Honduras
“Ya le hice la advertencia a la junta directiva del Congreso para que le ponga ojo a un contrato que fue firmado originalmente por 150 millones para construir una carretera en Olancho y que ahora fue elevado a 410 millones sin ninguna justificación ”.
Toribio Aguilera, diputado por Cortés, es quien alerta sobre este nuevo escándalo que se avecina, después del aluvión de la semana pasada por la concesión de la represa de Nacaome a un consorcio italo-hondureño.
En entrevista exclusiva brindada a LA PRENSA, Aguilera también señala que una empresa de agregados que tiene una concesión para exportar por el muelle de Puerto Cortés está pidiendo una ampliación del convenio hasta el 2030.
“La empresa propone que si le amplía la concesión construirán un muelle para ellos y otro para la Empresa Nacional Portuaria, pero aún no se aprueba porque no conocemos cuál es el plan maestro de crecimiento de la ENP”.
Aguilera es un experimentado parlamentario que ha representado a Cortés durante tres periodos en la Cámara Legislativa y ahora se encuentra en el cuarto.
Producto de la experiencia acumulada, dice: “A los diputados nuevos lo que les recomiendo es que sean analistas e investigadores”.
Actualmente forma parte de una comisión que investiga los pormenores del proceso de concesión de la represa de Nacaome. En esta entrevista exclusiva también habla sobre cómo ve las primeras decisiones tomadas por Porfirio Lobo Sosa como presidente de la República.
¿Qué opinión tiene sobre la concesión de la represa de Nacaome?
Yo formo parte de la comisión de investigación de ese proyecto y estoy preocupado.
El jueves firmamos en nombre de la comisión con la diputada Ana García una carta dirigida al presidente del Tribunal Superior de Cuentas, al Fiscal General de la República y al ministro de Soptravi para que investiguen todo el proceso.
El TSC, de acuerdo a la ley, después que se concede una licitación tiene responsabilidad de analizar el contrato. El Fiscal verificar si hay actos que han violentado la ley y tiene la facultad de actuar a petición del Congreso Nacional. No olvidemos una cosa, el Congreso no sólo tiene la función de aprobar leyes sino también es responsable en el tema de controlaría.
Al ministro de Soptravi le estamos solicitando que nos dé toda la información del proceso de selección de firmas y adjudicaciones del otorgamiento de esta concesión.
Si ha habido una violación a la ley, los órganos respectivos tienen que proceder y nosotros -el Congreso- también.
¿Cuál fue su posición cuando se sometió al pleno la aprobación de la represa?
Estoy preocupado porque los dictámenes preliminares que tengo es que las cosas no se han conducido bien.
Pero para dejar bien sustentado el informe que tenemos que darle Congreso hemos solicitado los informes de los entes que he mencionado.
Allí es donde muchos miembros del Ejecutivo no entienden que a veces llevados por la ligereza u otras circunstancias otorgan contratos y concesiones sin darse cuenta que eso tiene un peligro que merece analizarse. Primero que incurren en violaciones a la misma ley y el mensaje que mandamos al mundo es que en Honduras no se respeta la ley y eso nos hace mucho daño.
Yo tengo mis ideas propias, pero indudablemente tenemos que darle el respaldo serio y objetivo que merece la investigación. Espero que esos órganos nos respondan inmediatamente. No olvidemos que Italia nos ha apoyado técnica y financieramente con este proyecto con 200 millones de euros. La idea de ellos ha sido bien interesante, no sólo se preocuparon por echar a andar el proyecto de agua, sino también por la parte social y comunitaria, al lograr que los habitantes participen en el proyecto.
Evidentemente por la forma en que se ha manejado esta licitación no se tomó en cuenta que se pone en riesgo la ayuda internacional.
¿Se puede dar marcha atrás con la concesión de la represa?
Sí, porque no se ha completado todo el proceso y, sobre todo, si hay una violación a la ley. Si esto ocurrió no habría más que discutir; aparentemente así ha sido. Pero queremos llevar el caso bien y esperar que las instituciones respectivas den el dictamen.
Desde el momento que sólo cuatro miembros de la comisión dictaminadora de la concesión lo hayan firmado, ¿ya hay desde allí una irregularidad?
Es correcto y según me han contado, de esos cuatro diputados dos están retirando su firma. En esos casos es donde los diputados deben tener cuidado, investigar y no porque les presentan un dictamen firmarlo.
Los 80 nuevos diputados deben tener eso muy en cuenta, que cuando firmen deben dejar bien clara su postura.
Usted había alertado de la existencia de contratos “leoninos” que atentaban contra los intereses del Estado. ¿Qué otros hay?
En Olancho también hay un contrato sobre la construcción de una carretera que fue firmado originalmente por 150 millones de lempiras y ahorita lo han elevado a 410 millones de lempiras sin motivo alguno porque la obra no contempla ninguna ampliación. Ya le advertimos a la junta directiva del Congreso que le ponga ojo a ese contrato.
Hay comisiones, yo no voy a decir que hay malicia u otras cosas oscuras, sino que no profundizan; por eso yo le he solicitado al presidente del Congreso Nacional que no ponga a integrar comisiones, por ejemplo, de obras públicas, a diputados que tengan conflicto de intereses, o sea diputados que sean firmas contratistas porque allí ya tenemos un problema.
