Insuficiente resultó la plaza central de Tegucigalpa para albergar a la gran cantidad de personas que llegaron a respaldar la Constitución y la democracia que imperan en el país.

Los miles que asistieron a defender el Estado de Derecho lo hicieron por amor a Honduras, sin necesidad de recibir un pago, ni amenazas de despidos.

Lo único que los motivó fue la defensa de la Carta Magna que el gobierno de Manuel Zelaya Rosales pretende destruir.

Entre los gritos de “Viva Honduras” y “Viva la Constitución” se conoció que el Gobierno ha destinado 90 millones de lempiras para derrocharlos en publicidad y logística a favor de la cuarta urna.

Curiosamente, hay fondos para este derroche pero no hay para reparar carreteras, para pago de maestros, solventar la crisis de la Unah ni para atender a los damnificados por lluvias y terremotos.

Según Adolfo Facussé, presidente de la Asociación de Industriales, de esos 90 millones ya se gastaron 40 millones.
Y es que el gobierno ha alentado marchas a favor de la cuarta urna, pero pese a las amenazas de despido a burócratas, las mismas han sido un rotundo fracaso.

Ayer, la historia fue diferente en el plantón convocado por la Alianza Nacional “Por una Honduras en paz y democracia”.

Aunque no hubo asueto como el otorgado por el gobierno ni se pagó 500 lempiras por cabeza, la plaza central quedó chica por el respaldo masivo a la institucionalidad del país.

A través de un manifiesto leído por Armida de López Contreras, se establece:

“Hemos soportado amenazas a nuestras luchas; han pretendido desestabilizar nuestras acciones, pero los enemigos de la democracia no saben que por la defensa de nuestra Constitución y del Estado de Derecho, los hondureños somos más fuertes que el acero inoxidable”.

“La resistencia no cuenta con el río de dinero que riega el Gobierno en un proyecto ilegal y prohibido por el Poder Judicial, pero utilizamos sabiamente las pequeñas contribuciones económicas, sobre todo, la abundancia del voluntariado y de la fe inconmovible de nuestro pueblo”.

Recuerdan al presidente Manuel Zelaya que los militares están formados como patriotas, que su sacrificio está a prueba de fuego y que su honor y su prestigio no les permiten cumplir órdenes constitutivas de delito contra la forma de gobierno.

Adolfo Facussé manifestó que “a nuestro Presidente -Manuel Zelaya- le gustaría otro tipo de gobierno, uno en el cual acumule todos los poderes y se pueda quedar indefinidamente en el poder.

Él no quiere un Congreso integrado por diputados electos por el pueblo, él quiere una Constituyente integrada por los grupos que le son afines, nombrados de dedo, dirigidos por un grupo de asesores del Presidente conocido como ‘los patricios’”, señaló.

Ésta fue la sexta manifestación promovida por sectores civiles en defensa de la Constitución.

Anteriormente se realizaron cinco manifestaciones en las que los asistentes vistieron de blanco para promover la paz y la democracia.
Diversos sectores de la sociedad han expresado su oposición a la consulta popular que promueve el presidente Zelaya que pretende la colocación de una cuarta urna para aprobar la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente con el fin de reformar la Carta Magna.

Promover consulta es ilegal

El asesor legal del Ministerio Público MP, Rigoberto Espinal Irías, expresó que los que promueven la ilegal encuesta del último domingo de junio incurren en responsabilidades penales, civiles y administrativas.

El llamado es para funcionarios, empleados, militares y civiles.

“Sí, tienen implicaciones de responsabilidad, en algunos casos serán administrativa, en otros casos podrá ser civil y en todo caso es penal; porque los atentados contra el orden jurídico, contra la forma de Gobierno y contra todo acto que implique generar gobiernos que no han surgido de los procedimientos que están dados en la Constitución y que son usurpadores, dan lugar a acción penal”, advirtió Espinal en una comparecencia en Hoy Mismo.

En el caso de los servidores públicos y militares incurrirían en los delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios al hacer caso omiso a una sentencia emitida por el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo que ordena la suspensión de la encuesta.
Se incluyen los empleados públicos que participen en las mesas receptoras de las encuestas.

En el caso de los civiles que se les compruebe su participación violentando la sentencia se incoarían acciones penales por desobediencia a un mandato judicial.

En un Estado de Derecho las resoluciones judiciales se respetan y se cumplen.

Las responsabilidades serán deducidas por el Ministerio Público, según advirtieron las propias autoridades del ente acusador del Estado.
No se descarta que las acciones penales comiencen a incoarse a partir de la próxima semana.

Argumento jurídico

Por atentar contra el orden jurídico existente, específicamente un zarpazo contra la propia Constitución de la República, el Ministerio Público inició diligencias de tipo administrativo para que se declare la nulidad y suspensión de la encuesta.

