En una sesión de Junta Directiva y jefes de bancada, el Congreso Nacional resolvió ayer remitir a la Corte Suprema de Justicia una petición para que este organismo judicial emita una opinión acerca de la restitución o no del derrocado presidente Manuel Zelaya Rosales.

Especial Crisis Política

Igual petición hizo el Poder Legislativo a la Procuraduría General de la República y al Ministerio Público estableciendo un plazo de “lo más pronto posible”, según declaró el vicepresidente del CN, Ramón Velásquez Názar.

Los directivos y líderes parlamentarios conocieron los alcances del acuerdo San José-Tegucigalpa, en una sesión a puertas cerradas, a la que no tuvo acceso la prensa ni para tomar fotografías ni videos.

El jefe de seguridad del CN, coronel retirado Erick O’Connor se encargó de entorpecer la labor de la prensa local, por lo que no hubo acceso a los protagonistas de la reunión.

El directivo alterno del CN, Erick Rodríguez, indicó que la determinación fue adoptada por amplia mayoría e indicó que no fue aceptada la moción suya y de los directivos Elvia Argentina Valle y Carolina Echeverría de que se establecería un plazo de 48 horas para conocer la opinión de los entes judiciales en referencia.

Tampoco se definió una fecha para convocar al Congreso a una sesión extraordinaria, ya que en este mes se encuentra en un período de receso. El acuerdo plasmado por las partes en conflicto establece que se aceptará la decisión de los diputados, previo a un informe legal de la CSJ, que pondría en evidencia los motivos por los cuales el ex mandatario fue destituido del cargo.

El titular del Congreso Nacional, José Alfredo Saavedra, aseguró a través de una radioemisora, antes de iniciar la reunión, que “no aceptarán presiones” de ninguna parte para decidir el futuro político de Zelaya.

Mientras tanto, el diputado Ramón Velásquez Názar afirmó que no hay plazo para que la CSJ entregue la documentación legal que plantee si es viable o no la restitución del ex presidente.

“La delegación de la Organización de Estados Americanos, OEA, lo dijo en su momento que “nadie puede emplazar al Congreso”, añadió Saavedra.

La consulta está incluida en las condiciones del acuerdo político firmado por los grupos de Micheletti y Zelaya, de manera que los directivos del Congreso se ajustaron a lo dispuesto en el citado documento, algo que era esperado por los analistas políticos nacionales.