La presentación de varios requerimientos fiscales ante los Tribunales de Justicia anunció ayer el Ministerio Público contra las personas que promovieron el proyecto del Poder Ejecutivo para realizar una encuesta y derogar la Constitución, tal como se estableció en un decreto ejecutivo publicado en La Gaceta con fecha 25 de junio.

Las autoridades del Ministerio Público emitirán hoy su posición oficial ante los hechos acontecidos el pasado domingo y ofrecerán detalles sobre el camino legal que se sigue por este caso.

Ya hay evidencias

El hermetismo con que la Fiscalía maneja el caso relacionado con la encuesta impide conocer los nombres de los funcionarios requeridos y otros que lo serán.

En los últimos días los fiscales se han encontrado recabando evidencias para sustentar el expediente donde se establece que el Ministerio Público inició las investigaciones desde el pasado 23 de marzo, cuando el Ejecutivo emitió el decreto PCM-05-2009, que convocaba a la consulta popular para la cuarta urna.

En esa oportunidad, la Fiscalía recalcó su atribución de velar por el respeto y cumplimiento de la Constitución y las leyes.
Lo anterior genera la capacidad y legitimación para ejercer las acciones necesarias, sean éstas penales, civiles o administrativas.
Recursos legales

El Ministerio Público reiteró su “firme determinación de ejercitar todas las acciones y recursos legales orientados al cumplimiento de su deber de defender la Constitución de la República y las leyes de las cuales deriva el Estado Constitucional de Derecho”.

Para ese efecto el ente acusador primero interpuso una demanda de nulidad contra la encuesta, ahora va con las acusaciones penales. Se investigan los delitos contra la forma de gobierno, abuso de autoridad, desobediencia y malversación de caudales.

Desde el domingo se argumentó que la detención de Manuel Zelaya obedeció a una resolución judicial por desatender un mandato del Juzgado de Letras Contencioso Administrativo que ordenaba suspender la encuesta del último domingo de junio.

Al respecto las autoridades del MP esclarecerán si la detención de Zelaya y ministros obedeció a una acusación interpuesta derivada de las investigaciones que se iniciaron por la omisión a la resolución judicial.

El asesor legal del MP, Rigoberto Espinal Irías, tiene su apreciación personal de que las primeras acciones penales ya se habrían interpuesto en contra de Manuel Zelaya.

Dlcn

El titular de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, Dlcn, Julián Aristides González, dijo que el combate a la narcoactividad se ve disminuida en menor manera en vista que detectives de la dependencia se encuentran resguardando la sede del MP. “En los últimos días no se han registrado la presencia de “narcoavionetas” y otro tipo de trasiego de drogas”.