Los propios juristas de Casa Presidencial advirtieron que el decreto para celebrar la consulta o encuesta es ilegal y da la vía libre al Ministerio Público para interponer acusaciones penales.

La demanda interpuesta por los fiscales fue impugnada por varios abogados a través de recursos de apelación y amparos, los que no fueron admitidos.

“Se ha confirmado la decisión del Juzgado de primera instancia”, expresó Espinal.

“El Presidente de la República es un alto funcionario del Estado, cuyo deber principal es hacer que se cumpla la Constitución; es atípico que el propio Ejecutivo esté propiciando un movimiento para derogar la Constitución, eso es totalmente contrario al Estado de Derecho”, indicó.

En reiteradas ocasiones, Mel y sus colaboradores refieren que son “grupos de poder” los que adversan el proyecto.

Al respecto Espinal expuso que ésa es una apreciación subjetiva de alguien que pretende tener poderes absolutos y un grupo de personas que creen que Honduras debe de cambiar su conformación republicana, democrática, representativa por otro tipo de sistema.

Miles se han unido ya a la iniciativa de la marcha por la “Unidad y Libertad”

Sin distinción de religión, clase o color, los hondureños se unirán el próximo martes para marchar en San Pedro Sula “Por la Unidad Nacional en Paz y Libertad”.

La iniciativa de las iglesias evangélicas cada día se fortalece más y se espera repetir o superar la hazaña de la Marcha por La Paz el pasado año en el mes de mayo cuando más de 50 mil personas se unieron.

El vocero de las iglesias cristianas sampedranas, Roberto Marroquín, informó que miles de personas, empresa privada, colegios y universidades, han expresado que estarán presentes a las dos de la tarde frente al centro comercial Megaplaza para iniciar el recorrido hasta el Ferrocarril Nacional y demostrar el amor a Honduras y su deseo de seguir viviendo en democracia.

“Es una caminata por la Unidad Nacional y es una actividad no sólo para la Iglesia evangélica. No se trata de un evento religioso, estamos invitando a toda la sociedad en general. Ya le solicitamos a los maquiladores y a la empresa privada que le den la tarde libre a sus empleados para que se unan a la caminata.

Es algo que nos interesa a todos. Los políticos de los diferentes partidos, campesinos, obreros, a todos los que puedan participar le invitamos porque es un evento que atañe a la convivencia nacional”.

Marroquín dijo que se espera que se una a la caminata la Iglesia católica, por lo que juntos a una voz y a un mismo ritmo, elevarán sus plegarias a Dios por toda la sociedad hondureña.

La caminata tiene como objetivo tres puntos. El primero es hacer que se respete el orden jurídico actual.

“Sabemos que se necesitan algunos cambios, pero deben hacerse de forma legal, no podemos violentar la Constitución.
Estamos abogando por la unidad nacional, estamos preocupados por la polarización que hay actualmente en la sociedad.

Se ha levantado una polémica entre diferentes sectores que ya habíamos superado, ahora estamos como en los años 80, hablando de luchas de clase. Hay otros problemas que tiene el país que hay que resolver unidos. Vamos a orar por nuestras autoridades para que las oriente y escuchen buenos consejos y no se dejen llevar por personas que tienen intereses ocultos”, dijo Marroquín.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Luis Larach, confirmó que la empresa privada estará dando la tarde libre a todos los empleados que deseen unirse a la marcha del martes.

“El Movimiento de Unidad Nacional en Paz y Libertad nos giró la invitación y nos pidió motivar a los empresarios para que le den permiso a sus empleados. Todas las empresas que quieran defender la libertad, la Constitución y los principios de nuestra nación estamos seguros que estarán allí apoyando”, dijo Larach.

El objetivo principal de la actividad es promover el deber ciudadano de cumplir, defender y velar para que se cumpla la Constitución y que todos los hondureños puedan vivir en justicia, seguridad, estabilidad y democracia.

Las iglesias se unieron ante el ambiente de incertidumbre política que atraviesa Honduras.

Elvin Santos tomará medidas

Tegucigalpa. La dirigencia de la campaña presidencial del Partido Liberal se reunirá este domingo en San Pedro Sula con el fin de reestructurar las comisiones departamentales de coordinación electoral.

Estará presidiéndola Elvin Santos y estarán todos los coordinadores de campaña a nivel nacional, los candidatos a diputados y a las Corporaciones Municipales, informó Bill Santos, miembro de la comisión de campaña.

El candidato liberal dará los lineamientos de campaña y anunciará una reestructuración en las coordinaciones departamentales.
Supuestamente están en la cuerda floja Rosario Bonano en Atlántida; Valentín Suárez, en Comayagua; Erick Rodríguez en Lempira; Carlos Zelaya, en Olancho y Denis Sánchez, en Santa Bárbara en vista de que son activistas de la “urna del continuismo” en sus respectivos departamentos y se dijo a nivel de la dirigencia liberal “o están con Dios o con el diablo”.