Venezuela
El procedimiento que Conatel abrió contra Globovisión, por difundir la campaña publicitaria del Centro de Divulgación de Conocimiento Económico para la Libertad, Cedice; y el anuncio de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, de que solicitará al Parlamento aprobar una ley sobre delitos mediáticos revelan que Venezuela va a contracorriente del resto del mundo democrático en materia de libertad de expresión.
La advertencia la formularon el ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Alirio Abreu; el abogado especialista en Derechos Humanos, Héctor Faundez; y el coordinador de Espacio Público, Carlos Correa.
“Todas estas medidas de carácter legislativo y administrativo lo que tienden es a frenar o limitar la libertad de expresión, mientras que la tendencia universal es eliminar cualquier traba a la expresión, tal y como lo demuestran la eliminación de la censura o de los delitos de desacato en la mayoría de los países de la región”, afirmó Abreu.
Ley
Tomás Terán, miembro del comité ejecutivo del Movimiento al Socialismo, denunció ayer que el anuncio hecho por el ministro de Educación, Héctor Navarro, en relación a que los medios de comunicación sean controlados por la nueva Ley Orgánica de Educación, “sólo busca regular toda la programación de los medios de comunicación para que Hugo Chávez tenga el control absoluto de la información que sea transmitida a la sociedad venezolana”.
Apuntó que esta acción del gobierno no es al azar, “la mordaza que pretende aplicar el gobierno a los medios independientes está concatenada con la reforma del Código Orgánico Procesal Penal y poder así lograr el cerco comunicacional que tanto anhela el presidente Chávez”.
El dirigente hizo un llamado a la población a activarse y participar en la discusión de estas pretendidas reformas con el fin de evitar el estrangulamiento de la libertad de expresión en Venezuela.
Como a Honduras
Por su parte, Faundez no dudó en calificar como “el cierre del círculo del acoso contra los medios” al procedimiento contra Globovisión; y los demás que prometió el ministro de obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello contra las radios y televisoras que difundieron la campaña de Cedice contra el proyecto de Ley de Propiedad Social; así como la propuesta de una ley para sancionar a los medios que difundan mensajes que “generen zozobra”. El jurista aseveró que ambas iniciativas son “una flagrante violación a la Constitución y a la Convención Americana de Derechos Humanos”, por cuanto “la esencia de la libertad de expresión es que se puedan difundir ideas que no nos gusten o que no compartimos; así como informaciones que puedan resultar chocantes o hasta subversivas”.
Faundez auguró que este tipo de medidas podría terminar provocando que Venezuela corra la misma suerte que en la actualidad Honduras, y se le termine aplicando la Carta Democrática, pues la posibilidad de buscar, recibir y difundir ideas y opiniones es uno de los pilares de la democracia.
