare porque el Congreso Nacional no puede emitir decretos irregulares. Lo correcto es que se pronuncie la Secretaría de Recursos Naturales”, como lo establece la Ley de Concesiones. No fue posible conocer la opinión de ningún representante pinuista.