No puede ser que cada vez que haya un impasse uno debe estar en contra de lo que está pasando porque se crea una mala atmósfera.
Nosotros esperamos que el presidente del Congreso tenga mucha claridad en eso.
Otro tema que yo he alertado es sobre la ampliación de un contrato hasta el año 2030 que remitió para aprobación el ex ministro de Soptravi, José Rosario Bonano.
El contrato fue suscrito entre el ex gerente de la Empresa Nacional Portuaria, Roberto Babum, y el gerente de la empresa Agregados del Caribe, Agrecasa.
El convenio es para seguir ocupando una parte del predio de la Portuaria, pero nosotros no sabemos cuál es el futuro del puerto y qué problemas van a existir con el plan de desarrollo de la ENP si se alarga ese contrato.
En eso hay que tener mucho cuidado. Ya hay un ejemplo con lo que sucedió en Omoa con Gas del Caribe.
No se debe llegar al punto de que una empresa realiza una inversión grande y luego se entra a un conflicto que a nadie le conviene.
¿A qué otros contratos que ya llegaron al Congreso para ser aprobados hay que ponerle mucho ojo?
A todos los contratos de Soptravi. Desafortunadamente fueron aprobados a la carrera, por eso creo conveniente revisar los que no han sido ejecutados, pues hay una gran cantidad que han sido modificados a un valor mucho mayor que el original.
Estos casos dañan la imagen del Congreso.
Sí y no sólo la del Congreso, sino que la imagen del país. Este caso de la concesión de la represa como dicen en el barrio ya nos chispeó.
¿Cómo ha visto la gestión del presidente Porfirio Lobo?
Todos le estamos apostando a la esperanza. Indudablemente hay cosas que a mí me preocupan, pero espero estar equivocado.
Por otra parte, hay planteamientos buenos como la de tener buenas relaciones con los diferentes entes del Estado y que se va a combatir la corrupción.
Él -Lobo Sosa- está implementando un proyecto muy interesante con la Secretaría de Planeación que va a tener a su cargo la coordinación del plan de país.
Y referente a esto quiero aclarar algo: la Comisión Ejecutiva del Valle de Sula no desaparece, sino que la Secretaría de Planeación la absorbe, la función y el presupuesto no desaparecen. Si así fuera yo sería el primero en estar en desacuerdo.
Usted menciona que hay alguna preocupación por el Gobierno. ¿Cómo ve el gabinete?
Estamos en un momento de crisis y necesitamos gente con mucho peso y capacidad, no técnica sino negociadora.
El equipo económico tiene que tener una gran capacidad negociadora porque los compromisos son fuertes tanto dentro del país como en el extranjero.
Aquí hay que negociar, entre otros, con los maestros, proveedores y la banca.
En esta próxima semana se vencerán 2,650 millones de lempiras, ya aprobamos en el Congreso la emisión de bonos para que puedan ser financiados con la banca.
Hay otros temas, por ejemplo para mandar un mensaje al exterior se necesita mucha fuerza e igual pasa en varias instituciones.
A Hondutel la estamos perdiendo, entonces necesitamos gente con talento y capacidad negociadora y transparente. Gente que no vaya allí a resolver sus problemas personales o de grupos.
Estamos confiando en el presidente Lobo. Espero que tenga la suficiente energía para coordinar su equipo; pero si veo que al no tener un equipo de primer nivel y si no logra conformar una estructura de coordinación fuerte él va a tener que hacer un gran esfuerzo y no sé si alguien solo lo pueda hacer.
¿Considera entonces que no ha integrado gente de primer nivel en su gabinete?
Hay gente que no tiene el perfil. Necesitamos gente de mayor nivel.
Por ejemplo un perfil de alguien como Gabriela Núñez, gente con capacidad, fuerza y personalidad.
Sobre la oposición del diputado Rodolfo Irías Navas al otorgamiento de permisos en transporte, ¿qué opina?
Es correcta. El ex presidente Roberto Micheletti nos pidió atender ese asunto y elaborar un proyecto de decreto, pero el tema de la amnistía nos absorbió.
Allí en transporte siempre, siempre, hay un cáncer que afecta a los mismos transportistas y es el exceso de gente. Los motoristas de las unidades públicas tienen que fajarse fuerte y andar gastando combustible.
¿Considera entonces que está bien que se dé una veda de cuatro años para la emisión de permisos?
Tiene que manejarse eso. Por allí están hablando que el tema de transporte sea responsabilidad de las alcaldías y yo me opongo a eso.
Ya hemos tenido muchas experiencias con las alcaldías. Nos tienen quebrada a San Pedro Sula. En esto tenemos que tener mucho cuidado, no es así nomás.
En el tema de las corporaciones, San Pedro Sula ha tenido alcaldes modelos para América Latina; pero debemos revisar la figura del alcalde y el resto de la corporación. Como está ahora el alcalde toma decisiones casi solo, tenemos que ver ese tema de manera que haya peso y contrapeso.
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