El panorama está claro. Las acusaciones penales serán interpuestas por el Ministerio Público, MP, si se ejecuta la encuesta declarada ilegal por el Poder Judicial.

Los funcionarios son los primeros llamados a cumplir con las leyes; sin embargo, en la administración de Manuel Zelaya no se da el ejemplo.

El Estado de derecho se define como el sometimiento a las leyes y resoluciones judiciales y el respeto a la institucionalidad. En cambio, en el gobierno de Zelaya se promueve una encuesta declarada ilegal por autoridad competente. Al respecto, el MP, luego de interponer acciones administrativas ante el Juzgado Contencioso Administrativo, puntualiza a diario acciones para preparar la interposición de los requerimientos fiscales contra autoridades y empleados del Gobierno, como civiles.

El fiscal general Luis Alberto Rubí informó que dio instrucciones a todos los fiscales del país para laborar este domingo por si se lleva a cabo la encuesta.

A ese efecto decidió suspender las licencias y permisos. La instrucción es levantar las actas correspondientes para acreditar la comisión del delito, expresó.

Acciones legales

Entre los delitos que se consideran tipificar está el abuso de autoridad para los servidores públicos que participen en la encuesta y la desobediencia. “Esa encuesta no debe llevarse a cabo; es ilegal. En consecuencia, cualquier persona que siga avanzando en esto va a tener que someterse a las sanciones que la misma ley ya establece. La Fiscalía General de la República está preparada y esperando que se consuma el acto. En eso vamos a actuar, definitivamente”, aseguró Rubí.

Para cumplir con las instrucciones de la Fiscalía General, el coordinador del Ministerio Público en la zona norte, Rafael Fletes, tuvo ayer una reunión con los fiscales para organizar grupos que ejecutarán acciones tendientes a verificar la existencia de un delito y la relación de las personas que participarán en él.

“Estaremos pendientes de que se respete la Constitución y que no ocurran hechos lamentables. Están caldeados los ánimos en el país y no se descarta que ocurrirán acciones que pueden perjudicar la integridad y los derechos de las personas ”.

Indicó que están coordinando con la Fiscalía General las acciones y la participación de los fiscales. “Estamos a la expectativa de lo que puede ocurrir. Tenemos un plan de trabajo e instrucciones precisas, pero no podemos revelarlos para no poner en riesgo la integridad del personal que se encargue de las acciones”. Los procesos legales dependerán de una decisión de la Fiscalía General, siempre con base en ley, comentó Fletes.

Políticos y analistas opinan sobre la encuesta ilegal y la actitud empecinada del presidente Zelaya de realizarla

“La gente no tiene absolutamente nada que ir a hacer a las urnas, no hay ninguna credibilidad en esa consulta. Se están gastando millones en una situación que no tiene credibilidad y legalidad, eso no es sustento legal de nada. Por todas estas cosas, el presidente Zelaya se está quedando solo, huérfano y sin el apoyo popular, venga Presidente, únase al Partido Liberal que es el partido transformador”.

Elvin Santos
Presidenciable liberal

“¿Por qué esa persistencia, ese apasionamiento, esa presión del presidente Zelaya, qué está pretendiendo? al imponer un modelo, una condición en cuanto a la forma de gobernar y modificar la Constitución en aquellas partes que hemos estado orgullosos durante 35 años, el Presidente está rodeado de un grupo de adláteres interesados en modificar el modelo económico del país”.

Olban Valladares
Analista político

“Después de sus últimas actitudes, el presidente Zelaya ha cambiado su imagen de un personaje doctoral, seguro y autosuficiente a un presidente arrinconado, debilitado e incoherente. Él no anda bien, desde que ha empezado a confrontar con la Procuraduría, con la Fiscalía, con los partidos políticos, con la Corte Suprema de Justicia, con el Congreso Nacional y con las Fuerzas Armadas”.

Raúl Pineda
Analista político

En el RNP denuncian compra de cédulas
Los documentos serían utilizados mañana para la consulta ilegal

San Pedro Sula. Autoridades y empleados del Registro Nacional de las Personas, RNP, en la capital industrial denunciaron que grupos financiados por Casa Presidencial han llegado a la institución a ofrecerles dinero a cambio de entregar miles de tarjetas de identidad.

“Hemos solicitado a la Policía que resguarde el inmueble el fin de semana hasta el martes para garantizar la seguridad de más de 45 mil cédulas de identidad de ciudadanos de toda la zona norte”, expresó Luis Estrada, registrador civil.

Encuesta ilegal

Estrada calificó de corrupta la acción de los que ofrecen dinero, pues le han expresado al personal del Registro que los documentos serán utilizados para llenar la encuesta ilegal de mañana.

Su opinión fue reforzada por la coordinadora de entrega de cédulas, Wendy Pineda.

“Todos los empleados estamos dispuestos a proteger los documentos de los hondureños. Las cédulas están inventariadas y únicamente se están entregando a su legitimo dueño. Nuestra actitud debe admirarse pues, aunque trabajamos seguidores de diferentes partidos políticos, estas acciones nos indignan porque se pretende comprar consciencia a cambio de prestarnos a algo que se ha calificado de ilegal, aparte de perjudicar al ciudadano al entregar en manos extrañas su documento, que tiene un costo de impresión para el Estado de más de 17 dólares cuando se realiza la reposición”.

Medidas

Ayer en la capital, el subdirector técnico Luis Suazo firmó una resolución que instruye a los registradores civiles municipales a mantener cerradas las oficinas del RNP para proteger las diferentes instalaciones y archivos, fortalecer la institucionalidad y salvaguardar la integridad física de los empleados.