Honduras
La Corte Suprema de Justicia, CSJ, pidió al Congreso Nacional, CN, especificar los delitos políticos que serían objeto de una amnistía por los hechos acontecidos el pasado 28 de junio.
Para adoptar una resolución, el CN pidió una opinión a instituciones operadoras de justicia. Por ser de índole político, la CSJ no se pronunciará si conviene o no conceder la amnistía.
“Nuestra opinión iría orientada a que, en caso de decretarse, fueran suficientemente claros a qué delitos se va a aplicar”, manifestó el presidente de la CSJ, Jorge Alberto Rivera Avilez.
“Porque cuando se dice delitos políticos y comunes conexos queda un escenario de interpretación que podría ser o demasiado amplio o ser también restrictivo”, añadió. En el futuro alguien puede argumentar que sacar 50 millones de la bóveda del Banco Central, por el que hay ex funcionarios acusados, es un delito común conexo a los de tipo político. Por tal razón no debe quedar lugar a interpretaciones, “debe darse suma claridad, ‘se considerarán delitos políticos, tales y tales delitos’, definidos con claridad. El Congreso no nos debe mandar un decreto de amnistía que no venga con suficiente claridad”, reiteró.
Siendo así, la CSJ busca ilustrar al CN sobre el particular. “Es lo único que la Corte podría hacer, si no nos corresponde, como Poder del Estado, decretarla, lo único que podemos hacer es orientar para que al momento de su aplicación sea claro a qué casos se va a aplicar”, dijo. Toda ley es general, en este caso la amnistía no puede ser exclusiva su aplicación para una persona, explicó.
“Es muy difícil”
El analista político Raúl Pineda ve muy difícil que el actual Congreso Nacional declare amnistía política a favor de los involucrados en los sucesos de antes y después del 28 de junio, tal como lo ha sugerido el presidente electo, Porfirio Lobo Sosa.
Según Alvarado, hizo bien la directiva del Congreso en hacer los estudios y los consultas correspondientes antes de pronunciarse sobre una declaratoria de amnistía.
Pineda recordó que el CN es parte involucrada en los hechos del 28 de junio, cuando por mayoría decidió deponer del cargo al ex presidente Manuel Zelaya.
