Juristas y los más connotados abogados del país hablaron ayer de la coraza que conformarán para defender al país de la demanda que promueve Manuel Zelaya y seis de sus ex ministros.

Los abogados se reunieron ayer por espacio de tres horas en la Procuraduría General de la República para analizar a profundidad la denuncia que el ex presidente Manuel Zelaya y seis de sus ex funcionarios interpusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por presuntas violaciones a sus derechos humanos, falta del debido proceso judicial, entre otras.

Cada martes la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos concurre; sin embargo, ayer los abogados se reunieron con el único objetivo de preparar la defensa del Estado de Honduras ya que Zelaya y su grupo pretende condenarlo y lograr indemnización.

Abogados reconocidos como Ramón Valladares Reina, Leónidas Rosa Bautista, Sandra Ponce, Humberto Palacios Moya y Nery Velásquez, entre otros, forman parte de la Comisión Interinstitucional que analizará la denuncia de Zelaya y por ende la petición que la CIDH ha hecho a la Corte y al Congreso para que dé respuesta a ciertas interrogantes que efectuó el organismo.

El próximo martes se tendrán las conclusiones finales, manifestó el subprocurador, Ricardo Rodríguez.

Daño al país

En la denuncia ante la Comisión Interamericana, Zelaya argumenta que se le violentaron los derechos humanos y que no se le siguió el debido proceso judicial, no obstante, el subprocurador aseguró que el derecho interno no ha sido agotado y que los procesos continúan en los tribunales.

“Esto, ellos (Zelaya y ex funcionarios) no lo han tomado en consideración, ésa es una de las cuestiones que nosotros tenemos que plantearle a la Comisión Interamericana porque aquí se están siguiendo los juicios”, explicó Rodríguez.

“El ex presidente Zelaya es un irresponsable al recurrir a instancias internacionales para dañar la imagen del país, que siga ganando dólares en Petrocaribe”, expresó al referirse al nombramiento de Zelaya como coordinador en jefe de Asuntos Políticos de Petrocaribe, por parte del presidente venezolano, Hugo Chávez.

Mientras tanto, la Comisión Interinstitucional trabaja en la recopilación de todos los documentos que serán presentados de manera global a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha fijado un plazo de 2 meses, los que vencen el 26 de marzo.

“Zelaya está mintiendo”

En la denuncia Zelaya argumenta que no se le permitió llevar un proceso judicial; sin embargo, el subprocurador recordó que dentro del listado de hondureños que denuncian al país junto con el ex presidente, existen personas que ya se presentaron a los tribunales de justicia y se les ha respetado el debido proceso, “Zelaya está mintiendo en ese aspecto”, afirmó Rodríguez.

Entre los ex funcionarios que ya se presentaron a los tribunales se encuentra Rixi Moncada y Arístides Mejía. “Zelaya no aduce ningún argumento jurídico, lo único que dice es que no se le va a respetar las garantías, pero como dije antes, ya se demostró que algunos de sus ex funcionarios están tranquilos en sus casas. Insisto en que los demandantes no están respetando los pasos, no están respetando el derecho interno”, agregó Rodríguez.

El subprocurador explicó la importancia de entender que la demanda no ha sido admitida en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, sino que es la Comisión Interamericana la que está pidiendo información a las instituciones de Honduras para prepararse por si se da un proceso contra el Estado.

“Nosotros les daremos los insumos necesarios para que ellos (la Comisión) se den cuenta que no es cierto lo que ellos fueron a decir allá”, aseguró Rodríguez.

Los mejores juristas

Rigoberto Espinal Irías, ex juez de la Corte Interamericana de Justicia, dijo que la única conducta que debe seguir un Estado cuando hay denuncias o demandas en su contra, por alguna violación, es proceder de la manera más objetiva y más apegada a la verdad de los hechos.

Sugirió que en este caso se nombren los mejores profesionales para que examinen los hechos y fundamentos de esa demanda ante la CIDH, para dar una respuesta objetiva, real y veraz a la denuncia interpuesta.

Espinal Irías advirtió que “si el Estado no actúa, puede ser sancionado por haber sido negligente, por no haber puesto interés en proteger el derecho lesionado”.

Según Espinal Irías, “el agotamiento de los recursos no es un concepto amplio o absoluto; para la Corte el agotamiento de los recursos es aquel procedimiento rápido y sencillo que tuvo el interesado para poder defender su derecho”.

Respuesta oportuna

La fiscal especial de los Derechos Humanos, Sandra Ponce, advirtió de las responsabilidades del Estado, si no responde a la demanda presentada por el ex mandatario Manuel Zelaya Rosales.

Según Ponce, toda petición que se presenta ante el sistema interamericano por presuntas violaciones a los derechos humanos tiene la posibilidad de dañar al país, si la justicia nacional no da una respuesta oportuna o una respuesta eficaz.

“El Estado siempre tiene la posibilidad de proteger los derechos en el ámbito nacional, de investigar las situaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos, sino quiere enfrentar una responsabilidad internacional”, dijo.