Una semana después que Porfirio Lobo firmara el salvoconducto para que viajara a República Dominicana en calidad de “huésped”, el ex presidente Manuel Zelaya pidió que se dictara sentencia contra Honduras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Además de Zelaya, entablaron la denuncia contra el país los ex ministros Enrique Flores Lanza, Patricia Rodas, Rixi Moncada y Rebeca Santos; el ex presidente del Banco Central, Edwin Araque, y el ex secretario privado del ex gobernante, Enrique Reina García.

Según documento en poder de LA PRENSA, Zelaya y sus allegados presentaron la denuncia “contra el Estado de Honduras por la perpetración del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 y por las violaciones de derechos humanos imputables al régimen de facto” contra todos ellos.

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Los demandantes piden que “se dicte sentencia contra el Estado de Honduras para establecer las reparaciones que fueran de rigor y el restablecimiento de la democracia a través de la convocatoria e instalación de una Asamblea Nacional Constituyente.

Además, que “se adopten medidas conservatorias urgentes a nuestro favor, particularmente que se ordene la nulidad de los procesos violatorios de nuestros derechos y la suspensión inmediata de la ejecución de órdenes de captura hasta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya examinado el caso y, conforme al artículo 50 de la Convención, haya adoptado una posición definitiva sobre el fondo del asunto o, de elevarse el caso a la Corte, ésta haya emitido la sentencia correspondiente”.

El requerimiento también establece que “la Comisión solicite a la Corte medidas provisionales a favor del Zelaya, sus familiares y ex ministros”.

Asimismo, que “se ordene el respeto a los derechos y libertades de cada uno de los peticionarios, garantizando de manera urgente el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal, las garantías judiciales, la protección de la honra y de la dignidad, la libertad de pensamiento y de expresión, el derecho de reunión, la libertad de asociación, el derecho de circulación y de residencia, los derechos políticos, la igualdad ante la ley y la protección judicial de los integrantes del gobierno constitucional del presidente Zelaya y sus simpatizantes políticos”.

Posteriormente solicitan que “se establezca la responsabilidad del régimen de facto y se den las recomendaciones para el establecimiento pleno de la verdad y la sanción disciplinaria y penal a los responsables del golpe de Estado”.

La demanda fue firmada por Zelaya en Tegucigalpa el pasado 26 de enero y por los seis ex funcionarios el mismo día en Managua, Nicaragua.

Deslegitiman a la Corte

En el pliego de peticiones y argumentaciones presentadas ante la CIDH, Zelaya y sus ministros explican por qué, según ellos, debe ser declarado admisible su reclamo.

Los demandantes aseguran que como la CIDH llama en su articulado a agotar los recursos internos antes de presentar el reclamo ante su jurisdicción, a ellos no les pueden exigir este requisito “debido al comportamiento parcializado del máximo órgano de justicia” del país.

“La probada existencia del golpe de Estado, reconocido por la comunidad internacional a través de distintas organizaciones gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales demuestra la inexistencia de garantías para el ejercicio del debido proceso y el acceso a los recursos, como bien lo ha corroborado la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe.

El organismo judicial y el Ministerio Público emitieron comunicados de prensa e hicieron declaraciones avalando el golpe, justificando la ilegal sucesión constitucional e incluso dando fe de la existencia de una orden de captura previa contra el presidente constitucional Manuel Zelaya, de la cual hay prueba plena de su inexistencia previa.

Concretamente, aquí alegamos que dada la declaración de las altas autoridades jurisdiccionales sobre el reconocimiento del régimen de facto, en contradicción con lo establecido por la comunidad internacional, es claro que no tuvimos garantías para desarrollar las acciones que nos permitieran agotar recursos internos, administrativos o de cualquier otra naturaleza, sencillamente porque el Estado de derecho colapsó con el golpe de Estado”.

En otra parte del escrito agregan que “el colapso del sistema de justicia y la participación y aval directo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Fiscal del Estado y del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos al golpe de Estado, expresado a través de comunicados y comparecencias públicas, imposibilita tener acceso a la justicia en forma imparcial y con criterio de independencia”.

Lo que sigue

Como la Corte Suprema de Justicia recibió el pasado 2 de febrero la denuncia contra el Estado de Honduras, tiene de plazo 26 días para contestar ante la CIDH, según establece el reglamento de esta institución.

Una vez que la Corte Suprema haya respondido a la CIDH, ésta puede declarar inadmisible la petición, recomendar la conciliación o presentar el informe final para su enjuiciamiento.

Sin embargo, en uno de sus artículos la CIDH establece textualmente: “La Comisión una vez examinada la denuncia, en cualquier tiempo antes de elevarlo a la Corte, puede solicitar a la Corte su adopción conforme dispone el artículo 63 de la convención que dice:
1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

Reacción de la Corte

Jorge Rivera Avilés, presidente de la Corte Suprema de Justicia, al ser consultado por LA PRENSA sobre la denuncia de Zelaya, respondió brevemente: “Recibimos la comunicación el 2 de febrero de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y teníamos dos meses para contestar. Eso es lo único que puedo decir en este momento”.

Por su parte, Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso Nacional, dijo que ya tiene conocimiento de la denuncia de Zelaya y anunció que el Legislativo integrará una comisión de juristas para analizar el caso.

Lobo le pidió ayer a Zelaya que deje de seguir haciéndole daño al país.

El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, le pidió al ex gobernante Manuel Zelaya que deje de hacerle daño al país desde el exterior.

“Deje de pedir castigos para Honduras, a mí me duele mucho, porque al que se castiga es al pueblo; revise su actitud”, expresó Lobo en alusión a Zelaya.

Según el Gobierno de Lobo, Zelaya ha seguido pidiendo a la comunidad internacional que no reconozca al nuevo Ejecutivo, por considerar que “es la continuación del golpe de Estado”.

“Para mí es inconcebible que cualquier persona, y menos un hondureño, esté haciendo cualquier nivel de promoción que le impida a Honduras regresar a la comunidad internacional, a la OEA, porque sería como estar insistiendo en dañar al pueblo que ha sufrido mucho ya”, subrayó Lobo.

Zelaya se encuentra en Venezuela al iniciar una gira por Latinoamérica pidiendo desconocer al nuevo gobierno hondureño. Ha fijado su residencia en República Dominicana desde el 27 de enero.